Bruselas advierte de que tomará medidas si el Gobierno mantiene su cuestionamiento a los jueces
El comisario de Justicia asegura en una carta reciente que sigue de cerca la situación española
El PP pregunta a Bruselas si tiene «información oficial» del Gobierno sobre el apagón

La Comisión Europea no es ajena a los debates nacionales de los Estados miembros, aunque procura que la injerencia sea mínima. Lo que existe es un control riguroso del cumplimiento de la legislación europea, sobre todo en lo que tiene que ver con la independencia ... judicial y la calidad de las democracias. Los asuntos domésticos españoles, y más en los últimos tiempos del Gobierno de Pedro Sánchez, son conocidos a la perfección en Bruselas, en parte porque la inmensa mayoría se han trasladado a la arena comunitaria. Hace solo unos días la Comisión se ha vuelto a pronunciar por escrito dejando claro que sigue de cerca la situación sobre el Estado de derecho en España y que «adoptará todas las medidas necesarias» para garantizar su defensa.
La carta del comisario de Justicia, el irlandés Michael McGrath (del partido de los liberales), a la que ha tenido acceso ABC, responde a una de las denuncias más recientes del Partido Popular (PP) sobre las polémicas declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, cuando calificó de «vergüenza» la sentencia que absolvió al futbolista Dani Alves de agresión sexual, cuestionando abiertamente la presunción de inocencia.
Aquello terminó cuatro días después con una disculpa por la «literalidad de la expresión» empleada, aunque la ministra de Hacienda se reafirmó en varias de sus críticas. Las asociaciones de jueces y fiscales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían salido en tromba exigiendo al Poder Ejecutivo que tuviera respeto. Este fue el detonante por el que la delegación encabezada por Dolors Montserrat (que ahora pasará a ser secretaria general del PP europeo) exigió al gobierno comunitario que se pronunciara el pasado mes de abril. «La Unión Europea no puede permanecer en silencio ante esta deriva», insistían los conservadores.
Y la respuesta llegó hace unos días, el 5 de mayo. El comisario McGrath pide a la todavía portavoz de los populares «tener la seguridad» de que la Comisión, en efecto, se compromete a tomar las «medidas necesarias» que garanticen el Estado de derecho en todos los países del club comunitario, refiriéndose a «anteriores capítulos» en los que ya se ha destacado «la preocupación» por declaraciones algunos políticos criticando al Poder Judicial en España.
De hecho, el comisario de Justicia aprovecha su carta para lanzar otra advertencia, recordando que «si bien no son inmunes a las críticas y al escrutinio», los tribunales y el Poder Judicial «deben gozar de la confianza pública para poder tener éxito» teniendo en cuenta el «papel especial en la sociedad», y siendo singularmente relevantes las declaraciones del Poder Ejecutivo en este contexto. «Todos los poderes del Estado deben fomentar esa confianza», recalca.
El reproche llega en un momento de constante choque entre miembros del Gobierno y el Poder Judicial a cuenta de varias investigaciones en marcha que han salpicado al entorno más íntimo de Pedro Sánchez: su mujer y su hermano. Hace poco se cumplió un año de los cinco días de reflexión que el presidente se tomó coincidiendo con la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, y que abrió una crisis institucional sin precedentes en España.
A partir de aquel momento, el recrudecimiento contra el Poder Judicial ha sido constante a medida que avanzaban las distintas causas y el PSOE ha terminado de abrazar formalmente el discurso del 'lawfare' iniciado por Podemos y los independentistas.
La Comisión Europea aún tiene pendiente contestar otras denuncias del PP, como la relativa a la última reforma procesal que pretende limitar la acusación popular y que la oposición bautizó como 'ley Begoña' ante el consenso –también entre jueces y fiscales– de que estaba diseñada específicamente por el caso sobre la mujer del presidente.
Y, sobre todo, en el mes de junio la Comisión tendrá que hacer público su informe anual sobre el Estado de derecho de todos los países, que en las últimas ediciones se ha mirado con lupa. Este será el primero que incluya una mención a la ley de amnistía (el año pasado todavía no se había aprobado) y con toda seguridad incluirá una mención al señalamiento de jueces y a la situación del fiscal general del Estado, imputado por revelación de secretos.
Hace unos días el PP también elevó una batería de preguntas por el apagón que dejó a España en negro el día 28 de abril justo después de que Alberto Núñez Feijóo pidiera a las autoridades europeas implicarse en la investigación de lo sucedido. Lo hizo en Valencia, en el congreso de la familia conservadora y en presencia de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Cuando se cumplen ya dos semanas del episodio el Gobierno insiste en que necesitará «mucho tiempo» para llegar al origen y niega que la responsabilidad fuera de un mix energético que apostó decididamente por las renovables prescindiendo de otras tecnologías firmes.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete