Cae en Canarias una mafia de asistentes sociales que operaba con inmigrantes ilegales

La Guardia Civil elimina con un entramado delictivo en una ONG que se dedicaba a gestionar «solidaridad»

Las Palmas de Gran CanariaActualizado:

La Guardia Civil en Lanzarote anunció este miércoles que ha acabado con una presunta red mafiosa que trataba con redes clandestinas de inmigración en el centro de menores de La Santa. Se decía en las islas que el SIVE funcionaba mal y, en realidad, es que una banda de chivatos aportaría en origen información sensible a la que tenían acceso por su puesto de trabajo.

La llegada de pateras aumentó en 2018 hasta el punto que se pidió espacio al Ejército de Tierra para acoger a menores. El Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias puso en marcha una declaración demandando mayor esfuerzo del Gobierno central en la isla.

Y es que no es que el SIVE no funcionase de forma correcta. Es que contaban con el respaldo de fuentes informantes en destino: empleados de una ONG gestora de un centro de menores. Asistentes sociales que eran realmente chivatos.

La red permitió llegar hasta Canarias a 140 personas que, en muchos casos, lograron fugarse por la cooperación de estos empleados. Los inmigrantes llegaban a Lanzarote y eran protegidos por los «asistentes sociales» que tenían encomendadas la misión de defender le legalidad a la espera de pasar a disposición judicial.

Operativo

Lo que no se ha analizado es el daño en imagen para el negocio del turismo que suponía el goteo de pateras procedentes de Marruecos el dolor de las madres al ver partir a sus hijos en pateras rumbo a Canarias desde zonas como Agadir o Sidi Ifni. Así contaba en febrero de este año ABC lo que hacían las madres en Marruecos por este drama. Los inmigrantes que llegaban a Canarias eran identificados en origen incluso por las redes sociales.

Los siete trabajadores del centro de menores facilitaban presuntamenet datos sobre el resultado de las pruebas óseas a los internos, ayudándolos posteriormente a fugarse del recinto y así evitar la devolución. Cuando la Policía y la Guardia Civil pedían datos a los asistentes sociales sobre cómo iban vestidos, proporcionarían información falsa.

Uno de los responsables del centro de menores de La Santa, que es como se llama el recinto, daba información a resto de colaboradores sobre los procedimientos policiales.

Los empleados daban datos a los inmigrantes para poder beneficiarse del sistema jurídico español. No es lo mismo llegar a España en patera siendo mayor de edad que menor. Y eso se hace con una prueba ósea que la ONG torpedeaba.