¿Qué es un bulo?, ¿se derogará el delito de injurias a la Corona? Un peligroso plan lleno de incógnitas
Expertos y profesionales ponen el foco en las cuestiones que quedan por aclarar del plan de regeneración
Sánchez lanza un aluvión de medidas para controlar los medios sin detallar su alcance
Pedro Sánchez lo anunció el lunes y ayer el Consejo de Ministros aprobó el llamado ‘plan de regeneración democrática’, con el que el Gobierno dice velar por una democracia «más limpia, más fuerte y más transparente». Sin embargo, son muchas las cuestiones que quedan en ... el aire y que expertos y profesionales señalan para poder determinar su alcance. A falta de concreciones, el Gobierno se escudó ayer en que lo presentado es «una hoja de ruta» con unas medidas que próximamente se irán detallando. «Es difícil aterrizar todo al detalle...», reconoció Ernest Urtasun (Sumar), ministro de Cultura, sobre un plan que ha hecho saltar muchas alarmas.
¿Qué es un bulo?
La batería de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros incluye la creación en el Congreso de los Diputados de una comisión para analizar la desinformación y sus consecuencias, pero no hay una definición de bulo ni qué medidas se adoptarán. «La Unión Europea pretendía regular las ‘fake news’ sobre el tema ruso, pero no parece que ese sea el camino que plantea el Gobierno», apunta Cosme Ojeda, profesor de Opinión Pública de la Universidad CEU-San Pablo, que ve además irónico que esta propuesta la haga precisamente un Ejecutivo que mantiene una relación «pintoresca» con la verdad.
¿Quién decide qué son pseudomedios?
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños (PSOE), aludió en varias ocasiones a las informaciones publicadas por supuestos «pseudomedios». ¿Pero qué se entiende por tal?, ¿quién lo determinará? «Si alguien cree que se están lanzando bulos o difamando, que lo denuncie en un juzgado», replica Humberto Martínez Fresneda, director del Grado en Periodismo de la Universidad Francisco de Vitoria.
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¿Cómo se repartirá la publicidad institucional?
El Gobierno está decidido a regular la publicidad institucional que reciben los medios de comunicación bajo los criterios de «transparencia, proporcionalidad y no discriminación», según dijo el ministro Urtasun. Sin embargo, los expertos avisan del peligro que supone la arbitrariedad de la financiación pública usando criterios de audiencia que no han sido determinados ni se sabe cómo se medirán.
¿Se derogará el delito de injurias a la Corona?
El «plan de regeneración democrática» contempla una reforma del Código Penal para acabar con los llamados delitos de opinión contra las instituciones públicas, aunque el Gobierno no aclaró si incluye la derogación del delito de injurias a la Corona. Sumar en cambio sí que lo dio por supuesto y aseguró que forma parte del pacto del Ejecutivo. Y los socios parlamentarios del PSOE lo incluyeron entre sus exigencias para dar su visto bueno al plan. También afecta a delitos contra los sentimientos religiosos, de escarnio público u otros supuestos.
¿Afecta a la protección de las fuentes de un periodista?
El profesor Martínez Fresneda recuerda que las fuentes de información son el depósito más poderoso de un periodista, por lo que avisa de la necesidad de tratar con cuidado la ley de secreto profesional de este gremio anunciada por el Gobierno, que supone regular lo que ya recoge el artículo 20 de la Constitución Española. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) dio la bienvenida a cualquier «garantía jurídica para la protección de fuentes».
¿Qué funciones tendrá el registro de medios?
La intención del Ejecutivo es la creación de un registro de medios de comunicación que detalle su propiedad, fuentes de financiación y la inversión publicitaria que reciben. Se sabe que estará controlado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero no qué sucederá con los medios que queden fuera de este registro o qué consecuencias tendrá.
¿Se van a regular los debates electorales?
El Gobierno pretende decretar la obligatoriedad para los candidatos de acudir a debates electorales en televisión, un asunto siempre polémico y que interesa a unos u otros en función de sus perspectivas en las urnas. El profesor Cosme Ojeda cree sin embargo que se trata más de una cuestión de cultura democrática que de regulación legal. Y pone el ejemplo de Estados Unidos, donde los partidos negocian las normas con profesionales de los medios de comunicación, pero no hay nada impuesto. «Es la tradición, pero no se puede obligar», apunta.
¿Con qué apoyos cuenta el Gobierno?
El plan de regeneración recibió ayer duras críticas por parte de PP y Vox nada más ser presentado y está por ver si contará con el necesario respaldo parlamentario para sacar adelante algunas de las reformas legislativas que plantea. Socios del Gobierno como Podemos o BNG ya avisaron de que sus exigencias van más allá de las líneas impulsadas por el Consejo de Ministros y no regalarán su voto en el Congreso.
Derecho al honor y la rectificación
Una de las propuestas pasa por la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, dos normas que Félix Bolaños considera «claramente obsoletas» y lejanas al actual ecosistema de medios de comunicación y «la formas en las que se producen las difamaciones y publicaciones no veraces». Nada más se conoce, sin embargo, sobre el sentido de la reforma que plantea el Gobierno.
Concentración mediática
El Ejecutivo de Sánchez también pretende combatir la concentración de medios de comunicación en unas pocas manos. «¿Pero qué concentración, la que les favorece a ellos o la que les critica?», se pregunta este profesor de la Universidad CEU-San Pablo».
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