El Parlamento no ve justificada una amenaza a la seguridad nacional para espiar a los separatistas catalanes

El texto ha sido elaborado por la diputada liberal holandesa Sophie in't Veld pero no cuenta con el apoyo de todo su grupo, del que forman parte los diputados de Ciudadanos, por lo que es previsible que el texto sea cambiado a lo largo de lo que queda de tramitación. El argumento utilizado por la redactora del informe es que si bien las autoridades españolas han reconocido 18 de los 65 casos denunciados, no han mostrado las autorizaciones judiciales correspondientes. Al presentar el texto, in't Veld dijo que podía entender «que se trata de un tema delicado y por ello invitaría calurosamente a las autoridades españolas a que nos den más información para que podamos valorar la situación».

El informe dedica apenas doce de sus 159 páginas al caso español, incluyendo no solamente las escuchas de teléfonos móviles de dirigentes independentistas y que por ello algunos han bautizado como 'CatalanGate' y también se refiere al el espionaje del que fue objeto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al menos dos de sus ministros, que atribuye a Marruecos.

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España es uno de los cinco Estados miembros, junto a Grecia, Chipre, Polonia y Hungría, que tiene un capítulo específico y establece que según informes oficiosos citados en la prensa «el Gobierno español fue probablemente el primer cliente de la Unión Europea del grupo israelí NSO», propietario del software de espionaje. También afirma que el marco jurídico español sobre el tema de la protección de la privacidad de las comunicaciones está claramente desfasado respecto a las tecnologías que ser han desarrollado en las últimas décadas.

«Parece que hay una gran laguna relativa a la naturaleza retroactiva del ciberespionaje» dice el informe puesto que «incluso con el requisito legal de que la duración de la vigilancia se estipule específicamente antes de recibir la autorización, no se contempla que una vez que un dispositivo está infectado» con un sistema que permite rastrear todo el aparato, «si es posible también revisar retroactivamente las comunicaciones y los datos anteriores de una forma que no era posible con medidas tradicionales de vigilancia» a las que se refiere la legislación.