Un funcionario de Exteriores en Tailandia formula una demanda por la educación de sus hijos

«Nuestra situación profesional es complicada», explica Onsés, en conversación telefónica con ABC desde Tailandia, donde se encuentra destinado. Asegura estar «muy molesto con Exteriores, porque no está haciendo nada por revertir la situación y ayudar a los funcionarios del Servicio Exterior, y sobre todo con Hacienda», un departamento al que acusa de haber organizado durante años unos Presupuestos «que nos afectan mucho, especialmente a familias numerosas como la mía». El escrito, presentado ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 12, de Madrid, sostiene que la normativa vigente —una Orden Ministerial de 2001 que fija un tope de 3.906 euros por hijo y año y limita la compensación al 60%— ha quedado obsoleta, hasta el punto de no cumplir la función para la que fue creada: garantizar a los hijos de los funcionarios españoles una educación equivalente a la española en países donde la oferta pública es inexistente, inadecuada o directamente inasumible para el bolsillo de sus padres.

Onsés, que tiene tres hijos y antes de trabajar en Tailandia estuvo en Mauritania, describe en la demanda escenarios educativos que poco tienen que ver con la realidad española: un sistema público en árabe y de carácter confesional islámico en Nuakchot, o un modelo íntegramente en tailandés y con fuerte impronta religiosa en Bangkok. «No es lo mismo un funcionario que va solo que alguien con tres hijos», resume. En ambos países, la única alternativa homologable han sido centros internacionales de la red francesa AEFE, más asequibles que la media de los colegios internacionales, pero aún así muy por encima de las cantidades que cubre la normativa española. «Una escuela cuesta 3.900 euros al mes. Es imposible», sentencia. El resultado, argumenta, es un perjuicio económico continuado que le ha obligado a asumir de su bolsillo la mayor parte del coste educativo.

La demanda de Onsés, sin embargo, va más allá del caso personal. Acusa al Estado de incurrir en inactividad normativa lesiva al no actualizar en más de dos décadas una regulación que afecta a un derecho fundamental —el derecho a la educación— y que, además, provoca una discriminación entre los hijos de funcionarios destinados en España y los que acompañan a sus padres al extranjero. «Básicamente, el Estado te manda al exterior y te dice: 'espabílate'», afirma. El escrito subraya que mientras otros complementos y dietas sí se han revisado, la ayuda escolar se mantiene congelada desde 2001 pese a una inflación acumulada en torno al 75% y a un incremento exponencial del coste de la educación internacional.

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El funcionario reclama una indemnización de 38.095,84 euros, que corresponde a la diferencia entre lo gastado realmente en los cursos 2020 a 2025 y lo que la Administración ha abonado aplicando el límite reglamentario. Además, solicita que el Juzgado declare inaplicable en su caso el tope del 60% por carecer de «cobertura legal suficiente» y vulnerar principios constitucionales como igualdad, buena administración y protección de la familia. «Lo que pedimos es justo lo mismo que exigimos a los demás», señala, recordando que España obliga a cualquier extranjero que quiera residir legalmente aquí a acreditar un mínimo de ingresos por hijo, mientras la administración española no garantiza ese mismo estándar cuando desplaza a sus propios funcionarios fuera.

También pide que Hacienda aporte los informes y estudios que supuestamente justificarían la falta de actualización de la norma —documentación que, según la demanda, no existe—, lo que reforzaría la tesis de una política arbitraria sostenida por inercia administrativa. «Si Hacienda se niega a sentarse a negociar, todo se va retrasando y hay gente que lo sufre mucho», lamenta.

En paralelo, la queja que presentó ante el Defensor del Pueblo fue admitida a trámite en un inicio, algo poco habitual y que Onsés interpretó como signo de que podía haber indicios de mala administración. Sin embargo, cuando presentó el contencioso, «se desentendieron», asegura. La Secretaría de Estado de Función Pública también se declaró «no competente», algo que él considera «totalmente falso».

Onsés insiste en que no se trata de elegir colegios exclusivos, sino de garantizar un mínimo de continuidad pedagógica para los menores, quienes «están obligados a llevar esta vida sin haberla elegido». «Mis hijos no han ido al cine hasta llegar a Tailandia porque antes no había cines donde vivíamos», relata para ilustrar el grado de precariedad en algunos destinos. «Los chavales sufren. Europa lo tiene cubierto; nosotros, no». El caso, pendiente ahora de resolución judicial, podría sentar un precedente relevante para los más de 1.500 funcionarios españoles del Servicio Exterior que viven con sus familias alrededor del mundo.

El testimonio de Onsés apunta a un problema estructural que, a su juicio, limita incluso la carrera profesional del personal del Servicio Exterior: «En Ginebra hay diplomáticos que no se llevan a sus hijos porque no pueden vivir con esos costes. Eso limita la carrera profesional», explica. Quienes tienen familia, no pueden irse a destinos como Washington o Singapur, por ejemplo, donde las guarderías rondan los 3.900 dólares. A toda esta problemática se suma la situación de los cónyuges de los funcionarios del Servicio Exterior: la mayoría, por acompañarles, no pueden sostener en el tiempo una carrera profesional propia, lo que supone solo un sueldo en la familia y que las parejas de estos funcionarios no coticen a la Seguridad Social porque el sistema tampoco regula esta situación.

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La sensación de abandono institucional abarca toda la conversación: «Así va todo. Y uno se cansa. O lucho o tendré que irme a la empresa privada o al Servicio Exterior Europeo», afirma. No se trata de un caso aislado, la problemática de los costes de la educación de los hijos es algo que afecta a muchos funcionarios del Servicio Exterior y muchos de ellos acaban optando por abandonar la administración española ante la falta de condiciones mínimas. ABC se ha puesto en contacto con algunos ellos –gran parte miembros de la Carrera Diplomática– y, aunque hay casos especialmente sensibles, como el de una embajadora con una hija discapacitada que necesita una educación especial y que no recibe ninguna ayuda, todos han declinado aparecer en este reportaje por miedo a las represalias que puedan sufrir dentro de un Ministerio de Asuntos Exteriores donde, ahora mismo, cualquier movimiento lo interpreta el ministro José Manuel Albares como una ofensa personal.

Antes que Onsés, otros dos diplomáticos acudieron a los tribunales para denunciar esta situación, pero se quedaron por el camino, entre otras cosas por el coste económico que suponía mantener la batalla judicial hasta el final. Onsés, sin embargo, no tiene previsto detenerse en esta primera demanda por la indemnización de educación y prepara dos más: la del billete de arraigo y otra por las cargas familiares, que responden al impacto económico real de mantener hijos en cada destino y cuyas compensaciones no se actualizan.

El billete de arraigo lleva doce años suspendido en los Presupuestos Generales, lo que obliga a muchas familias a costear de su bolsillo los viajes anuales a España, un derecho que sí disfrutan funcionarios de otros países europeos. Los tres hijos de Onsés, prácticamente no conocen España porque «supone un pastizal» que no se puede permitir.