Los blindados 8x8 del 'futuro' ya no son eficaces para la guerra actual

El despliegue de los nuevos blindados es clave en el Programa Fuerza 35 del Ejército de Tierra. El proyecto de articulación de las Brigadas 35 es el núcleo de la nueva organización de las fuerzas terrestres que ahora se ve seriamente comprometido por todo lo que rodea a todo los relacionado con los 8x8. Y lo está, además, en uno de los momentos de máxima tensión y riesgo desde el final de la Guerra Fría.

Las razones de lo que fuentes militares de la máxima solvencia consideran un «fiasco sin paliativos que cuesta 2.500 millones de euros» van desde la propia concepción anticuada del programa, que se hizo en base a la experiencia en Líbano, cuando seis soldados españoles murieron por una explosión bajo el BMB (Blindado Medio sobre Ruedas) que ocupaban, y posteriormente en Afganistán, hasta los problemas técnicos y empresariales que ha acumulado desde su aprobación en 2007, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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Angie Calero

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«En los conflictos actuales, como el de Ucrania -explican las fuentes consultadas-, nos enfrentamos a otra serie de amenazas para las que el 8x8 no está preparado. Por ejemplo, nada puede hacer contra el empleo masivo de drones, o en escenarios completamente distintos, de alta intensidad, entre naciones industriales, en el que los contendientes disponen de sistemas de armas de gran potencia, como misiles contra carro, artillería, ataques cibernéticos... Para nada de eso es eficaz».

Las cosas se complicaron, además, porque cada Arma del Ejército -Infantería, Caballería y Zapadores- quiso disponer de un vehículo específico para sus tareas, de modo que se optó por un mismo modelo sin alternativa posible, más allá de las adaptaciones elementales en función de la misión. Al incorporar todo aquello que cada uno requería, el vehículo creció de forma desmesurada en tamaño, peso y coste.

En 2010 el programa fue cancelado por los recortes presupuestarios y ya en diciembre 2018 el Ejecutivo de Pedro Sánchez autorizó un gasto de 2.100 millones de euros para la adquisición de 348 vehículos en una primera fase. Fuentes de Indra explican que en el contrato firmado con Defensa entró en vigor en 2020 y se prolongaba hasta 2030 y en él se recoge además un plan de entregas, que sería objeto de negociación, que llegaba hasta 2027. En 2019 el concurso se declaró desierto y un año después Defensa lo adjudicó a un consorcio, Tess Defence, formado por Indra, Santa Bárbara Sistema, Escribano y Sapa Placencia. La factura, para entonces, había crecido hasta los 2.400 millones con la promesa de que se iban a generar 9.000 empleos. Fuentes del consorcio explican que si el coste pasó de 2.100 hasta 2.400 millones fue porque con la primera cantidad no se cubrían todas las configuraciones que exigía el proyecto. Para cubrir esa cantidad, según el consorcio, se recurrió a una ampliación de crédito del 20 por ciento que ya se incluía en el contrato para cubrir este tipo de contigencias.

El desarrollo del programa ha sido, literalmente, desastroso. Tanto que el Gobierno decidió que Indra, cuyo socio mayoritario es la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI) tomara el control del 51 por ciento de Tess. Eso supuso unos ingresos para Escribano, ahora en proceso de fusión con Indra, de 50 millones de euros. También se beneficiaron el resto de empresas que fabrican el blindado.

Cada empresa de Tess debía encargarse de un componente: Indra, de la electrónica y sistemas de mando y control; Escribano, de las torres y otros elementos de combate; Sapa, de la transmisión y del grupo motopropulsor, y Santa Bárbara de la barcaza e integración de los elementos fabricados por el resto de proveedores.

Los resultados de la inversión pública en este programa «son devastadores». No es sólo que de los 1.200 millones inicialmente presupuestados se haya pasado, según las últimas cifras, a más de 2.500; es que los resultados son muy escasos, porque sólo hay pocas unidades fabricadas -Tess Defence sitúa la cifra actual en algo más de medio centenar-, doce de las cuáles testa ahora la Legión para comprobar que no presentan problemas. Y eso a pesar de que se han adelantado 1.208 millones entre 2021 y 2024. Defensa ha impuesto ya una multa de 9,1 millones en la parte del contrato de los Demostradores, que llevaban Santa Bárbara SAPA e Indra.

Al margen de los retrasos, los problemas técnicos se multiplican. Por ejemplo, hay un grave problema con la transmisión del vehículo, porque SAPA, la empresa del consorcio Tess Defence que se encarga de ello, no ha sido capaz de hacerla fiable. Fuentes de Tess Defence precisan a ABC que el problema es que no se la ha conseguido integrar con otros sistemas de la misma plataforma y con el de generación de energía.

Un dato: se ha anunciado como un éxito una prueba de rodadura de 2.000 kilómetros, sin mantenimiento aseguran lo fabricantes, pero que para fuentes militares demasiado poco para un vehículo cuya vida útil debe estar entre los 20 y los 30 años. El problema es que si no se resuelve este asunto tampoco se pueden probar e integrar los sistemas de armas y las distintas torres de combate.

El peso del vehículo, ya apuntado, es crítico. Fuentes militares aseguran que supera las 37 toneladas cuando está completamente equipado para el combate, lo que le impide ser transportado por vía aérea, pero Tess Defence asegura que 'sólo' pesa 33, si bien en su versión más sencilla, por lo que sí puede ser aerotransportado por los A400 del Ejército del Aire y del Espacio. La diferencia es clave porque en el primero de los casos el 8x8 supera los pesos de la rampa del avión, por lo que sólo podría ser transportado si se desmontan algunos de sus elementos, que habría que volver a montar en la zona de operaciones en un taller que se monte al efecto.

Desde el consorcio se asegura, además, que por protección de la rampa de acceso se han habricado unas pequeñas extensiones que llevará el aparato para poder reducir el escalón de acceso y con ellas no sería necesario desmontar nada.

Lo peor es que, al menos de momento, no hay otras alternativas, salvo la marítima y terrestre, porque la única opción viable sería hacer el transporte en un C-17 Globnemaster, un tipo de avión del que no disponen nuestras Fuerzas Armadas.

Por supuesto, esto tiene graves implicaciones operativas, sobre todo porque compromete su capacidad de despliegue rápido en misiones internacionales. También afecta a su movilidad y consumo de combustible, parámetros ambos relevantes.

El excesivopeso provoca, también a medio plazo, serios inconvenientes. Todos los sistemas de armas se diseñan pensando en una futura modernización, normalmente a mitad de vida útil. Si la barcaza del vehículo está al límite de peso la posibilidad de integrar sistemas propios de alguna versión es muy complicada y prácticamente imposible incorporar nuevos elementos para hacer frente a nuevas amenazas.

Ante esos despropósitos, evitables con una adecuada planificación, surgieron rumores de que el programa podría ser cancelable. No parece sin embargo probable, porque asumir el el fracaso tendría un enorme coste político y también de imagen de la industria de defensa. Aunque para muchos sería la mejor solución.