Seis años a un juez en Canarias por: prevaricación, cohecho y falsedad documental

La Sala de lo Penal del TSJC sentencia a Salvador Alba por una serie de decisiones que tomó en 2016, cuando Victoria Rosell fue elegida diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas en representación de Podemos y él la sustituyó en su Juzgado, haciéndose cargo, entre otros, del procedimiento de fraude fiscal abierto contra Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía y el resto de acusaciones sostienen que Alba manipuló ese procedimiento para perjudicar a Rosell tanto en su imagen profesional como política , en un momento en el que el exministro José Manuel Soria (PP) se había querellado contra ella en el Tribunal Supremo para acusarla de retrasar de forma maliciosa la investigación de los delitos que se achacaban a Ramírez.

Según han informado fuentes de la acusación particular, Alba ha sido absuelto de los cargos de negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos, pero tendrá que indemnizar a su colega de profesión y actual parlamentaria con 60.000 euros. La sentencia está siendo notificada a las partes por la Sala de lo Penal del TSJC este martes.

Rosell ha destacado la alta pena de prisión para el magistrado de la Audiencia de Las Palmas, así como los 18 años de inhabilitación que se le imponen por conspirar contra ella, aunque haya sido absuelto del delito de revelación de secretos.

Aunque todavía no ha leído la sentencia completa, Rosell reconoce que el delito de revelación de secretos es muy difícil de comprobar, entre otras razones por el derecho constitucional de los medios de comunicación a no revelar sus fuentes , a pesar de que los documentos filtrados se han demostrado ahora «falsos».

«Es una sentencia magnífica, incluso en lo que no me favorece como es en el delito de revelación de secretos , porque admito como magistrada que es muy difícil de comprobar», ha subrayado.

No obstante, la diputada de Podemos se ha mostrado convencida de que el juez Alba recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo por lo que el caso aún no está cerrado y le tocará continuar defendiendo su honor.

En el juicio que se celebró el pasado mes de julio, se juzgó si el juez Alba manipuló una instrucción penal que había iniciado Rosell contra un empresario con la finalidad de perjudicar a su colega -entonces diputada de Podemos en el Congreso- y de favorecer la querella que el exministro José Manuel Soria (PP) había presentado contra ella ante el Tribunal Supremo.

En el juicio, Salvador Alba ha defendido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se le está acusando de haber conspirado contra Victoria Rosell con pruebas « manipuladas », cuando él «no podía permanecer callado» ante las «irregularidades» que observó en el trabajo de su colega. Alba relató al tribunal que un empresario investigado en una causa en el juzgado de Victoria Rosell por fraude fiscal, Miguel Ángel Ramírez, entonces dueño de Seguridad Integral Canaria.

El magistrado -suspendido de sus funciones desde que se le abrió juicio por estos hechos- ha alegado que no tenía nada contra Rosell y que quizás pecó de «prudente» al limitarse a enviar informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cuál fue su actuación en la causa contra Ramírez y sobre las relaciones de este con su pareja.

Alba ha añadido que, no obstante, lo que «le pedía el cuerpo» era denunciar esos hechos por la vía penal en una exposición razonada al Tribunal Supremo . Rosell salió indemne de esas acusaciones -archivadas tanto en la vía disciplinaria como en la penal-, pero la decisión del Supremo de admitir la querella de Soria y de abrirle una investigación la obligó a no presentarse a las elecciones generales de 2016.

La Fiscalía pedía diez años de cárcel contra Salvador Alba porque considera que cometió delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos , una afirmación que sustenta, entre otras pruebas, en la grabación que Ramírez hizo de una reunión que mantuvo con Salvador Alba antes de que este lo llamara a declarar.

Salvador Alba ha defendido en su declaración que esa grabación está manipulada, que se han cortado frases suyas de esa reunión y de otras conversaciones diferentes para hacer ver que dice cosas que -según su versión - nunca dijo; pero, sobre todo, ha insistido en que no fue él quien preparó ese encuentro, sino que lo solicitó Ramírez.

De acuerdo con el procesado, él no le dijo a Ramírez lo que tenía que declarar, sino más bien lo contrario. Era ese empresario, ha argumentado, quien le decía lo que le tenía que preguntar, hasta el punto de que l legó a sentirse «molesto» con su actitud .

Alba sostiene que aceptó esa reunión celebrada en horas de trabajo y en su despacho, «por lo que difícilmente puede calificarse de clandestina », porque Ramírez le había contado que era socio de la pareja de la juez Rosell, afirmación que le pareció «muy grave», puesto que, si era así, esta no debió instruir su caso.

El empresario Miguel Ángel Ramírez ha declarado que el juez Alba le dijo en su despacho que quería acabar con la carrera de su compañera Victoria Rosell y que él se prestó «al juego» porque lo había amedrentado de forma «mafiosa».

«Me dijo que quería cargarse a esa hija de puta, a esa cabrona. Eso es lo que se escucha en la grabación. Quería acabar con su carrera judicial y con su carrera política », ha señalado Ramírez, el testigo que aportó la grabación sobre la que giran ahora buena parte de las razones por las que la Fiscalía solicita que el juez Salvador Alba sea condenado a diez años de cárcel por cuatro delitos.

Ramírez ha alegado que, cuando Alba lo citó a una reunión en su despacho, extraoficial, sin su abogado, decidió tomar « medidas de autoprotección », como la de llegar una grabadora camuflada como una llave de coche, e intentó seguir «el juego» a su interlocutor, un juez que lo había amedrentado con prácticas «propias del Chicago de los años treinta«. « Una auténtica mafia », enfatizó en el juicio.