Leonardo San Juan Santana  .ABC

Acusan de prevaricación al ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

El escrito señala que Hernández Pérez adjudicó desde junio de 1996 a marzo de 1999 «un determinado número de obras» a favor de una empresa de la que era apoderado solidario su sobrino

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CANARIAS. La Asociación Acción y Justicia Anticorrupción ha interpuesto en la Audiencia Nacional una querella contra Luis Hernández Pérez, que fue presidente de la Autoridad Portuaria de las Palmas de Gran Canaria desde junio de 1996 hasta el mismo mes de 2003, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por adjudicar obras a empresas de las que participaba o que eran propiedad de familiares suyos.

El escrito ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, el magistrado Juan del Olmo, decidirá en los próximos días si lo admite a trámite.

La querella se dirige contra Hernández Pérez, el director general de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Miguel Pintado Joga; el secretario general, Ángel Cervantes Páez y el jefe del Departamento de Explotación, Esteban del Nero Beneitez. Todos ellos ocuparon estos cargos desde 1996 hasta 2003.

El escrito de esta asociación, que preside Leonardo San Juan Santana, señala que Luis Hernández Pérez adjudicó desde junio de 1996 a marzo de 1999 «un determinado número de obras en la instalación portuaria de Las Palmas» a favor de la empresa Hermanos Cazorla S. L. , de la que era apoderado solidario su sobrino, Ernesto Sánchez Hernández. Las obras consistieron en pavimentación y alumbrado de distintas zonas del puerto.

Otro hecho que denuncia el escrito de querella es la adquisición por la Autoridad Portuaria de Las Palmas de los terrenos del Paraje Natural protegido de La Isleta a los herederos del General Juan Bravo, que eran sus «presuntos propietarios». A estos últimos se les pagó, según el querellante, 2.500 millones de pesetas (más de 15 millones de euros) y al Ministerio de Defensa 700 millones (4,2 millones de euros).

Según la asociación querellante, la propiedad de dichos terrenos no era de la familia Bravo por una resolución del Tribunal Supremo, que declaró que el legítimo propietario era el Ministerio de Defensa.

«Compró humo»

«La Autoridad Portuaria de Las Palmas compró humo», aseguran los querellantes, que relatan que los terrenos fueron revendidos a la empresa privada SBZ S. A. por 591 millones de pesetas (3,5 millones de euros).

El escrito continúa denunciando que Luis Hernández Pérez, «utilizando sus influencias en Fuerteventura y Lanzarote», en las que la Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene competencias en sus respectivos puertos de Arrecife y Puerto del Rosario, realizó una serie de operaciones urbanísticas.

Cambio de normativa

En los terrenos adyacentes al Puerto de Arrecife en Lanzarote, una empresa participada por Luis Hernández, Inversiones del Islote del Francés, se constituyó «con la finalidad de construir un centro comercial en el lugar conocido como El Islote del Francés». Posteriormente, se «puso en marcha un cambio de normativa urbanística y de ordenación del territorio vigente».

Además, según el querellante, la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó la reutilización del Puerto de Arrecife «para adecuarla a la promoción especulativa por parte de la empresa participada por Luis Hernández Pérez». Asimismo, aprobó la conversión de la «práctica totalidad del municipio de Arrecife como zona de servicios portuarios», sin contar con los informes de Fomento, Cabildo de Lanzarote o Ayuntamiento de Arrecife.