De Begoña a Koldo: las causas de corrupción que crecen a la sombra del presidente

La investigación abarca su época como diputado y también la fase previa como cargo público del Ejecutivo de Canarias que dirigía el hoy ministro Ángel Víctor Torres. Está investigado igualmente el sobrino del ya ex parlamentario, Taishet Fuentes, que llegó a director general con el mismo ejecutivo del PSOE, y varios cargos públicos de aquella Administración. La causa, que ya ha enviado a juicio una de sus líneas separadas, tiene también una derivada de contratación pública en manos de la Fiscalía Europea.

Más reciente es el caso Koldo, ahora mismo congelado en la Audiencia Nacional porque precisamente la Fiscalía Europea ha dicho que asume la investigación y el juez Ismael Moreno piensa poner la decisión en manos del Tribunal Supremo. Lo instruido hasta la fecha apunta a que alguien en la cúpula del Ministerio de Transportes que comandaba José Luis Ábalos, otrora secretario de organización del PSOE y persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, dio la orden de comprar millones de euros en mascarillas a una empresa instrumental a sabiendas de su poca fiabilidad porque hubo reparto de mordidas por el camino. Esto, que haya trascendido, pues consta la existencia de líneas de investigación bajo secreto.

La causa se ha quedado en pausa justo después de que Anticorrupción pidiese imputar al actual número 3 del ministerio que ahora dirige Óscar Puente, pero la Guardia Civil sigue trabajando: los volcados de los móviles y la abundante documentación incautada todavía tienen mucho que decir en el procedimiento, donde la Europea no será el único camino hacia el Supremo. Ábalos, cuya citación a rendir cuentas sobre el asunto cada vez se antoja más plausible, sigue estando aforado como diputado, aunque en el Grupo Mixto.

Y también la Fiscalía Europea se ha avocado el núcleo de la causa que había abierto el instructor de Madrid Juan Carlos Peinado por un posible tráfico de influencias de la mujer del presidente, Begoña Gómez, en favor de un empresario que recibió dos contratos públicos llevando cartas de recomendación que ella firmaba. El movimiento de la Europea da cierto respiro a Moncloa porque expulsa a las acusaciones populares que dan empuje al procedimiento e impone velo sobre las pesquisas. Con todo, su investigación se sigue también por tráfico de influencias y si llega a juicio -a menudo llegan a conformidades-, sería en la Audiencia Nacional.

En Madrid, en todo caso, ella sigue imputada y citada para el 5 de julio. Su abogado ha emplazado al juez a precisar por qué hechos mantiene abierta la causa después de que la Europea pasase la segadora. La decisión se conocerá en los próximos días y puede versar sobre la batería de conductas que pusieron en el foco los denunciantes, Manos Limpias, que apuntaba a vínculos con el rescate de Air Europa, y HazteOír, que también señala irregularidades en la gestión del máster que codirige Gómez.

Lejos de Madrid, también el hermano del presidente está bajo el foco en un juzgado por delitos de tráfico de influencias, contra la Administración e ilícitos fiscales. Se investiga si cobra un sueldo público de 55.000 euros sin pisar su puesto de trabajo y si tiene formalmente la residencia en un municipio portugués para eludir impuestos. La instructora de Badajoz 3 ya ha recabado toda su información laboral.

De manera colateral, también le afecta la situación del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al que nombró el Gobierno en sustitución de Dolores Delgado y que se ha incriminado y ha sido incriminado en un asunto de presunta revelación de secretos sobre el novio de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

Señalado ya en el Alto Tribunal, que le ha anulado dos nombramientos, por «desviación de poder», si el caso escala puede convertirse en el primer fiscal general que acaba imputado en el ejercicio de sus funciones.