Cerca de 40 poblados en Canarias están bajo la amenaza de Costas Tenerife y La Palma son las islas más afectadas por las posibles demoliciones de núcleos costeros _ Casi 1.100 viviendas están pendientes de su futuro
ÁLEX HERRERA
SANTA CRUZ. Cho Vito no ha sido el primero, pero tampoco será el último. El desalojo y la demolición de 23 de sus 31 viviendas la pasada semana por incumplir la Ley de Costas, ha catapultado a este núcleo situado en la costa de Candelaria, en Tenerife, al epicentro mediático del Archipiélago.
Cho Vito ha pasado a engrosar la lista de otras zonas costeras que han sido demolidas en estos últimos años, como Rojas en el municipio de El Sauzal. Sin embargo, la historia no termina en Cho Vito.
Según los datos a los que ha tenido acceso ABC de la Demarcación de Costas y de los cabildos insulares, en la actualidad existen casi cuarenta poblados repartidos por toda Canarias que están amenazados por ocupar el dominio público y la servidumbre de tránsito. Es decir, corren el peligro de correr el mismo final que el poblado marinero de Candelaria.
En concreto, 38 núcleos costeros en todo el Archipiélago están afectados de alguna manera por la Ley de Costas. Unos con expedientes en trámite, otros ya tramitados, pero todos bajo la mirada inquisitoria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Estas 38 poblaciones amenazadas, repartidas en más de 25 municipios, suponen casi 1.100 viviendas, casas o chozas, concretamente 1.074. No se salva ninguna isla. Tenerife y La Palma son las más advertidas por las posibles demoliciones, con quince y diez poblados, respectivamente.
También repiten con el número de lugares con más construcciones, 559 en Tenerife por 375 en La Palma. Muy lejos de ellas queda La Gomera, con un solo núcleo amenazado pero de 47 viviendas y El Hierro, con tres lugares damnificados.
El deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre es la línea que se define en la costa para separar la parte pública de la privada. Con la aprobación del deslinde se define también la anchura de la denominada «servidumbre de protección», que recae sobre la parte privada del litoral siendo de veinte a cien metros en función de si los terrenos estaban clasificados como urbanos o no a la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988.
Comarca Sur
Tenerife es la isla con más poblados, junto a La Palma, y más viviendas afectadas por esta ley. La mayoría de espacios comprometidos y donde más riesgo existe de que proliferen las demoliciones en la zona Sur de la isla.
En todos estos casos, la Demarcación provincial de Costas ha sido contundente en que se aplicará la Ley y que estas construcciones serán demolidas para devolver el litoral al uso común.
En la comarca Sureste, están afectadas por este motivo 117 casas en los núcleos de El Tablado, Santa Lucía y Chorregino (las tres en el municipio de Güímar), 26 viviendas en Playa de Lima y Playa de la Viuda (entre los términos municipales de Candelaria y Arafo), ocho en La Sarnosa (en el municipio de Arico), y la zona con más expedientes abiertos, 120 viviendas en Boca Cangrejo, en el municipio de El Rosario. En esta localidad también aparecen 34 construcciones más en Varadero. Más al Sur, en el municipio de Arona, en Las Galletas, existen diez casas que ocupan del dominio público.
Otro caso en la zona de Tenerife es Bajo la Cuesta, también en Candelaria y muy cerca de Cho Vito, con 57 viviendas afectadas. Aquí, sin embargo, sus vecinos han logrado que la Audiencia Nacional dicte la paralización cautelar del inminente derribo de sus viviendas. Ya en la zona norte de Tenerife aparece El Pris, en Tacoronte, con 20 casas afectadas y El Caletón, en el municipio de La Matanza, con un total de 67 viviendas. La capital de la isla tampoco se salva. En Santa Cruz de Tenerife existen tres poblados amenazados por Costas (Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero) que entre todos suman unas cien viviendas con más de mil vecinos afectados.
Pero también en la isla tinerfeña existe un caso que da esperanzas al resto de poblados de Canarias. En el litoral de Agache, en el municipio de Güímar, ya se han ganado dos sentencias en la Audiencia Nacional contra el deslinde de Costas, que rechazaba el carácter urbano de los cuatro núcleos demandantes y establecía la servidumbre de protección a cien metros.
La Palma es la otra gran afectada por este problema. En la isla Bonita destaca especialmente la zona de La Bombilla, entre los municipios de Los Llanos de Aridane y Tazacorte, con 182 expedientes tramitados. La actuación de Costas en este asentamiento, que data de 1949, no contempla el realojo.
