Se busca al Manuel Aragón del sanchismo

Recordar hoy a este catedrático de Derecho Constitucional de 79 años puede conducir a la melancolía por dos motivos. Primero, porque si hoy se pregunta en el PSOE qué opinan de él, lo que dicen es que es un tipo de derechas. «¿Manuel Aragón progresista?», responde con sorna una persona muy cercana al actual presidente del Gobierno. Quien hace diez años era la prueba de que la separación de poderes y la independencia judicial funciona es hoy un jurista despreciado por el PSOE. ¿Quién ha cambiado? ¿El magistrado o el Partido Socialista?

El segundo motivo que conduce a la melancolía tiene que ver con el debate jurídico levantado estos días en torno a la constitucionalidad de una amnistía a los protagonistas de la sedición de 2017. En 2010 la responsabilidad en la defensa de la Constitución frente al Estatuto de Cataluña la lideró Manuel Aragón y en 2017 la clave estuvo en la unanimidad del tribunal.

Por eso, en pleno arreón independentista para negociar una amnistía, es inevitable preguntarse si en el actual Tribunal Constitucional hay alguna posibilidad de unanimidad o algún Manuel Aragón. Y no solo por su capacidad técnica o su independencia, sino por la 'auctoritas' que demostró en aquel embate que tensionó enormemente al tribunal.

Hoy, en un TC con amplia mayoría progresista (7-4), todo pasa por su presidente, 'alma máter' de la izquierda judicial y siempre dispuesto a mancharse la toga con el polvo del camino, como él mismo dijo en sus tiempos de fiscal general del zapaterismo. ¿Querrá Cándido Conde-Pumpido ser el nuevo Manuel Aragón de la política (judicial) española? ¿Está capacitado para ello?¿Tiene la suficiente independencia?

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En la derecha judicial se rasgan las togas solo de escuchar la primera pregunta, aunque sí se le reconoce la segunda. Las dudas son razonables dado el alineamiento gubernamental que el presidente está imprimiendo al tribunal desde que sustituyó a Pedro González-Trevijano el pasado enero. En la etapa anterior, la de Juan José González Rivas (2017-2021) se produjo un hecho relevante para el actual contexto: la sentencia que tumbó el primer estado de alarma de la pandemia rompió los bloques y se aprobó con votos cruzados entre conservadores y progresistas, la prueba del 9 de que en el TC no todo está escrito porque aún hay magistrados independientes y porque no es correcto someter los matices del derecho a los intereses de la política. En esa votación, en julio de 2021, fue decisiva la entonces vicepresidenta Encarnación Roca, prestigiosa jurista de sensibilidad progresista que, sin embargo, denunció presiones del Gobierno para que hiciera lo contrario.

«¿Encarnación Roca progresista?», responde entre sonrisas esa misma persona cercana a Pedro Sánchez ante esta argumentación sobre los votos cruzados. Conclusión: partiendo de la base de que catalogar magistrados como conservadores o progresistas es una simplificación a veces burda, a estas alturas la etiqueta no te la pone tu trayectoria, ni tu prestigio; te la pone La Moncloa: si votas a su favor, eres progresista, y si no, un derechista, siendo lo primero bueno y lo segundo vergonzante. Esa es la concepción del PSOE centrista que rige en La Moncloa, según la cual el partido de Pedro Sánchez, haga lo que haga, siempre está en el centro del tablero. ¿Quién cambia de posición? ¿El Partido Socialista o el resto del mundo?

Es obvio que el actual presidente está muy cómodo en los contornos del sanchismo. Ha sido llegar al tribunal el pasado 12 de enero y comenzar una nueva etapa más permeable a la agenda progresista. No se le ha escuchado a Pumpido, dicho sea de paso, lamentar que en su Pleno falta un magistrado (conservador) a propuesta del Senado.

Pero también es cierto que en sus seis años de magistrado, Pumpido nunca se ha desmarcado de la unanimidad del tribunal frente al 'procés', una estrategia consensuada en aras de proteger al Estado de los secesionistas, primero, y de Estrasburgo, después. El periodista Carlos Dávila desveló recientemente en Cope que Pumpido dijo en un encuentro con prensa no solo que la amnistía no era constitucional, sino que era un «trampantojo».

