El PSOE de Canarias sigue sin defender a Torres de las denuncias de Bañolas (CC)

Fernando Bañolas (CC) considera a Torres responsable de un supuesto delito de malversación de fondos públicos e irregularidades en el cumplimiento de los contratos contraídos con empresas privadas que utilizaban un espacio público como el Gran Canaria Arena para celebrar eventos.

Bañolas ha indicado en una rueda de prensa que, a su juicio, existe «falta de transparencia» en la relación de gastos e ingresos del IID, en la que «nos tropezamos con la callada por respuesta, con el oscurantismo y con las contradicciones del propio Torres», quien ha justificado que «se dejara de cobrar la significativa cantidad de 660.299 euros, porque había que promocionar la isla con ese tipo de eventos».

En relación a este dinero, que «es de todos los grancanarios y cuyo cobro se ha perdonado por parte de Ángel Víctor Torres», sin saber «en base a qué criterios y con qué intención », a determinadas empresas que desarrollaban eventos de carácter privado para obtener un beneficio.

Este tipo de eventos han sido « actuaciones musicales y de otro tipo que, a su vez, han causado un gasto a las arcas del Cabildo», según Bañolas. Así lo ha expresado, basándose en «la afirmación que hace el propio interventor de la institución en el informe que este grupo le solicitó recientemente tratando de arrojar luz a este caso».

En dicho informe y «tras examinar uno a uno los expedientes este grupo», ha desglosado, «se ha podido constatar que en el Gran Canaria Arena se han podido celebrar, en el año 2015, 13 eventos, 31 en el año 2016, 17 en el año 2017, 21 en el 2018, y 6 eventos en lo que va de 2019», y que "de los 88 eventos celebrados solo 8 empresas han abonado el precio contratado».

Estos datos «se traducen en que el IDD ha prestado servicios por valor de 966.468 euros», de los cuales, los promotores «han abonado 306.165 euros y los responsables políticos del IDD, no solo no ha reclamado sino que ha perdonado a esos empresarios la deuda de 660.299 euros».

Según ha indicado Bañolas, «el propio interventor delegado advertía en septiembre de 2017 por escrito a los responsables del IDD que no existía ordenanza reguladora para el establecimiento de precios públicos» e instaba a Ángel Víctor Torres a que iniciara «un expediente que regule con una ordenanza de precios la cesión de uso del Gran Canaria Arena».

Este «primer toque del interventor»», ha indicado Bañolas, «cayó en saco roto» a pesar de que como ha apuntado «se remitió de nuevo un escrito en febrero de 2018 informando de la existencia de una serie de ingresos procedentes de actividades desarrolladas en el pabellón sin una naturaleza clara ».

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