El BEI se lía en Canarias con sus créditos

Redes eléctricas, Metroguagua, renovación hotelera y aire propanado desatan protestas contra el «manguerazo» de liquidez que manda Bruselas a las islas para generar empleo y modernizar la economía

Acción sobre el uso del transporte público en la calle peatonal de Triana, en la ciudad de Las Palmas ABC

R.L.P.

13/02/2018
Actualizado 14/02/2018 a las 00:59h.

Diversos créditos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha destinado a Canarias están generando en las islas protestas sobre la utilidad de tanta ayuda a la modernización de la economía y generación de empleo en las islas. La sociedad civil se opone al criterio ... de los técnicos y autoridades. El Cabildo de Gran Canaria ha pedido esta semana al BEI que deje de financiar la llegada a Canarias del aire propanado.

El BEI tiene en Canarias algunas líneas como la financiación de redes eléctricas en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote. En Fuerteventura, han sido cuestionados por colectivos sociales trazados diseñados para satisfacer el aumento de la demanda, mejorar la f iabilidad del suministro y adaptarse al crecimiento previsto de la energía eólica en las islas. El Cabildo de Fuerteventura está presionando para que no se lesione los intereses medioambientales de la isla. El líder de Coalición Canaria, el partido que gobierna en las islas, José Miguel Barragán, es de esta isla.

En Gran Canaria, hay tres proyectos que cuentan con rechazo social. Uno de ellos es Metroguagua , que es un plan para potenciar el transporte púbico y reducir emisiones contaminantes. En la ciudad de Las Palmas nadie lo comprende. Hasta el PP, que fue el promotor, ha indicado que no tiene sentido sus formas de ejecución. Beatriz Correas, de Ciudadanos , ha anunciado que si gana las elecciones municipales de 2019 pondrá en revisión la Metroguagua en favor de un tranvía.

Caótica Metroguagua

El concejal del PP y exconcejal de Movilidad entre 2011 y 2015, Ángel Sabroso, ya dijo en junio de 2017 que el promotor del proyecto, Guaguas Municipales, S.A., «no es un gabinete anti-crisis cuando el rechazo ciudadano a la Metroguagua alcanza niveles muy preocupantes».

El líder del PP en la capital grancanaria, el conservador Juan Cardona, ha dicho en febrero de 2018 que «no se han cumplido las condiciones previas necesarias para ejecutar el proyecto de la Metroguagua en los términos presentados en 2014».

«El tripartito de PSOE-Podemos-NC cree que gastando millones de euros en publicidad conseguirán la imprescindible involucración ciudadana, pero se equivocan . Asistimos al comienzo de unas obras de la Metroguagua que, sin planificación previa, terminarán colapsando el tráfico de gran parte de la ciudad», afirma Cardona.

Propietarios de apartamentos, turistas y canarios, contra la expulsión del mercado ABC

Expropiación de apartamentos privados

Otro de los planes que en las islas Canarias genera rechazo está relacionado con la renovación de la planta extrahotelera. Los dueños de apartamentos de zonas como Playa del Inglés, Maspalomas y San Agustín han criticado al BEI por financiar operaciones urbanísticas. Este modelo podría tener efecto rebote en otros municipios turísticos. En el sur de Gran Canaria hay en juego 15.000 apartamentos afectados.

Para los propietarios, este dinero estaría forzando a dueños de apartamentos, incluidos jubilados europeos de larga residencia, en favor de corporaciones turísticas ayudadas por una legislación local que permitiría la expropiación de aquellas unidades alojativas de uso particular . En 2015, el Gobierno de Canarias afirmó que el 66 por ciento de ese capital prestado en las islas se utilizó para financiar operaciones en inmuebles turísticos, mientras que el 34 restante se ha destinado a cubrir las necesidades de liquidez de los solicitantes.

Una asociación de propietarios de apartamentos de Canarias pidió en 2015 al BEI mediante carta, a cuya respuesta desde el BEI ha tenido acceso ABC, que pusiera «en revisión sus créditos por si constituyen un presunto falseamiento de la competencia en la UE con dinero de los contribuyentes comunitarios» ya que los propietarios de apartamentos se sentían «víctimas de una burbuja de crédito» que tiene como origen la línea de liquidez del BEI. El BEI respondió que es un asunto interno del Gobierno de Canarias. La lucha de los propietarios sigue en vigor.

En opinión de una asociación de afectados, según Efe, «es legítimo obtener fondos del BEI para generar empleo a través de la construcción y reducir las listas del desempleo en Canarias, pero otra cosa es llevar a la ruina a propietarios de apartamentos » al tiempo que les impide su uso privado.

Aire propanado

Este 2018, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha remitido una carta al BEI, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a fin de reclamar que se retire a Redexis Gas el préstamo concedido para crear una red de distribución de aire propanado minorista en Canarias. En la misiva dirigida a los presidentes del BEI, Werner Hoyer, se pide que se destinen los 125 millones que se le han prestado a Redexis a promover las energías limpias y sostenibles en el archipiélago. En las islas el proyecto lo defiende el consejero canario de Industria, Pedro Manuel Ortega , que no tiene carnet de Coalición Canaria y el grupo de presión Asinca, del que Ortega fue directivo.

El Cabildo de Gran Canaria considera que el BEI financia una operación que contraviene uno de los sus principios: la lucha contra el cambio climático. Las autoridades de Gran Canaria argumentan que el BEI ha tenido que siga el caso como de créditos a Volkswagen o la Plataforma Castor.

El Gobierno de Gran Canaria afirma que Redexis «impone» sus intereses privados a los sociales y medioambientales, « desoyendo múltiples sectores en Canarias que rechazan la continuidad en la quema de hidrocarburos como futura fuente de energía». Antonio Morales alude también a que la política de la UE para las islas RUP da prioridad al uso de energías limpias para reducir su dependencia de los combustibles fósiles , por lo que cree «un contrasentido « que se pague esta infraestructura, que asegura, además, que «carece de estudios de viabilidad y de clientes y puede generar un déficit que pagará la ciudadanía».