EFE  Segura junto al jefe de la Demarcación de Costas, Carlos González
EFE Segura junto al jefe de la Demarcación de Costas, Carlos González

Costas no condonará el derribo de las edificaciones ilegales

CE CASTROSANTA CRUZ. La Dirección General de Costas derribará 321 edificaciones ilegales en la provincia tinerfeña. El total corresponde al número de expedientes que están actualmente en tramitación y

CE CASTRO|SANTA CRUZ.
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La Dirección General de Costas derribará 321 edificaciones ilegales en la provincia tinerfeña. El total corresponde al número de expedientes que están actualmente en tramitación y que buscan «la recuperación ambiental del litoral del Archipiélago», según informó ayer el por el momento delegado del Gobierno en Canarias José Segura Clavell, que será cesado de su cargo el próximo viernes tras ser designado como candidato al Congreso por el PSOE.

Segura reconoció que este aspecto «genera tensión» en la ciudadanía por lo que abogó por el «diálogo» y dejó abierta la puerta a posibles indemnizaciones «puntuales y especiales». De este modo, señaló que se tendrá en cuenta cada caso concreto, ya que algunas de las construcciones son «primera vivienda».

Esta posición tan inflexible es fruto, según Segura, de que su labor se fundamenta en «preocuparse por cumplir la Ley». Así, recordó que el convenio vigente fue suscrito en 1998 por el PP, en el Gobierno central, con el Ejecutivo canario, sustentado entonces por el propio PP junto a CC. «La ministra Cristina Narbona (PSOE) se ha limitado a hacerlo cumplir», insistió el delegado.

Dejación de funciones

Por este motivo, Segura habló de que durante los últimos años ha habido una cierta «connivencia en el incumplimiento de la normativa» por parte de las distintas administraciones. Es más, el delegado del Gobierno tildó de «desequilibrados» a los políticos que «impulsan acciones para que las instituciones públicas no cumplan la Ley».

Segura despreciaba así las declaraciones vertidas en varios medios de comunicación por parte de responsables del Cabildo de Tenerife -su presidente, Ricardo Melchior, y el vicepresidente, José Manuel Bermúdez- en este sentido y fundamentalmente las relacionadas con el asentamiento de Cho Vito, en el término municipal de Candelaria.

En esta línea, el delegado calificó como «ridícula» la pretensión de preservar estas edificaciones dado su carácter «cultural o etnográfico». Este era uno de los aspectos que contempla una proposición de ley presentada por CC y PP en el Parlamento regional que persigue un cambio normativo sobre el territorio para la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral. Segura reconoció no haberse leído el texto.