Bolaños hurta a los diputados «información relevante» de la 'ley trans'

Entre esos dictámenes se encuentran los remitidos por las comunidades autónomas de Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón, Cataluña, País Vasco y Baleares –el resto no quiso aportar informe–, los dos grandes sindicatos, doce organizaciones sociales, todos los ministerios no proponentes (un total de 19) o el INE, entre otros.

«Nos están privando de elementos de juicio para formar opinión tan relevantes como el tomar conocimiento de los errores que pueden haber detectado en la nueva ley organizaciones sociales, órganos consultivos y administraciones públicas», protestan las citadas fuentes socialistas.

Letrados del Congreso consultados por ABC coinciden con esta versión. «No hay razón legal para no trasladar esa información al Legislativo. La única justificación posible sería que esa documentación tuviera algún nivel de protección, pero no es el caso. Su no remisión puede haber sido un error del Gobierno, en cuyo caso hablaríamos de mala praxis, o tener intencionalidad, en cuyo caso, de acreditarse, constituiría un fraude de ley. Y si algún diputado pidiera esa documentación y Moncloa no la remitiera estaríamos ante un posible caso de prevaricación», explican.

«Podemos estar ante un defecto de tramitación porque los antecedentes están mutilados: falta información que no se adjunta. La remisión de documentación no es un mero trámite administrativo porque afecta a la formación de la voluntad de la Cámara. La ley dice con claridad que el Congreso debe contar con todos los elementos necesarios para formar opinión», añaden con contundencia.

No en vano, el análisis de qué partes de los informes y dictámenes de un anteproyecto han sido tenidas en cuenta para redactar la ley debe formar parte de la memoria del análisis del impacto normativo. Así lo estipula la Ley del Gobierno, obligando al Ejecutivo a remitir este dosier al Congreso junto con los informes «que conformen los expedientes de elaboración» del proyecto. El citado análisis debería estar integrado en el apartado «descripción de la tramitación» de la memoria, pero los ministerios de Igualdad y Justicia decidieron sacarlo del cuerpo y derivarlo a cuatro apéndices que son los que el Ministerio de Presidencia no ha remitido al Congreso. «Se recogen las aportaciones en el anexo», van señalando invariablemente Igualdad y Justicia cuando toca analizar las observaciones recibidas en el medio centenar de informes y dictámenes recabados.

Los cuatro apéndices se titulan anexo I consulta pública, anexo II organizaciones y ciudadanía, anexo III Administraciones Públicas y anexo IV órganos consultivos. Fuentes del Congreso señalan que «un apéndice como tal, que añade información a la obligatoria, puede interpretarse que no es de obligada remisión, pero uno que recoge información que es de remisión obligatoria debe ser remitido por mucho que se denomine anexo. La ley es clara y no acabe la ingeniería para saltársela». No obstante, letrados consultados lamentan que no es la primera vez que esto sucede. «Moncloa ha remitido expedientes mutilados antes», apuntan, sin querer dar más datos.

El Congreso, por su parte, se lava las manos y se limita a confirmar que el Gobierno no ha enviado esos anexos. «La Cámara comparte la documentación que remite Presidencia, tal cual la remite», subrayan, para dejar claro que esos documentos no han llegado a los diputados y no es por error del Congreso. Sobre si el letrado de la comisión correspondiente, en este caso Igualdad, ha reclamado al Gobierno la documentación que falta, las mismas fuentes señalan que esto no es responsabilidad de la Cámara. «Presidencia sabe perfectamente qué es lo que manda y si esa documentación cumple o no con la ley. Valorar si la cumple o no, no nos toca a nosotros», señalan las mismas fuentes.

ABC se ha puesto en contacto con Igualdad para verificar si conoce que esos documentos no habían llegado al Congreso al cierre de este artículo, pero no ha querido responder a las preguntas. Presidencia, por su parte, tampoco ha querido explicar por qué decidió no remitir los anexos cuando contenían información que debía ser conocida por la Cámara.

Las citadas fuentes socialistas señalan que no cabe el argumento de que Presidencia ha errado al interpretar la legislación y recuerdan que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que creó la memoria del análisis del impacto normativo en 2009 mediante un real decreto que modificó posteriormente el Gobierno de Mariano Rajoy en la línea que explica este artículo.

Destacan, además, que la impulsora fue la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega quien, además, llevó al Consejo de Ministros la aprobación de una guía metodológica para facilitar que los ministerios elaboraran correctamente la memoria. Esa guía «tiene sello socialista y recomienda a los ministros que incluyan en la memoria una breve síntesis del contenido de cada uno de los informes y dictámenes evacuados durante la elaboración de una ley». Un consejo que «tampoco se ha seguido», denuncian las citadas fuentes.

«La memoria de la ley trans que hemos recibido ni siquiera indica si un informe ha sido favorable o desfavorable, simplemente cita el nombre de las instituciones y organizaciones que lo han remitido», critican, resaltando que el envío de todos los informes habría sido otra forma de dotar a los diputados de los suficientes elementos de juicio, pero que también se ha obviado. «Solo han llegado la memoria y cinco dictámenes inevitables: del Consejo de Estado, el CES, el Consejo LGTBI, el CGPJ y Protección de Datos», subrayan. «En leyes mucho menos importantes, han llegado memorias que explicaban incluso por qué se habían ido desechando las distintas observaciones recibidas».

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