El cambio de abogado, clave en la entrega de Anna Gabriel

Este martes, cuatro años después de huir de la Justicia, Gabriel regresó de Suiza para comparecer ante el juez Pablo Llarena y regularizar así su situación procesal. Sobre la antisistema no pesaba ninguna orden europea de detención aunque sí nacional, al estar investigada por desobediencia, delito que no conlleva penas de cárcel, sino de multa e inhabilitación para cargo público. Por este motivo, instructor la ha dejado en libertad provisional y la citará a declarar en los próximos días, tras pedirle un domicilio y un número de teléfono para poder localizarla.

En un auto, Llarena justifica su decisión porque la orden de detención, de febrero de 2018, se emitió para que Gabriel fuera puesta a disposición del Supremo y poder tomarle así declaración, ante la imposibilidad de continuar el procedimiento contra ella por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. Cuatro meses después, en julio de 2018, el juez la declaró en rebeldía. Una declaración que el instructor también deja ahora sin efecto.

Gabriel ha seguido así los pasos de Serret quien, con su entrega hace más de un año, rompió el bloque del «exilio» de Puigdemont, al ser la primera fugada que decidió regresar a España y entregarse ante el Supremo. Al igual que ahora a la anticapitalista, Llarena la dejó en libertad provisional. También estaba acusada de desobediencia y fue declarada en rebeldía.

En un inicio, la exconsejera estaba acusada también de malversación por su papel en el 1-O pero, tras la sentencia del 'procés', al considerar el tribunal que no cabía este delito para los consejeros cuyos departamentos no hubieran asumido gastos relacionados con la votación, ese ilícito en su caso cayó, enfrentándose sólo a una inhabilitación y no a penas de prisión.

Su defensa -al igual que ahora la de Gabriel- la ejerce Iruín Sanz, quien fuera senador y miembro del Parlamento vasco por Herri Batasuna y Euskal Herritarrok (EH), y también participó en la redacción de los estatutos de Sortu.

En un comunicado, la 'cupaire', que ahora ejerce como secretaria general del sindicato UNIA en Ginebra, con más de 200.000 afiliados, ha detallado que da este «paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que nunca tenía que haber perdido». Así, ha justificado su decisión tras una serie de «reflexiones y análisis», tanto en relación al «contexto político y judicial» como a «circunstancias personales».

Gabriel ha apuntado que «ya habrá tiempo de hacer una valoración política» de su entrega ante el Supremo y ha anunciado que seguirá residiendo y trabajando en Suiza, adonde regresó ya este martes, aunque sin renunciar a sus «compromisos políticos y sociales».

Fue en febrero de 2018 cuando la exdiputada, en vez de presentarse a declarar ante el Supremo, se fugó al país helvético y Llarena dictó una orden de detención contra ella, pero solo en territorio nacional. En cambio, en esa misma fecha, sí que prestó declaración ante el instructor su compañera de partido Mireia Boya, quien luego quedó en libertad provisional.

En junio de 2018, la antisistema obtuvo el permiso de residencia en Suiza por un periodo de cinco años. Según explicó entonces en una entrevista su progenitora, Maribel Sabaté, los motivos de la fuga obedecían a que Gabriel no quería pasar «ni un día de su vida en prisión con unas reliquias franquistas que te quieren humillar». Y ello pese a estar acusada de un delito, desobediencia, que no conlleva penas de cárcel.

Preguntada por su entrega, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha señalado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo que la anticapitalista es «una víctima de la represión del 1-O» y que en caso de que decida regresar a Cataluña se le dará la «bienvenida».

Por su parte, el prófugo Carles Puigdemont ha criticado que «en una democracia plena» Gabriel no «habría tenido que comparecer nunca ante ningún juzgado y todavía menos pasar años lejos de casa». Una situación, la de la fuga voluntaria, que considera una «anomalía democrática».

Según la CUP, la decisión de entregarse ahora responde a que «después de años y años de falta de claridad, se ha podido esclarecer judicialmente que solo la acusaban de un delito de desobediencia. Había amenazas sobre la mesa por parte de Llarena de que si comparecía habría nuevas acusaciones», ha apuntado el diputado Xavier Pellicer.