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Mallorca «acorrala» a la oferta ilegal con más de 3.000 inspecciones en establecimientos turísticos este verano

El gobierno insular del PP y Vox arranca una campaña intensiva contra el alquiler vacacional irregular para conseguir un turismo «más ordenado, legal y sostenible»

Baleares prohíbe nuevos alquileres turísticos en edificios plurifamiliares en todos los municipios

La directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, junto con el consejero de Turismo del Consell de Mallorca, Marcial Rodríguez. CIM
Mayte Amorós

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Mallorca tiene desde esta semana 17 inspectores dedicados exclusivamente a combatir el alquiler vacacional ilegal. El Consell de Mallorca acaba de inaugurar su campaña estival para combatir la oferta turística irregular en la isla, un plan de actuación que incluye más de 3.000 inspecciones en establecimientos turísticos. El objetivo es «acorralar a quien actúe al margen de la legalidad«, avisó el consejero insular de Turismo, Marcial Rodríguez.

La campaña arranca con importantes novedades, ya que se aplicará por primera vez el contenido del nuevo decreto turístico aprobado por el Gobierno balear. Una normativa que permite actuar sobre negocios que no han estado operativos en los últimos tres años, revisar los estándares de calidad de los alojamientos legales y verificar la veracidad de las declaraciones responsables de inicio de actividad.

Rodríguez explicó que si se detectan irregularidades en estas declaraciones, no será posible volver a presentarlas. «Esto nos permite no sólo aplicar la nueva normativa, sino también cumplir con lo que ya estipulaba la ley de 2017, que hasta ahora no se había implementado adecuadamente», lamentó en alusión al anterior ejecutivo de izquierdas.

Reforzará el cuerpo de inspectores

El dispositivo contará con un equipo de 27 inspectores, de los cuales 17 estarán centrados exclusivamente en combatir la oferta ilegal. La intención es reforzar aún más el cuerpo hasta alcanzar los 30 inspectores.

Del total de actuaciones previstas, el 75% se dirigirá a detectar alojamientos turísticos ilegales, mientras que un 20% responderá a denuncias y reclamaciones ciudadanas. El resto de inspecciones se centrará en la oferta legal, supervisando aspectos como la sobreocupación, el cumplimiento de requisitos de circularidad, el turismo de excesos y la presencia de producto local en los establecimientos.

Rodríguez también destacó la buena relación con plataformas como Airbnb, con las que se mantiene una colaboración fluida para la retirada de anuncios de alojamientos no reglados. «Estamos avanzando adecuadamente en ese frente», aseguró.

Durante 2024 se realizaron 3.569 inspecciones -un 216% más que en 2023- y se abrieron 504 actas sancionadoras a viviendas ilegales, lo que representa un incremento del 25%. Las multas impuestas superaron los cuatro millones de euros. El Consell quiere un turismo más ordenado, legal y sostenible en la isla.

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