Cabildos y Parlamento se constituyen con el primer convicto por corrupción

El fundador del PIL espera un indulto del Gobierno del PP, del que será aliado parlamentario, como también de CC, durante la próxima legislatura

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CANARIAS. La constitución de los siete Cabildos y del Parlamento regional conocerá esta semana un hecho sin precedentes en la historia de la democracia española: la presencia de un convicto, condenado dos veces por delitos de corrupción, en escaños de ambas instituciones. Dimas Martín Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), será investido presidente del Cabildo de esta isla con el respaldo de Coalición Canaria (CC) y del Partido Popular (PP), a pesar de que tiene pendiente el cumplimiento de una condena de tres años de prisión, ratificada por el Tribunal Supremo, por comprar el voto de un concejal del PP en 1995.

Martín tomará posesión, además, de un escaño de diputado en la Cámara regional, desde la que actuará como aliado de CC y PP en el sostenimiento parlamentario del Gobierno.

Martín, que fue condenado por el Supremo en otro proceso de 1995, siendo alcalde de Teguise (Lanzarote), por recibir 500.000 pesetas de un ciudadano extranjero a cambio de no derribarle un muro de su propiedad, ha solicitado el indulto al Gobierno de la Nación. El hecho de que esté pendiente de esta medida de gracia despierta sospechas en la Oposición socialista, que vincula el apoyo del PIL a PP y CC con las expectativas de Martín de eludir la cárcel.

El 15 de enero de 2001, el Supremo confirmó la condena a tres años de prisión impuesta por la Audiencia de Las Palmas a Dimas Martín, entonces senador, por un delito de cohecho. Quedó probado que Martín compró el voto de un ex concejal del PP en Arrecife, para que el PIL alcanzará la Alcaldía de este municipio. El ex concejal es Juan Carlos Hernández, también condenado a un año y seis meses de prisión, y Dimas Martín le entregó doce millones de pesetas, el puesto de Concejal de Tráfico y una retribución de 300.000 pesetas mensuales.

En su sentencia, el Supremo señaló que «es innegable la existencia de un acto injusto, conseguido a través de unas maniobras que repugnan a los principios de justicia, lealtad y buena fe que debe presidir las relaciones de los representantes con sus representados en una sociedad democrática». Dimas Martín ha sostenido que el suyo fue «un proceso político».