PP y Podemos coinciden en la denuncia del gasto en la «administración paralela»

El PP, cuyo portavoz en materia de economía, Jorge Rodríguez , será el encargado de defender la enmienda a la totalidad de su grupo, enumera sus seis razones para rechazar los presupuestos de 2016: porque son unos presupuestos «de continuidad», por la «alta presión fiscal» , por los «limitados recursos para combatir el desempleo», porque los empleados públicos «siguen discriminados», por los «impedimentos al impulso de los sectores productivos» y porque la «administración paralela» continúa «bien tratada» .

Los populares consideran, por tanto, que los cálculos de nacionalistas y socialistas reinciden en las «erráticas» políticas económica, fiscal y social que ya llevara a cabo el anterior Ejecutivo, el que presidió Paulino Rivero . Prueba de ello, reza el texto de la enmienda, es que el gobierno de CC y PSC-PSOE «solo» prevé una disminución del paro de un 1,8% . Asimismo insisten sobre el mayor esfuerzo fiscal que tendrán que soportar familias y empresas, a pesar de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones, y sobre la «falta de calidad» de los servicios públicos: educación, sanidad, justicia, etcétera. «Hacen falta más recursos económicos destinados a las políticas sociales», advierte el PP, que juzga necesario, en paralelo, reformas «estructurales» e inversiones para dar empuje a los sectores productivos. Los de José Manuel Soria , el ministro preside el partido en las Islas , entienden, además, que esa «administración paralela», y en concreto el entramado de empresas públicas, «se mantiene inalterable» . El PP contrapone ese conjunto de entes dependiente de la Administración autonómica, «mayoritariamente deficitario», a los «tan solo» 23 millones más que se destinan para los sectores productivos y a los «apenas» 17 en que aumenta el «esfuerzo inversor».

En esto último ahonda Podemos en su enmienda, en la que repara en que el Gobierno del Archipiélago «sigue negándose a reducir el volumen de la administración paralela» . El grupo parlamentario cuya portavocía desempeña la diputada Noemí Santana expone que los sueldos de los miembros del Ejecutivo y demás altos cargos se disparan en total en un 12% , un 4,5% en el caso de los emolumentos de los asesores y el personal eventual. No en vano, agrega, hay más consejerías, viceconsejerías, direcciones generales «y otros puestos que se han creado en la reedición del pacto». Esto «choca», argumenta Podemos, «con el 1% del aumento en sanidad y educación», como «chocante es también la asistencia al presidente del Gobierno, que supone un gasto de 3,9 millones de euros». Los de Iglesias ejemplifican su postura con cifras contrapuestas: los cerca de 428.000 euros que costará la asistencia a la vicepresidente, la socialista Patricia Hernández , y los casi 100.000 menos de que dispondrá para gasto corriente el comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza.

Podemos califica además de «ridículos» esos «apenas» 17 millones en los que aumenta el «esfuerzo inversor» y pone énfasis en que el incremento de los fondos destinados para la prestación de inserción y la atención a la dependencia es «insuficiente» .

NC explica en el texto de su enmienda a la totalidad que de los poco más de 357 millones de euros en que aumenta el presupuesto , «solo» 87,2 millones «es gasto destinado a atender los servicios públicos o a favorecer la actividad económica», mientras que el resto, alrededor de 316 millones de euros, se empleará en amortizar deuda . En consecuencia, en el partido que preside Román Rodríguez opinan que tal cantidad no permitirá ni contribuir a la cohesión social, ni evitar el deterioro de los servicios públicos, ni reactivar la depauperada economía del Archipiélago, ni crear empleo, «como sostiene el Gobierno» .