Un drama extendido por las Islas

Un drama extendido por las Islas

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POR ALBERTO RIVERO

LAS PALMAS. Cho Vito es la luz que alumbra. Familias enteras repartidas por toda la geografía canaria miran de reojo hacia este poblado de Candelaria, convertido ya en un ejemplo de unión y resistencia. La última resolución judicial que permite la suspensión cautelar del derribo de 23 de las 31 viviendas afectadas ha sido acogida con alegría, pero con la prudencia de quienes, en palabras del portavoz vecinal Antonio Alonso, sólo han ganado una batalla de todas las que han librado en esta guerra.

No obstante, los ojos inquisitorios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se han posado también en la isla de La Palma. Allí la Ley de Costas amenaza los asentamientos de La Bombilla y El Remo. Y los ayuntamientos de Tazacorte y Los Llanos de Aridane buscan dar una salida a aquellos que sufrirán en sus carnes la recuperación del dominio público. En principio todo indica que las chabolas de La Bombilla, ubicadas en el municipio de Tazacorte pero con un diez por ciento de su suelo en territorio de Los Llanos, se mantendrán en pie en los casos que supongan la única residencia de sus habitantes. Al menos un cuarenta por ciento de los residentes en La Bombilla carecen de otro lugar en donde alojarse. Es más, su situación es tan precaria que ni siquiera habitan un hogar en condiciones.

«Tenemos un serio problema de chabolismo. Lo que ocurre en la zona de La Bombilla nos preocupa y por eso creemos que hay que buscar una solución de tipo humanitario», reflexiona el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez. En el consistorio bagañete se ha aprobado incluso una moción para solicitar la implicación de los ministerios de Medio Ambiente y Vivienda en la adquisición del suelo necesario para construir casas protegidas. «También ha mostrado su disposición a colaborar el Gobierno de Canarias», apunta el alcalde.

La actuación de Costas en La Bombilla, asentamiento que data de 1949, no contempla el realojo. El problema que subyace en los derribos es que allí hay residentes que poseen otras propiedades en la isla y habrá que identificarles. Es «la picaresca», como lo define Juan Ramón Rodríguez, alcalde de Los Llanos, a expensas de que el Registro de la Propiedad confirme quién permanece en la barriada y quién se marcha. Mientras, los vecinos han interpuesto dos recursos ante la Audiencia Nacional por el deslinde y por el propio proyecto con el que Costas pretende rehabilitar el litoral.

El caso de El Remo es distinto. Ahí Rodríguez se muestra «esperanzado», a sabiendas que su consistorio ya dispone de dos parcelas de 2.500 metros cuadrados para edificar viviendas protegidas.

«Doble vara de medir»

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace en España, señala que «se debe cumplir una Ley que se aprobó en 1988 pero que empezó a aplicarse muchos años después de lo previsto». Según Marcos, es fundamental que se aplique «la misma vara de medir para las casas y para las construcciones hoteleras ilegales», sobre las que, recordó, «hay 22 en Lanzarote».

Mientras se decide qué hacer con los hoteles, algunas viviendas ya han ido cayendo, como las de Rojas, en El Sauzal (Tenerife), Los Guirres, en La Palma o Arguineguín, en Gran Canaria. «Las leyes deben ser iguales para todos y tampoco se puede tolerar esta agresión derivada de la especulación», subraya la responsable de Greenpeace.

Por si fuera poco, el colmo de la indignación vecinal llega cuando se les hace ver que, además de asistir al derribo de sus casas, deben correr con los gastos de la actuación. Lo que para los afectados resulta inconcebible se explica, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, argumentando que «se ha ocupado indebidamente una parcela pública para el uso privado». Sin embargo, hay afectados que optan por tirar abajo sus casa por motu propio.

Al margen de Cho Vito, La Bombilla y El Remo, casos en los que existe unanimidad institucional, la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias discrepa con el Gobierno central en la delimitación costera que afecta a los enclaves de Agache, Anaga, El Golfo y Tufia.

Son distintas visiones de lo que pertenece al dominio público y lo que es de carácter privado. De momento, Cho Vito respira, pero no baja la guardia. La Justicia decidirá si pierde la batalla y qué pueblo de la costa canaria es el siguiente.

Además de Cho Vito, varias poblaciones, entre las que destacan La Bombilla y El Remo, temen que la Ley de Costas les quite lo poco que tienen _ Mientras tanto, los ayuntamientos ofrecen soluciones

ACFI PRESS

Los afectados por la Ley de Costas piden el mismo trato dado a los hoteles ilegales