El ex interventor de Santa Brígida dice que se pudo «sustraer fondos públicos a través de proveedores»

ERENA CALVOLAS PALMAS. Los doce detenidos en los últimos días por la operación `Brisan´, que investiga una posible trama de corrupción en el Ayuntamiento del municipio grancanario de Santa Brígida

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ERENA CALVO

LAS PALMAS. Los doce detenidos en los últimos días por la operación `Brisan´, que investiga una posible trama de corrupción en el Ayuntamiento del municipio grancanario de Santa Brígida, quedaron ayer en libertad -los siete que ya declararon ante el juez, con cargos-. Las investigaciones continúan y es posible que haya más imputados, según declaró a su salida del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, el fiscal José Antonio Díez. Fuentes cercanas al caso no descartaron que se esté investigando al `popular´ Lucas Bravo de Laguna, actual alcalde del municipio.

De hecho, las mismas fuentes se preguntaban «por qué no habían llamado a declarar al alcalde por el asfaltado de la carretera del Gamonal, catalogada como rústica y protegida, y adjudicada presuntamente a `un señor amigo suyo´ cuando era concejal de Hacienda».

Los siete imputados que prestaron ayer declaración ante el juez Alberto Puebla -dos ex alcaldes que abandonaron el PP en la pasada legislatura, un ex concejal y tres técnicos-, fueron acusados de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, falsificación documental y malversación de caudales públicos, y deberán comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Los últimos cinco detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración en la Comandancia de la Guardia Civil, a expensas de que sean citados por el juez. Este último grupo estaba formado por Rosa Troya, hermana de Luis Troya y administradora de la ferretería que regentan (Las Casillas S.L.) y que está siendo investigada; Carmen Rosa Rodríguez; Salvador Gil; Santiago Alvarado, administrador de la empresa Las Casillas de Servicios Hoteleros, y Esteban Santana, empleado del Ayuntamiento, «condenado hace unos seis meses por hurtar gasolina de los depósitos municipales, y luego readmitido de nuevo por el Ayuntamiento», relatan fuentes de su entorno.

Informadores de toda solvencia explicaron a este periódico que se han detectado dos tramas relacionadas: en una estarían involucrados Vega y Díaz Hernández, y en la otra, Luis Troya y los funcionarios.

Personal no cualificado

Uno de los tres funcionarios, Santiago Hernández, aseguró ante el juez que «si tenían montado un fraude era difícil de detectar, máxime cuando los políticos colocaban en sus puestos de intervención a personal no cualificado». A la vista de la investigación, reconoció, «sí se pudo haber montado una trama para sustraer fondos públicos a través de proveedores del Ayuntamiento», relató su abogado, José Fleitas. El interventor, que ahora trabaja en el departamento de estadística, explicó «era difícil de detectar, porque los políticos colocaban en los puestos de intervención a personal no cualificado».

Vicente Reig, abogado del ex alcalde Carmelo Vega, aseguró que su defendido respondió al juez con claridad, colaborando y diciendo la verdad. «Mi detención le puede pasar a cualquiera, esto no es Marbella», dijo Vega a su salida de los juzgados tras una jornada que empezó a las diez de la mañana y finalizó nueve horas después. Reig, además, se congratuló de la puesta en libertad de su cliente, dado su estado de salud: Vega padece de cirrosis hepática medicamentosa y espera un trasplante de hígado. Sus asesores, según fuentes cercanas a su entorno, le han recomendado que colabore con la Justicia «para que caiga quien tenga que caer pero no él, que es una víctima del PP». Durante la hora y media que estuvo ante el juez Puebla, Vega tuvo que referirse entre otras cuestiones a las facturas del restaurante Monte Verde, de su propiedad, «donde presuntamente se hacían cenas y comidas del Ayuntamiento».

Viajes a Cuba

El también ex alcalde Antonio Díaz, representado por Mónica Llamas, declaró durante cerca de una hora y según ha podido saber este periódico estaría siendo investigado presuntamente por «la frecuencia en que se desplazaba a Cuba, dos o tres veces por año» y que desde algunos sectores justificaban en el hermanamiento de Santa Brígida con Cienfuegos.

El ex concejal Luis Troya y el empresario Pedro Morales -que tuvo que desplazarse la noche del martes a Canarias desde la Península y que fue detenido en Gando- hicieron frente a las preguntas del juez sobre su relación comercial por el arrendamiento de una ferretería, a través de la que, según fuentes informadas, presuntamente compraban materiales, cuya salida no aparecía en el registro de la empresa.

Ambos están representados por Josefina Navarrete, quien consideró que la gravedad de los hechos «no es tanta» cuando han dejado a los imputados en libertad sin fianza y criticó «algunas de las detenciones, que han sido penosas». Se han tratado cuestiones de «escasa trascendencia» y «todos han contestado con claridad».

Según Navarrete, los vínculos entre sus defendidos a través de la ferretería «son lícitos, es más, existe un expediente archivado en el Ayuntamiento en el que queda claro que no había incompatibilidad».

El fiscal Díez, no obstante, recordó que aunque «no hay privación de libertad, no hay que restar gravedad a los hechos, teniendo en cuenta, además, que presuntamente se han producido en el marco de las administraciones públicas».

La operación `Brisan´ se ha puesto en marcha tras un año de pesquisas de los agentes del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil, que investigan un posible entramado de contrataciones ilegales, adjudicaciones a dedo, dietas sin justificar, compra interesada de materiales y otra serie de actividades delictivas.

Una denuncia de Victoria Casas en 2004, concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, fue el desencadenante de la investigación, que sigue todavía abierta.