Los inmigrantes rechazan sancionar a los caseros de «pisos patera»
ABC Pasacalle durante la celebración en Puerto del Rosario de una festividad del colectivo senegalés

Los inmigrantes rechazan sancionar a los caseros de «pisos patera»

ELOY VERA | PUERTO DEL ROSARIO
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La intención del Gobierno de recoger en el Reglamento de la Ley de Extranjería sanciones para aquellas personas que permitan los «pisos patera» ha sido criticada por las asociaciones de inmigrantes de Fuerteventura. Mientras éstos niegan el hacinamiento, desde el Consistorio de Pájara, municipio donde el 23 por ciento de la población es no comunitaria, reconocen la existencia de varias unidades familiares con más de diez miembros en casas de escasos metros. Asimismo, algunos inmigrantes aseguran tener constancia de caseros que no hacen contratos a cambio de dejarles alojar a amigos y familiares.

Las declaraciones de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, en las que aseguraba que el Gobierno recogerá en el Reglamento de la Ley de Extranjería «sanciones a los caseros que promuevan o permitan los «pisos patera»», han sido duramente criticadas por los grupos de inmigrantes de Fuerteventura.

La comunidad senegalesa en la isla, a través de su secretario Momar Dieng Diop, asegura que la nueva Ley de Inmigración «es impopular y lo único que hace es cerrar puertas a los inmigrantes». Momar opina que lo que para los políticos es hacinamiento para ellos se llama hospitalidad. «No podemos permitir que algún pariente esté en la calle. Es algo propio de las costumbres africanas».

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Canarias, Abdou Ould Ahmed Eli, se mostró crítico con las declaraciones de Rumí y las tildó de «desafortunadas», en un momento en el que los inmigrantes están en una situación muy complicada, al ser uno de los colectivos más afectados por el desempleo. «Se les ha acabado el paro e, incluso, la ayuda de los 420 euros a muchos. Lo están pasando muy mal y no se puede seguir arremetiendo contra ellos».

Este mauritano dice que los «pisos patera» no existen sino «en la imaginación de los políticos». Sin embargo, criticó que haya empresarios que se aprovechen de los extranjeros en situación irregular y el desconocimiento de éstos de las leyes locales y «pagan salarios de media jornada, teniéndolos todo el día trabajando».

Extranjeros en el Sur

En Pájara, residen más de 100 nacionalidades distintas. En la revisión del padrón de 2009 se recogen 20.821 personas empadronadas, de las que 8.726 son extranjeras. Con estos datos, el municipio se coloca a la cabeza en el número de personas inmigrantes censadas en Fuerteventura. De ellas, más del 23 por ciento son extranjeros no comunitarios.

La masiva llegada de pateras a finales de los 90 convirtió a Pájara en uno de los municipios canarios con mayor número de personas inmigrantes. Extranjeros en situación irregular que buscaban trabajo en el sector de la construcción y en los hoteles, en localidades como Morro Jable, Costa Calma y La Lajita.

Viviendas de escasos metros compartidas por varias familias, garajes en lo que se alojaban jóvenes de distintas nacionalidades, muchos de ellos sin contrato, pusieron en alerta a los servicios sociales.

A pesar de que el Ayuntamiento de Pájara, a través del edil de Asuntos Sociales, Pedro Armas, asegura no tener constancia, en estos momentos, de casos de hacinamiento ni fraudes en el padrón, cree que pudo darse durante los años en los que llegaban numerosas embarcaciones.

La jefa del departamento de Asuntos Sociales del Consistorio, Hilda Ramos, reconoce no tener datos de hacinamientos, aunque «sí tenemos constancia de varias unidades familiares viviendo en espacios muy pequeños en las zonas turísticas del municipio».

Esta trabajadora social apunta a los problemas económicos de las familias y como medida para poder solicitar el arraigo en el municipio el que vivan varias familias en un mismo hogar y poder así justificar el arraigo con gente del mismo país.

Sin embargo, Ahmed Eli asegura que, en ocasiones, le han comunicado casos en Morro Jable y Costa Calma «en los que los caseros llegan a un acuerdo con los arrendatarios de no hacerles un contrato y cobrar en negro a cambio de permitirles traer a vivir a familiares y amigos. Pero dejándoles claro que ellos no tienen nada que ver si la situación se complica».