Los vecinos afectados por los derribos denuncian el «doble rasero» del PSOE

CE CASTROSANTA CRUZ. La Plataforma para salvar el litoral canario considera que hay «doble rasero» del PSOE y también «ambigüedad» del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del

CE CASTRO. SANTA CRUZ.
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La Plataforma para salvar el litoral canario considera que hay «doble rasero» del PSOE y también «ambigüedad» del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ante las más que previsibles demoliciones de las edificaciones ilegales en el Archipiélago.

El coordinador de la plataforma, que agrupa a medio centenar de colectivos, Tomás González, explicó ayer a este periódico que en las Islas existen más de dos mil edificaciones que podrían verse afectadas por la normativa vigente y, por tal motivo, son susceptibles de ser «erradicadas». González, que también es portavoz del colectivo de vecinos de Cho Vito, un núcleo afectado en la villa tinerfeña de Candelaria, afirmó que no cejará en su lucha.

En esta línea, afirmó sentirse «cansado» de esta situación y de los distintos planteamientos políticos. Así, acusó al PSOE de «incongruente». Denunció que mantiene posiciones encontradas en municipios limítrofes como Güímar y Candelaria o en el propio Cabildo tinerfeño. Además recordó que «el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía quieren legalizar el hotel El Algarrobico, con más de 20 plantas y 411 habitaciones ubicado dentro del parque natural Cabo de Gata».

Con respecto a la actitud mantenida por el consejero de Ordenación del Territorio, González cree que «debe dar un manotazo sobre la mesa» para evitar el «conflicto grave» que se avecina. Asimismo, puso en duda la «ambigüedad» con la que se expresa en los medios de comunicación.

En favor de la legalidad

Por su parte, ayer el PSOE volvió a insistir en que su posición al respecto no persiguen «dejar a nadie en la calle, ni desvincularlo de sus lugares de origen, pero tampoco condenarlos a vivir en precariedad». El secretario regional de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de los socialistas, Ricardo Guerrero, se escudó en este argumento, la precariedad en la que se vive en estos enclaves, para apoyar «la recuperación del dominio público marítimo terrestre» por parte de la Dirección General de Costas, lo que conllevaría el derribo de las edificaciones.

Guerrero habló de que el Ministerio facilitará nuevos hogares para aquellas familias que pierdan su primera vivienda, por lo que instó a que los ayuntamientos «sean ágiles» en buscar suelo para la reubicación.

Además, criticó la actitud de CC en este asunto, ya que, según el socialista, los nacionalistas utilizan una «doble moral» adaptando el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) en el que se habla de «erradicación» de edificaciones y al mismo tiempo presentando en el Parlamento regional una proposición de Ley, junto al PP, que persigue que se declaren «urbanas» las zonas afectadas por la Ley de Costas. «Es un disparate preelectoral con visos de ilegalidad», dijo.

«Una cosa es lo que dicen y otra lo que quieren hacer sin luz ni taquígrafos», sentenció Guerrero, que añadió que en la propuesta parlamentaria de populares y nacionalistas «se quiere defender todo tipo de edificaciones». Por esta razón, dudó del «interés social» de la misma.

Con respecto a los distintos criterios mantenidos por los alcaldes, Guerrero manifestó su «respeto», ya que su compromiso es el de «defender a los vecinos, pero no trasgredir la legalidad». De igual forma y para justificar su posición, el socialista expuso que la tendencia en la Unión Europea está en sintonía con la suya y recordó además que «el cambio climático provocará una subida en el nivel del mar» con lo que estas edificaciones estarían en peligro.