Un cabecilla del caso Koldo declara ante el juez que sólo pretendía ayudar a España a conseguir mascarillas

Este empresario, que se encuentra en espera de juicio por otro asunto de corrupción en contratos en Angola, estaba en el extranjero cuando la Guardia Civil practicó una veintena de detenciones, incluida la del asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, quien habría cobrado por su intermediación para que esa empresa, una pyme con facturación cero el año anterior, suministrase mascarillas al menos, a Puertos del Estado, Adif y el Ministerio del Interior.

Citado por el instructor Ismael Moreno, Cueto comparecía este miércoles escoltado por su abogado, la única parte a cuyas preguntas ha querido responder durante el interrogatorio. Ha incidido en que en aquel momento concurría un gran nivel de necesidad de material sanitario frente al Covid y él, que tenía la posibilidad de importar mascarillas, se puso a ello y sin ninguna intención de aprovecharse de la situación, sino de arrimar el hombro.

En este sentido, según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por ABC, ha incidido en que medió una auditoría de la consultora internacional KPMG sobre los contratos que avaló que la compraventa de las mascarillas se ajustó a precios de mercado y todo el proceso fue verificado.

La Fiscalía Anticorrupción habla de una plusvalía para este empresario por encima de los 9,5 millones de euros, pero no pone en duda ni el precio del producto ni el contrato, sino el modo en que desde Puertos del Estado se decidió dárselo a esta empresa y no a otra. Es ahí donde encuentra conductas que podrían ser delictivas. De acuerdo a las fuentes consultadas, su letrado no le ha preguntado ni por Koldo García ni por las imputaciones al respecto.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se prohíba a Cueto abandonar España sin permiso de la Audiencia Nacional, una restricción en la que ya se encuentra por la pendencia del mencionado juicio sobre las actividades de su empresa en Angola. Su propio letrado no ha puesto objeción a la pretensión, que el juez habrá de resolver en las próximas horas.

En la sesión de este miércoles se ha materializado el acceso como acusación popular a la causa tanto del PP como de Vox, cuya responsable del área jurídica, Marta Castro, ha comparecido ante los medios después de la declaración para incidir en que la formación quiere llegar hasta el fondo, no sólo en este asunto, sino en todos los relacionados con abusos en las compras de material sanitario durante la pandemia, por la «vinculación de todas las empresas con acceso a esos contratos » con altos cargos, incluso «exministros» del PSOE.