Siendo así, ¿estará dispuesto Conde-Pumpido a darse la vuelta como un calcetín y defender ahora la constitucionalidad de un trampantojo? ¿Y su compañero de tribunal y exministro de Justicia Juan Carlos Campo? ¿Será capaz? Ya sabemos que su calcetín tiene un enorme remiendo en forma de concesión de indultos, pero a lo que dijo en junio de 2021 en La Sexta sobre la amnistía parece difícil darle la vuelta: «No cabe (en la Constitución) porque es el olvido y aquí no hay olvido, sino perdón para construir un futuro mejor».

¿Y la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que fue sensible a los cantos de sirena de la derecha judicial cuando le susurraban al oído que ella iba a ser la presidenta del TC en lugar de Pumpido con el apoyo de los magistrados conservadores? ¿En qué punto está ella? Es difícil saberlo, aunque conviene tener en cuenta que ella defiende una concepción del derecho llamada constructivismo: el juez, en lugar de aplicar la ley hace una reformulación creativa en función de las «nuevas circunstancias sociales».

Ella, catedrática de Derecho Constitucional, lo expresó así en Radio Nacional en septiembre de 2022: «Yo soy muy partidaria de un derecho constructivista, de que yo estoy ahí para generar nuevas posiciones en el derecho; si estoy para ratificar el positivismo jurídico, pues no es necesario, se coge un libro y ya está; y claro, eso me lleva a hacer votos particulares constructivistas, por ejemplo la memoria histórica; recuerdo perfectamente que yo quería avanzar más de lo que pudiera decir en un momento determinado la ley».

¿Hay mejor punto de partida que este modelo teórico para justificar una amnistía al 'procés' que los tribunales convertidos en legislador? «Es necesario que nosotros en el supuesto concreto seamos capaces incluso de superar la ley», dijo Balaguer en una entrevista en la que reconoció a Íñigo Alfonso que le «encantaría» presidir el tribunal.

A día de hoy, con el Gobierno extendiendo discretos tentáculos hacia Waterloo, pero admitiendo en privado que hay serias dudas de que la negociación con Junts pueda llegar a buen puerto, y con la convocatoria de nuevas elecciones ganando peso, hay una tercera teoría que circula por ámbitos judiciales. Sánchez aprueba una amnistía a sabiendas de que el TC la tumbará, pero en la confianza de que Conde-Pumpido (a quien corresponde decidir qué temas lleva al Pleno) la meterá en un cajón a dormir el sueño de los justos. ¿Está dispuesto Conde-Pumpido, que cuando cumplió seis meses de presidente difundió un balance en el que sacaba pecho con razón de haber puesto al día los temas atrasados (por ejemplo, la sentencia sobre el aborto)?

En sus tiempos en el Tribunal Constitucional Manuel Aragón hizo uso de su independencia y actuó en conciencia (constitucional); después lo explicó en un comunicado cuando desde la izquierda mediática se le acusó de «tránsfuga ideológico», porque cuando la política vira exige lealtades inquebrantables para salir en la foto. Pero Manuel Aragón no se arredró: «Cuando accedí al Tribunal dejé claro a quien me propuso que allí, como es obvio, actuaría con absoluta independencia de criterio, de manera que ni entonces ni nunca aceptaría formar parte de una institución como esa supeditando mi actuación en ella a una determinada ideología».

El resultado de las elecciones generales arroja una única posibilidad aritmética al todavía presidente en funciones, dispuesto a aprobar una amnistía que satisfaga al prófugo Carles Puigdemont. Es obvio que políticamente a Pedro Sánchez no le importa hacer exactamente lo contrario de lo que dijo sólo tres días antes de las elecciones: «El independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación y en la Constitución».

Pero la cuestión no es sólo política, sino jurídica, y esto pone en una difícil posición a los magistrados que siempre han defendido que la amnistía no cabe en la Carta Magna y que quieren ser coherentes con su trayectoria y, además, independientes. Sánchez conoce y retuerce la máxima de que la política es el arte de lo posible, pero el Derecho es otra cosa. La amnistía pone ante el espejo al Tribunal Constitucional y a su presidente.

Frente a las togas que se manchan con el polvo del camino, hay togas que se mantienen de pie. El tiempo dirá cuál es el corte de las que hoy se visten en el Tribunal Constitucional.