Así blanqueó el PSOE a los herederos políticos de ETA en cuatro años

Pero subyacen dos razones de peso que forzaron a Sánchez a apoyarse en el partido con vínculos proetarras. La primera, la necesidad del PSOE de sumar apoyos después de una victoria electoral lejos de la mayoría absoluta en 2019. La segunda, la presión del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias para hacer de Bildu y ERC aliados preferentes del Gobierno de coalición.

Hace unos días, en un mitin en Puertollano, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, espetó que «con Bildu, no iría ni a la vuelta de la esquina». El contexto fue clave. Sánchez estaba allí, en plena polémica por las candidaturas de Bildu para las elecciones municipales y autonómicas del 28M.

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Presentan a 44 etarras que optan a tener cargos públicos; siete de ellos con condenas cumplidas por asesinato. Moncloa y el PSOE reaccionaron tarde. Preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, hace una semana, Sánchez evitó responder. Y el mismo día la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la tercera, Teresa Ribera, y las ministras de Justicia y Educación, Pilar Llop y Pilar Alegría, esta última también portavoz de la Ejecutiva del PSOE, escaparon de los medios.

Al día siguiente, Alegría aseguró que al PSOE no le gustan estas listas. Mientras, la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, subrayó su «legalidad». Luego, desde la Casa Blanca, Sánchez apuntaló que «no son decentes», pero sí «legales». Y solo cuando los siete candidatos con delitos de sangre renunciaron a los cargos, Sánchez dijo que había sido «un error». Pero de los 37 etarras que siguen, no dicen nada.

Bildu ha tenido influencia en leyes muy importantes del Gobierno, como la ley de memoria democrática. El apoyo de sus cinco diputados solo le costó al PSOE de Sánchez comprometerse a añadir una disposición adicional para investigar las vulneraciones de derechos humanos «entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983». Una época en la que ya gobernaba el socialista Felipe González.

La moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy en 2018 lo cambió todo y la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición cronificó esta dependencia. Desde entonces, se ha ido refinando el cambio en el discurso. La mayoría de las veces, en contra de lo que las víctimas y los familiares de las víctimas del terrorismo de ETA consideran. En 2021, los socialistas celebraron como un «paso» las palabras de Arnaldo Otegi en el décimo aniversario del fin del terrorismo de ETA. Pero las víctimas denuncian que siguen sin pedir perdón ni ayudar a esclarecer más de 800 asesinatos.

En la antesala de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, mismo contexto que el actual, Sánchez dijo en una entrevista en Navarra Televisión lo siguiente: «Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco o veinte veces durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar». En febrero de 2016, después de las elecciones generales de diciembre, el líder del PSOE aseguró en una rueda de prensa en el Congreso lo mismo: «No, yo con Bildu no me voy a reunir».

Y en septiembre de 2016, después de la repetición electoral, el PSOE es clarísimo: «Con el único partido con el que no vamos a entablar diálogo es Bildu». Pero entonces llegó junio de 2018, cuando Sánchez presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El PSOE la sacó adelante con cuatro votos de margen respecto a la mayoría absoluta. El socialismo se centró en negociar con ERC y PNV, pero de forma indirecta se abrieron vías de comunicación muy pobres solo para testar qué opinaba Bildu. No significa nada, dijeron desde el PSOE, es solo por «higiene democrática». Pero el muro de contención contra Bildu empezó a llenarse de grietas después de la repetición electoral de noviembre de 2019. Si después de las elecciones de abril el PSOE no quiso reunirse ni con Bildu ni con Vox, en noviembre Adriana Lastra sí lo hace. Es la primera vez que el PSOE a nivel nacional se reúne con Bildu y realizan una fotografía después del encuentro.

El PSOE intentó quitarle importancia diciendo que se reunían con todos los grupos parlamentarios, también con Vox. Pero se asumía la normalización. Además, unos días antes, Chivite había incluido a Bildu en su ronda de negociaciones para sacar adelante los presupuestos de Navarra.

En abril del 2020, Bildu ya es oficialmente socio de investidura del PSOE. Durante la pandemia se producen las primeras reuniones de dirigentes de Bildu con un presidente del Gobierno. Estas reuniones se naturalizan. Son de forma telemática. La primera reunión entre Pedro Sánchez y la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, tiene lugar el 17 de marzo de 2020.

En mayo de 2020, Bildu pacta con el PSOE y Unidas Podemos derogar «íntegramente» la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Dicen que se debe hacer efectiva «antes de la finalización de las medidas extraordinarias en materia económica y laboral derivadas de la crisis originadas por el covid-19».

Aunque finalmente la negociación no va a parar a ningún lado porque la frena la vicepresidenta Nadia Calviño, Bildu difunde un documento rubricado por Aizpurua y los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos en el Congreso, Lastra y Pablo Echenique. «Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el PP. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el covid-19», se escribió en el texto.

La situación excepcional de la pandemia hace que Moncloa y los socialistas se planteen en el verano de 2020 la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado con PNV y Ciudadanos. Sin embargo, el exvicepresidente Iglesias se remanga y fuerza lo más rápido que puede una negociación con Bildu y ERC para que se aprueben con el que bautizó como «bloque progresista plurinacional» y no con la derecha. Los presupuestos terminaron saliendo adelante con los mismos apoyos que Sánchez tuvo en la investidura.

En septiembre de 2020, durante una intención en el Senado, el presidente del Gobierno lamentó «profundamente» la muerte del etarra preso Igor González Sola, vinculado al comando Amaiur de ETA y condenado en 2005 a 20 años. Según las investigaciones de entonces, se suicidó en la cárcel de Martutene, en San Sebastián.

En octubre de 2020, el PSOE vuelve a estampar su firma junto a Unidas Podemos y todos los partidos nacionalistas e independentistas del Congreso, incluido Bildu, en lo que llamaron «manifestó en favor de la democracia». El documento constituyó una respuesta del bloque de la investidura en réplica al discurso de Santiago Abascal como candidato de Vox en la moción de censura contra Sánchez. Lo firmaron PSOE, ERC, Junts per Catalunya, la CUP y EH Bildu. Además del PNV, BNG, Más País y Compromís.

Y hace un mes, el Gobierno de coalición llegó a un acuerdo para desbloquear la ley de vivienda en el Congreso, tras un año paralizada. Pero son el portavoz de Bildu, Oskar Matute, y la diputada de ERC, Pilar Vallugera, quienes lo anunciaron en rueda de prensa. Ni Podemos, ni PSOE.