Begoña Gómez pide al juez que solicite a Moncloa información de los asistentes anteriores de las parejas de los presidentes

En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, el letrado Antonio Camacho pide asimismo que en esa información «se delimiten los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo» cada uno. Esta diligencia se pide después de que el magistrado acordara transformar el procedimiento para que siga por el Tribunal del Jurado, lo que provocaría que, de llegar a juicio, sería un jurado popular quien dictara el veredicto.

Tras este paso, el magistrado también acordó transformar la causa principal, por la que investiga a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, para que también siga por ese cauce. De hecho, esta misma tarde el magistrado celebrará una vistilla para comunicar esta última decisión.

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En la pieza separada por malversación el juez investiga si Begoña Gómez pudo cometer delito al utilizar para sus negocios privados a la asistente que le puso La Moncloa para coordinar su agenda pública.

El pasado 1 de octubre, Camacho recurrió directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez al entender que daba este paso sin contar con indicio alguno y añadía que Peinado «se limita a transcribir diversos artículos de la Ley del Jurado» y que se apoyaba en una frase «genérica, inconcreta y estereotipada» para fundamentar su tesis.

A su juicio, ni Gómez ni su asistente Cristina Álvarez ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pueden ser considerados "como presuntos autores del citado delito». Al hilo, sobre los correos aportados a la causa por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio, destacaba que los enviados por Álvarez estaban relacionados con la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa del presidente y «es un hecho no discutido» que por esa cátedra su representada «no cobraba ninguna cantidad de dinero» por lo que en puridad no podía entenderse como negocio privado.

Por otro lado, sobre el hecho de que la asistente realizara apoyos puntuales a Gómez en asuntos relacionados con esa cátedra, tal y como se advierte por los 'mails', la defensa indicaba que «no existe un Estatuto de la cónyuge del Presidente del Gobierno» porque esa figura no está regulada. Entiende que la interpretación y distingo que se hace entre actividades privadas e institucionales debería llevar a que las personas que asisten a la necesidades diarias de las personas que ocupan la sede de Presidencia de Gobierno solo podrían prestárselas a la cónyuge del presidente «en aquellos supuestos en que acompañase físicamente al titular de la Presidencia».

Esto, consideraba Camacho, dejaría de lado «una faceta privada que existe y requiere de un apoyo logístico y material, dada la convivencia en una residencia oficial del Estado que viene obligada por las funciones que realiza su esposo», Pedro Sánchez. E incidía en que la interpretación que hace Peinado de las funciones que debe acometer la asistente «no se ajusta a los usos que se vienen desarrollando desde el advenimiento de la Democracia».

«Las funciones que se atribuyen a los asistentes de los cónyuges de los presidentes de Gobierno están ayunas de cualquier tipo de regulación, no existe norma alguna que establezca cuales son las funciones que ha de desarrollar», matizaba, para sumar que «la realidad es que (Álvarez) dada la amistad con la misma y que su horario de trabajo se extendía por encima de las 8 horas diarias la ayudaba puntualmente en determinadas cuestiones en atención a su amistad, pero en ningún caso se trataba de cuestiones que gestionara solo exclusivamente Cristina Álvarez».

Este jueves ha trascendido además una nueva providencia del juez en el marco de la pieza principal (que también prevé que sea juzgada por un jurado) por la que solicita que, dado que de los investigado se conoce que el alojamiento del dominio transformatsc.org -de la cátedra que codirigía Gómez en la Complutense) está alojado en servidores de Amazon, la multinacional americana debe informar del nombre del cliente, el precio del servicio, el correo de la cuenta del cliente, cuando arrancó y se extinguió ese servicio y el registro de acceso y los usuarios autorizados.

Pide que sea la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien haga cumplir su petición a Amazon y que sea ese cuerpo policial quien elabore el informe correspondiente.