Bolaños negocia 'in extremis' con Junts su ley contra los jueces

Para Bolaños esta ley es esencial. Ha sido su mayor apuesta en los últimos meses. Tanto que ha mantenido el pulso a pesar de la histórica huelga de jueces y fiscales contra esta norma y la otra que su departamento tiene entre manos para modificar el estatuto que regula a la Fiscalía y que la instrucción de las causas penales quede atribuida a los fiscales. Esta segunda reforma es mucho más compleja y llevará tiempo, pero la relativa al acceso a la carrera judicial ha sido prioritaria en el calendario y el ministro sigue intentando una tramitación exprés.

Su intención siempre fue dejarla aprobada antes del parón veraniego en el último pleno del mes de julio: el día 22. Pero para eso hace falta un paso inexcusable, la convocatoria de la comisión y la ponencia previa, que debe celebrarse antes del pleno y que, por tanto, tendría que convocarse en las próximas horas. De ahí que los plazos apremien tanto. En el ministerio insisten en que en este momento siguen hablando con Junts en un intento de convencerles a última hora. Puigdemont ha dado orden de apretar con sus exigencias y el asunto de la Justicia es especialmente sensible para los independentistas en medio de su cruzada personal por la ley de amnistía.

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Fuentes del partido secesionista siguen remarcando que la creación de un poder judicial catalán está previsto en el Estatut, a pesar de que lo que la norma autonómica de 2006 recoge es la creación de un órgano que refuerce las competencias de la Generalitat en materia judicial, sobre el que el Tribunal Constitucional ya se pronunció limitando sus competencias y rechazando la posibilidad de que actuara de manera autónoma. En cuanto a la abolición de la Audiencia Nacional, siempre ha sido una bandera de Puigdemont, sobre la que se ha pronunciado en muchas ocasiones hablando de su «reminiscencia franquista» y asegurando que su tarea es hacer «el trabajo sucio al Estado».

El mensaje que trasladan por ahora es de no dar su brazo a torcer a la espera de que Bolaños acepte sus propuestas.

Este mismo martes el partido independentista comunicó a la vicepresidenta Yolanda Díaz que seguiría adelante con su enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada laboral, el proyecto estrella de la ministra de Trabajo, forzando al Gobierno a retirar el debate del mismo pleno en el Congreso. La parte socialista de la coalición nunca fue partidaria de seguir adelante si Junts no se comprometía a apoyarles, porque entendían que una derrota parlamentaria en una norma tan potente era un golpe muy duro que el Ejecutivo no tiene por qué encajar. Díaz trató de negociar hasta el último momento y ha mantenido contacto directo con Puigdemont, mostrándose optimista a pesar que los independentistas nunca vieron con buenos ojos la propuesta, que no gusta nada a la patronal catalana. Es decir, tras la decisión de Junts este debate queda aplazado a septiembre, cuando se retomará sin tener ningún éxito garantizado.

El mensaje que quiere trasladar Junts es que no cederá sin obtener nada a cambio en el momento de mayor debilidad para el Gobierno. Pedro Sánchez ganó tiempo la semana pasada en el pleno monográfico sobre la corrupción del PSOE porque ninguno de sus socios escenificó una ruptura. Pero todos enviaron avisos. Para intentar tener un respiro en verano el presidente ha tratado de lanzar varios guiños esta semana a sus aliados. El lunes, el acuerdo de financiación para Cataluña pactado con ERC hace un año y que, de facto, implicará la ruptura de la caja común. Los republicanos manifestaron «avances» a pesar de que el documento firmado entre el Gobierno y Salvador Illa es poco concreto y dista bastante de lo acordado para la investidura del presidente catalán. Junts, en privado, insiste en que le ve «poco recorrido» porque considera que es «del todo insuficiente» y sigue manteniendo que si el papel que llegue al Congreso es ese, «no contará con los votos».

Este martes Sánchez se vio con el lendakari, Imanol Pradales, para amarrar también el respaldo del PNV hasta el nuevo curso. Los nacionalistas vascos siguen apoyando al PSOE en Madrid, pero fueron muy duros hace unos días en el Congreso, cuando confesaron que la confianza en el Gobierno tras el caso Cerdán «se encuentra en la UCI». El PNV buscaba concretar avances en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, el traspaso por el que lleva tiempo peleando.

Y el viernes el Gobierno volverá a defender la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en el Consejo de Asuntos Generales de la UE a pesar de que no tendrá la unanimidad para aprobarlo. El mensaje del ministro José Manuel Albares a los independentistas es que está haciendo todo lo posible para conseguirlo o, al menos, avanzar en el objetivo. Es el gesto con el que Sánchez quiere calmar a Junts.

En el pleno del próximo martes el Gobierno tiene garantizados apoyos para aprobar definitivamente las leyes que vienen del Senado, pero los dos grandes temas, reducción de la jornada laboral y la 'ley Bolaños', pueden amargarle la jornada al presidente. La primera ya está fuera de posibilidad y, por eso, las miradas se centran en la segunda. El escenario que persigue el Ejecutivo es salir de ese pleno con un saldo positivo de victorias parlamentarias para poder enviar el mensaje de que siguen en pie, de que a pesar de todos los escándalos tienen apoyos y, sobre todo, poder seguir repitiendo que queda legislatura y que no habrá elecciones en el corto plazo.