La Justicia da la razón a miles de familias canarias que alquilan sus pisos y apartamentos a turistas

La sentencia del TSJC, a la que ha tenido acceso ABC, estima los aspectos más importantes del decreto que fueron impugnados por la Federación, entre ellos el que excluía del alquiler vacacional las viviendas situadas en suelo turístico o mixto, que es donde están la mayoría, hasta el punto que considera una "falacia" el argumento defendido por el Gobierno canario para su exclusión.

Así mismo, es importante esta sentencia porque señala que el decreto infringe, entre otras normativas, la Ley de Turismo de Canarias, la libertad de empresa y de prestación de servicios reconocidas en la Unión Europea.

"La especialización de usos según zonas que tratan de promover las distintas leyes en materia turística no es sino una aspiración, pero dista mucho de ser una realidad", señala en sus fundamentos la sala, que también considera "inconsistente" que se pretenda una normativa que exija que "los hoteles de ciudad se sitúen las ciudades o que los alojamientos de turismo rural se implanten en el campo ".

Según el tribunal, la Ley de Turismo de Canarias no habilita al reglamento al establecer una modalidad de alojamiento turístico que solo se pueda desempeñar fuera de las zonas turísticas, sino que determinadas ofertas de turismo alojativo sean sometidas a estándares menos exigentes por estar fuera de esas áreas.

Para el tribunal, excluir la oferta de viviendas vacacionales de las zonas turísticas o de aquellas de uso mixto donde se tratan de localizar predominantemente los usos turísticos , "carece de cobertura legal" en la Ley de Turismo, señala la Sala, que además entiende que el reglamento "infringe claramente" la libertad de empresa y de prestación de servicios limitando la oferta turística "sin justificación eficiente".

En relación al artículo 12.1, sobre el régimen de explotación, que exige que las viviendas vacacionales sean cedidas en su totalidad al cliente, y no puedan ser arrendadas por habitaciones, señala que la intervención administrativa en la calidad del producto no está justificada y vulnera la libre oferta de servicios.

"No hay razones para exigir a un cliente que solo desea contratar una habitación para alojarse , asumir el coste del arrendamiento de la totalidad de la vivienda si el propietario desea ofrece ese servicio", expone el TSJC. Así, añade que la norma pretende de manera "evidente" evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta de alojamiento hotelero , lo cual lesiona la libre competencia.

La anulación del artículo 13.3 del decreto, relativo a la declaración responsable de inicio de la actividad, se produce al infringir el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, en cuanto que priva a la declaración responsable de la virtualidad de habilitar el comienzo de la actividad desde el mismo día de su presentación, recoge el sentencia. El TSJC aún debe pronunciarse sobre los otros cuatro recursos presentados contra el citado decreto, entre ellos el que defiende la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional .