La eterna crisis de Inalsa

En las últimas semanas, algo más se está moviendo. La aún presidenta del Cabido conejero hasta este próximo sábado, Manuela Armas, anunció públicamente las medidas que se están tomando y que se iban a tomar. Aseguró que con esas medidas, en sólo tres años se podrían ahorrar 22 millones de euros.

La presidenta también hizo públicas algunas interioridades de la empresa, que explican en parte cómo se ha llegado a esa situación: no existía área de compras y en los últimos cuatro meses, el ahorro, dice el PSOE, ha sido de más de 600.000 euros en este apartado.

Pocos días después saltó la noticia de la venta de la deuda de Unelco a FCC, a través de su filial Aqualia, luego desmentida por ambas empresas, si bien una fuente de FCC confirma que la operación existía. Es el propio abogado nombrado por el juez de lo mercantil que administra la compañía de aguas quien confirma dicha operación al comité de empresa, y así se refleja en el acta de la reunión, aunque posteriormente se desmarca del asunto señalando que nunca ha tenido «certeza ni confirmación».

Sin motivos de compra

Los administradores transmitieron al comité que no entendían el motivo de esta compra ya que no se pueden comprar acciones de Inalsa, aunque sí se podría bloquear un posible convenio para el pago de la deuda y llevar a la empresa a la disolución. Sobre Inalsa pesa desde hace años la posibilidad de la privatización, a veces más encubierta y a veces menos. La deuda y la mala gestión son los argumentos de quienes la solicitan.

El primer paso para una privatización parcial lo dieron el PSOE y PIL hace años con la concesión de la planta de Janubio, precisamente a FCC. Ese contrato y la posterior sentencia de trece millones de euros por su incumplimiento ha sido la puntilla para la empresa.

Tras la ruptura del pacto, el PSOE se queda sólo al frente de la empresa durante los últimos cuatro meses. Ahora llega la moción de censura en el Cabildo y paralelamente la petición de los administradores judiciales de suspender las funciones del consejo de administración.

CC no se fía

Esa petición al juez se cursa el 1 de octubre y el juez la concede el día siguiente. Ese mismo día se presenta la moción en el Cabildo. Públicamente el PSOE dice que el juez toma esa decisión porque no se fía de los que van a llegar al consejo, mientras que CC dice que de los que no se fía es de los que están ahora y de lo que puedan hacer en sus últimas horas en dicho consejo.

Si nos atenemos al día que se firma el auto del juez, todo indica que es el actual consejo, formado sólo por el PSOE, quien impulsa la suspensión de funciones, ya que la petición la hacen los administradores incluso antes de que se presente la moción. Los administradores hacen gala, desde luego, de tener muy buena información de lo que se cuece en el Cabildo.