Ortega entiende que la ley de Costas se está «instrumentalizando»

ACNSANTA CRUZ. El portavoz de la Plataforma nacional de afectados por la Ley de Costas, José Ortega, afirmó ayer que la norma se está aplicando a las clases medias, e incluso a las más humildes, y

ACN. SANTA CRUZ.
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El portavoz de la Plataforma nacional de afectados por la Ley de Costas, José Ortega, afirmó ayer que la norma se está aplicando a las clases medias, e incluso a las más humildes, y señaló que «se está instrumentalizando en puntos concretos del litoral canario para facilitar el desembarco de gran capital hotelero, ladrillero y cementero».

José Ortega se manifestó en estos términos en el transcurso de una rueda de prensa para informar de los objetivos que persigue la plataforma, que, aclaró, no pretende presentar discrepancias técnico-jurídicas sobre la interpretación de la Ley, sino responder a los «fraudes y abusos» y luchar contra la injusticia.

La plataforma está compuesta por unas 5.000 familias afectadas de casi todas las Comunidades, aunque fue creada, el 7 de enero de 2008, por asociaciones canarias y valencianas. En el Archipiélago, los afectados son de Candelaria (Tenerife), Playa La Punta (La Gomera), El Golfo (Lanzarote), La Bombilla (La Palma) y Puertito Los Molinos y Puerto Lajas (Fuerteventura).

Ortega, letrado de muchos de los colectivos o personas afectadas, presentó un informe que recoge los «abusos y arbitrariedades» sobre la aplicación de la Ley de Costas, a partir de los casos que le han sido encargado o sobre los que ha tenido conocimiento profesional, especialmente en relación con el derecho a la propiedad.

En ese informe se denuncia la aplicación diferente de la ley según su destinatario. En concreto, se señala la aplicación «rigurosa» contra los propietarios de viviendas preexistentes, pero no contra los constructores, promotores de obras y empresas en general.

También se expresan quejas relacionadas con la indiferencia ante la regresión de la costa y sus efectos sobre el dominio público y sobre la propiedad, la determinación arbitraria de la línea de deslinde o la tramitación del mismo en secreto, y el abuso de la suspensión de autorizaciones y concesiones en el dominio público en la tramitación del expediente.

Uso arbitrario

El documento, que ha sido remitido al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, al Defensor del Pueblo, al Consejo General del Poder Judicial y los partidos políticos, entre otros, también recoge casos sobre uso arbitrario de concesiones administrativas y la aplicación retroactiva de la ley, así como la negativa a reconocer el derecho de los ciudadanos a una concesión administrativa que recoge la propia Ley de Costas.

Además de la remisión a las más altas instituciones del país, el informe se presentó el pasado 1 de febrero al Comité de Peticiones del Parlamento europeo como queja ante España por la aplicación «abusiva de la norma». La Plataforma también ha solicitado la creación de comisiones de investigación, en las Cortes Generales que surjan de los comicios de marzo, y en los parlamentos de Valencia y Canarias.

Ortega achacó las arbitrariedades de la aplicación de la ley tanto al Director General de Costas, José Fernández, como al subdirector, Ángel Muñoz, por su interpretación «excesiva» de la normativa. «La idea favorita de Muñoz es aplicar la ley con carácter retroactivo y la de Fernández rescatar las concesiones». El letrado explicó que según los «rumores» que circulan «ambos cargos no seguirán» aunque gane el PSOE las elecciones.