El calvario judicial vuelve a Moncloa

Este caso concreto, en el que se investiga a la esposa de Sánchez por hasta cinco delitos que tendrían relación con el despegue de su carrera profesional desde que llegó a La Moncloa, coge nuevo impulso a pesar de que la instrucción llegaba a su fin en octubre. Por eso no es descartable que el magistrado, al que se le han abierto dos diligencias informativas desde el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial por el interrogatorio al ministro Félix Bolaños, opte por alargar las pesquisas hasta 2026.

No obstante, la instrucción de la pieza principal, en la que el delito más relevante es el tráfico de influencias, puede estar cerca de concluir y en caso de que el magistrado así lo entienda, podría suponer el procesamiento de la esposa del presidente, algo inédito en la historia reciente de España.

Inédito sería también ver al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo de los acusados. Esta causa, en la que el instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha investigado por revelación de secretos al fiscal general por difundir datos reservados de una causa abierta al novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, llegó a su fase intermedia con el procesamiento de García Ortiz en junio.

La decisión fue recurrida y el pasado 29 de julio trascendió que la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal confirmaba esa decisión. Los magistrados consideraron que había indicios suficientes para poder llevar a juicio a quien sigue siendo la cabeza del Ministerio Público en España. De hecho, su permanencia en el cargo a pesar del procesamiento ha recibido críticas desde la carrera fiscal y judicial porque entienden que se trata de una «anomalía». Tal es así que en el acto de apertura del año judicial, fijado para el 5 de septiembre, por primera vez un fiscal general procesado dará un discurso en presencia del Rey.

Otra causa que afecta de lleno al corazón del PSOE es el conocido como caso Koldo, habida cuenta que afecta a dos ex secretarios de Organización -José Luis Ábalos y Santos Cerdán-. La investigación tuvo dos puntos de inflexión: la imputación del exministro de Transportes por el Tribunal Supremo y la imputación de Cerdán y su entrada en prisión después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enviara al magistrado Leopoldo Puente un contundente informe en el que daba cuenta de conversaciones que mantuvieron los implicados en las que se repartían supuestas mordidas que habrían logrado gracias al amaño de contratos de obra pública. Ahora, en el arranque del curso se prevé que empiecen a llegar al Alto Tribunal los diferentes informes pendientes de la UCO.

A este vía crucis judicial se suma el caso que afecta al hermano de Sánchez, procesado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias por beneficiarse presuntamente de una plaza en la Diputación de Badajoz creada para él en julio de 2017.

La puntilla judicial la da el caso Leire, donde ya se investiga a Leire Díez, supuesta 'fontanera' del PSOE por, presuntamente, tratar de obtener información sensible de fiscales y mandos de la UCO a cambio de beneficios judiciales.