Boye, el abogado de Puigdemont, se enfrenta a 9 años de cárcel y su inhabilitación por blanqueo

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el 6 de diciembre de 2017 cinco personas con destino Bogotá (Colombia) fueron detenidas en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas (Madrid) con 889.620 euros ocultos en el doble fondo de su equipaje de mano, lo que supuso la incoación de un expediente sancionador por parte de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones contra uno de ellos, Manuel González Rubio– acusado después de ser un correo humano–, quien entonces había afirmado que el dinero era de su propiedad y lo llevaba encima para montar una empresa en Colombia a la que iba a llamar Complutin.

«Para encontrar la forma de recuperar el dinero, tuvo lugar un primer encuentro», se puede leer en el escrito, en el que habrían participado Miñanco, su mano derecha, el colombiano Enrique García Arango, y Puentes Saavedra, el presunto encargado de los 'correos humanos'. A la misma, según el relato de la Fiscalía, acudirían también Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro.

«En esta reunión, Boye y Morán les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en el expediente sancionador que permitirían así justificar el origen legal del dinero intervenido ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera», se puede leer. «Los acusados llegaron al acuerdo de que Prado Bugallo pagaría a Morán Castro 90.000€ por confeccionar los contratos, 30.000 cuando se presentara la documentación, de los cuales Boye recibió 10.000€ en ese momento».

Durante la instrucción fueron dos las personas que apuntaron a que los casi 900.000 euros que fueron intervenidos en Barajas pertenecían a Miñanco. Por un lado, González Rubio, al señalar a Puentes Saavedra, presunto encargado de dirigir los 'correos humanos' con los que Sito Miñanco transportaba parte de sus ganancias a Colombia, como la persona que introdujo el dinero en las maletas. Hace sólo unos días ha presentado un escrito volviendo a su versión inicial, sostiene de nuevo que el dinero era suyo.

Por otro, el propio Puentes Saavedra quien, tras dar distintas versiones, aseguró que el dinero era de Sito Miñanco. Boye acusó entonces a la jueza y el fiscal que instruyeron la causa, María Tardón e Ignacio de Lucas, de encubrir un asesinato que Puentes Saavedra habría cometido en Colombia a cambio de perjudicarle. El Supremo inadmitió la querella y le reprochó que intentara criminalizar la actuación judicial dirigida contra él.

Hasta ahora las periciales aportadas por la defensa de Boye se han centrado en intentar desmontar el informe de la UDEF y de la que parte su imputación: niega la existencia de las reuniones.