Las bolsas con dinero de Carmen Pano decidirán la imputación del PSOE

El juez abría causa después de que el instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le remitiera testimonio del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos en el que se apuntaba que la formación abonaría liquidaciones de gastos en metálico y en sobres del partido. También remitió la información facilitada por el PSOE acerca de abonos realizados tanto a Ábalos como a Koldo García y Santos Cerdán (ex número tres del PSOE actualmente en prisión provisional); las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al ex director gerente del PSOE Mariano Moreno, y por la empleada del partido, Celia Rodríguez; y la testifical de la empresaria Carmen Pano -que dijo haber depositado 90.000 euros en la sede de Ferraz-.

Con estos ingredientes se abre un abanico de posibilidades. Las fuentes consultadas entienden que el magistrado no moverá un dedo hasta que tenga un pronunciamiento del Ministerio Público, quien debe decidir si ve materia o no. En caso positivo tendrá que proponer una serie de diligencias. Dan por hecho que la Fiscalía no se atreverá a 'no ver causa' cuando tanto el Supremo como la Audiencia Nacional reman a favor de investigar.

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Javier Lillo

En este estado inicial, y sin investigados en la pieza separada, ahora se trata de ver por dónde puede ir el juez, y cobra fuerza la posibilidad de que Moreno, buscando hacer suya la investigación, cite tanto al exgerente del PSOE Mariano Moreno como a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez para tomarles declaración de primera mano. Está por ver si en calidad de testigos, como en el Supremo, o como investigados para garantizar sus derechos. Algunas fuentes señalan que tanto a Moreno como a Rodríguez se les está poniendo cara de Pardo de Vera, recordando que la expresidenta de Adif realizó hace pocos meses un camino parecido al que llevan ellos.

Quizá esas dos comparecencias podrían completarse con una citación de alguien que tuviera auctoritas en el campo financiero del partido, y ahí encajaría la figura de la actual gerente Ana María Fuentes. Que duda cabe, que otra declaración que podría ser pertinente es la del propio Koldo García, a quien el Supremo identifica como el receptor y gestor del dinero en efectivo que iba destinado a la Secretaría de Organización en general.

Más allá de estas comparecencias, el magistrado también podría decantarse por citar, por cumplir con los trámites procedimentales, a la empresaria Carmen Pano, quien ya consta como imputada en la causa en la que el magistrado Santiago Pedraz investiga una trama que se habría valido de la operadora de hidrocarburos Villafuel para perpetrar un fraude millonario en el IVA. Esta sostuvo primero ante un medio de comunicación y luego ante el propio Pedraz y el Tribunal Supremo que habría realizado dos entregas de efectivo por valor de 90.000 euros en octubre de 2020 en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz. Dijo que llevó los fajos en bolsas y que lo hizo por orden de Víctor de Aldama, el empresario calificado por la UCO como «nexo corruptor» de la trama. Este extremo hace probable que el juez Ismael Moreno pueda decidir tomar también declaración a De Aldama.

Para algunas de las fuentes consultadas, el hecho de que Puente enviara a la Audiencia Nacional el testimonio de Pano es clave, porque abre la vía a que Ismael Moreno se decante en un momento dado por investigar al partido por un delito de financiación irregular. No obstante, todas las voces consultadas concluyen que, en caso de producirse ese salto exponencial, no llegaría en el corto plazo.

Lo que sí está claro es que las acusaciones populares -el PP es quien ostenta la dirección letrada de las mismas- ya tienen en mente solicitar tarde o temprano al juez que impute al PSOE. De hecho, ya en octubre de 2024, cuando trascendió gracias a The Objective que Pano sostenía haber realizado entregas en Ferraz, el PP se querelló ante Pedraz contra los de Pedro Sánchez por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. El magistrado tumbó ese movimiento de los de Núñez Feijóo por prematuro. Pero ahora se vuelve de nuevo a la casilla de salida con la diferencia de que se trata de una causa y un juez distintos.

A pesar de todo este abanico de posibles diligencias, lo cierto es que lo que tienen en mente tanto el juez como el fiscal solo lo saben ellos y por tanto toca esperar, porque podría ocurrir, incluso, según explican otras voces, que el magistrado acordara el secreto de las actuaciones para poder llevar a cabo las diligencias que considere oportunas y que podrían acabar, por ejemplo, en una entrada y registro en la sede del PSOE en busca de esos tiques que no le cuadran a la UCO y que podían ser la puerta de acceso al blanqueo de fondos que tendrían origen en una actividad ilícita o delictiva.

No hay que olvidar que se investiga a una organización criminal que se haría con comisiones a cambio de favores políticos, y que dado el descontrol del partido en esas liquidaciones de gastos, éstas podrían haber sido el cauce perfecto para convertir en 'A' lo que empezó siendo 'B'.