El problema que subyace en los derribos es que allí hay residentes que poseen otras propiedades en la isla y habrá que identificarles. Aquí, los vecinos han interpuesto dos recursos ante la Audiencia Nacional por el deslinde y por el propio proyecto con el que Costas pretende rehabilitar el litoral. Otro caso singular en La Palma es El Remo, con 27 expedientes abiertos. Este caso es diferente al de La Bombilla. En El Remo, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ya dispone de dos parcelas de 2.500 metros cuadrados para edificar viviendas protegidas.
Pero los casos en La Palma no acaban aquí. Otro municipio afectado es Fuencaliente, donde están en peligro tres poblados: Playa La Zamora (18 casas), Playa El Faro (37) y Playa Punta Larga (70). En Puntallana existen otros tres lugares cuyo destino depende de Costas, que son Puerto Trigo con ocho casas, Puerto Paja con siete y Martín Luis con cinco. Para completar el decálogo de pueblos, aparecen Las Maretas (cerca del aeropuerto) y Caleta de Palo. Entre las dos suman 21 viviendas.
En el resto de la provincia occidental la cuantía de los afectados desciende de manera brutal. En La Gomera, sólo existe un núcleo costero en peligro, Puntallana, en el municipio de San Sebastián de La Gomera, con 47 casas en peligro. En La Gomera, sin embargo, existe otro problema que nada tiene que ver con la costa. Todo lo contrario.
Espacios protegidos
Aquí existen otros casos pendientes, pero estos al encontrarse en espacios protegidos del interior de la isla como en el núcleo de El Cabrito. Según la Demarcación de Costas, en La Gomera ya se han efectuado 34 demoliciones que ocupaban el dominio público, la gran mayoría concentrados en San Sebastián de La Gomera.
Por su parte, en El Hierro existen lugares que podrían estar afectados como Tamaduste (en el municipio de Valverde) y Pozo de La Salud (Frontera). Pero es en el Pozo de las Calcosas, con tres casas, donde el peligro es más inminente. Aquí, ya se ha producido una demolición, en Arenas Blancas.
La parte oriental de Canarias aparece menos castigada que la occidental por la Ley de Costas. En Gran Canaria, sólo se contabilizan tres casos que están perjudicados por este problema. Los puntos calientes en la actualidad adscriben al municipio de Gáldar, donde se encuentra la zona de Bocabarranco; Tufia en el municipio de Telde, y San Felipe, en Santa María de Guía.
Pero en Gran Canaria existen lugares donde los derribos ya se han hecho efectivos, como Hoya Pozuelo, en Telde, donde se decretó la demolición de 26 dúplex, así como otros poblados localizados en San Bartolomé de Tirajana y también en el barranco de Arguineguín.
Por su parte, en Lanzarote lo que predominan en la costa son una gran cantidad de hoteles sin licencia urbanística. Como casos concretos afectados por la Ley de Costas también existe un hotel, el Papagayo Golf, en Yaiza. También existe otro hotel en Tenerife, el Hotel Médano, afectado por esta legislación.
Pero en la isla conejera el caso más alarmante lo protagoniza El Golfo, también en Yaiza, donde en la actualidad se está negociando políticamente una salida para los afectados por la Ley de Costas «a través de una concesión administrativa». Una acción «transitoria» para afectados como los de El Golfo, donde peligran 70 viviendas.
La concesión administrativa prohíbe cualquier tipo de intervención en las edificaciones, ya sea de obra o mantenimiento y supone el derecho de uso de sus propietarios por el número de años que se estipulen. En El Golfo hay, además de residencias, establecimientos comerciales.
Fuerteventura en la isla de la provincia oriental más hostigada por la Ley de Costas. Concretamente, seis poblados están pendientes de ser sancionados por la justicia. Entre ellos, dos en el municipio de Pájara (Puertito de La Cruz y Ajui) y uno en La Oliva (Majanicho). Jacomar, en el término de Antigua, tiene damnificadas 30 casas. Pero, sin embargo, es en la capital majorera, en Puerto del Rosario, donde más proliferan este tipo de afecciones. La zona de Los Molinos, donde ya se han iniciado algunas demoliciones, están condenadas entre treinta y cuarenta viviendas. Por su parte, en Puerto Lajas, un asentamiento situado a cuatro kilómetros de la capital, la construcción de un Paseo Marítimo entre esta zona y Playa Blanca pone en peligro entre quince y veinte viviendas.
Una situación, o u problema más bien, que empieza a extenderse como un virus por las costas de Canarias pero que, sin embargo, a su paso deja miles de afectados, en algunos casos, sin otro lugar donde vivir.
EFE
Tomás González, uno de los vecinos de Cho Vito, en la manifestación de este sábado, en el mismo sitio donde antes estaban sus casas
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