La remodelación de un hotel irregular en Fuerteventura divide a los sindicatos

A principios de abril, los sindicatos llegaron a un acuerdo con los empresarios y firmaron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para poder llevar a cabo las obras de remodelación.

En el acuerdo se recoge, según los representantes sindicales, que los trabajadores serían despedidos de forma paulatina para poder llevar a cabo las obras, pero que en un periodo de seis meses volverían a reincorporarse con las mismas condiciones laborales que mantenían hasta ahora.

Sin embargo, estos acuerdos se firmaron sin que el complejo hotelero contara con la pertinente licencia para llevar a cabo la obra. Hay que tener en cuenta que el Hotel Oliva Beach está ubicado en suelo público en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y que cualquier obra que se lleve a cabo precisa de autorización y licencia.

El primer proyecto que la empresa presentó fue en enero del presente año. Entonces, el Cabildo Insular de Fuerteventura decretó que existían irregularidades. La alcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, explicó ayer a los trabajadores que no fue «hasta hace dos semanas cuando llegaron los primeros informes al Ayuntamiento». Morales afirmó que la culpa no es de la Corporación municipal porque «hay que tener en cuenta que el parque natural se rige por una legislación especial y nosotros no estamos dispuestos a incurrir en una ilegalidad», dijo.

Trasladar una piscina a otro lugar del complejo, hacer un puente que conecte varias zonas del hotel son algunas de las obras denegadas por el Ayuntamiento de La Oliva, porque sería necesario utilizar más suelo público.

Preocupación

Mientras, los sindicatos culpan a la Corporación de la situación de los trabajadores. Muchos de los empleados ya han sido despedidos y temen que las obras se alarguen tanto que no puedan volver a trabajar el próximo mes de octubre como se les había prometido.

Por su parte, el secretario general de CC.OO. en Gran Canaria, José Luis Prats, calificó de «absoluto error» que los sindicatos se dejen llevar por las presiones empresariales para no demoler hoteles ilegales basándose en la necesidad de mantener sus puestos de trabajo. Afirmó que el caso del Hotel Oliva Beach en Corralejo «va a a sentar un precedente para cumplir la legalidad urbanística» en el Archipiélago.

Prats manifestó así su malestar con la «confusión sindical» que, a su juicio, ha provocado que los sindicatos mayoritarios en Fuerteventura se hayan opuesto públicamente a la anunciada demolición del complejo hotelero majorero, excusándose en que ello provocaría la desaparición de 600 puestos de trabajo.