Los límites al poder

Es conveniente aclarar que defender la figura del funcionario no implica necesariamente creer que todos lo sean. Beatriz González López-Valcárcel , doctora en Economía de la Salud y profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuestiona que los trabajadores sanitarios deban contar con tal privilegio. Así que funcionarios sí, pero aquellos donde la labor esencial que puedan desempeñar no implique un riesgo para su futuro laboral. El resto no (a nadie se le escapa que mientras el ajuste en este país ha recaído sobre las espaldas de los trabajadores privados , los públicos han conseguido la devolución de privilegios inaceptables).

Por tanto, son los secretarios y los interventores de las administraciones los llamados a respetar y velar por la legalidad, legitimidad y vigencia de los acuerdos y actos que los políticos pretendan realizar. No es difícil entender que esto requiera la imposibilidad de ser removidos y que actúen con toda independencia de criterio. No deben ser leales más que con el imperio de la ley porque en sus manos está la posibilidad de evitar las tropelías que habitualmente observamos entre muchos alcaldes.

Cierto es que con el Estatuto del Empleado Público de 2007 se intentó rebajar su poder porque es común a los políticos creer que si algo reputan de “interés general” nada debe interponerse en su camino. Pero la fe pública que se le atribuye a estos funcionarios debe comprender el control de la legalidad en los actos en los que interviene. Algo que, obviamente, no comparte la alcaldesa de Candelaria , quien en un ejercicio de soberbia y poder arbitrario (no exenta de ignorancia) fue capaz de cuestionar al secretario del ayuntamiento por desleal. Todo por no transigir con los caprichos de esta clase política empeñada en no ceder ni un ápice del poder que nos ha ido arrebatando.