El fiscal no ve delito de odio en el «gesto excesivo» de Le Senne (Vox) y pide el sobreseimiento de la causa contra el presidente del Parlamento balear

El pasado 18 de junio la diputada socialista Mercedes Garrido se negó a retirar la fotografía de las Rojas del Molinar que lucía pegada en la tapa de su ordenador durante un tenso debate en el que se abordaba precisamente la derogación de la Ley de Memoria Democrática. El presidente de la Cámara expulsó posteriormente a Garrido y a la diputada Pilar Costa,ambas miembros de la Mesa, después de darles la oportunidad de cambiarse de ropa o de ocupar algunos de los escaños si querían seguir luciendo las prendas. El criterio de Le Senne es que vulneraban la neutralidad de la Mesa, no así las camisetas que lucían casi la totalidad de diputados socialistas desde sus escaños.

En esta línea, el fiscal destaca el contexto en que se sucedieron los hechos y asegura que, según el visionado de los vídeos, se observa una actitud «cordial y con constantes intercambios de palabras y gestos sin mayor consideración» entre Le Senne y las diputadas socialistas expulsadas del pleno por negarse a retirar las fotografías en la Mesa del Parlamento.

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Sostiene que de la visualización de los vídeos y de las declaraciones de los diferentes testigos se trató de un «acto colérico de mala praxis» y una acción «fuera de lugar y absolutamente desafortunada» pero descarta un delito de odio.

Destaca el fiscal como «altamente llamativo» que en la bancada del Parlamento balear sí se exhibían fotos y textos similares «siendo permitido sin mayor problema». También resalta el hecho de que Le Senne no profiriera descalificaciones o insultos en los momentos previos a la rotura de la fotografía ni mientras tiene lugar el «hecho inadmisible».

«Estas circunstancias neutralizan una posible motivación discriminatoria dado que la acción del investigado se centró en las diputadas componentes de la Mesa del Parlamento pero no en el resto de los parlamentarios asistentes que también portaban imágenes que se representaban en la fotografía rota», expone.

El fiscal entiende socialmente el rechazo e indignación de los familiares de las personas representadas en las fotografías, pero concluye que no consta debidamente acreditado que la reacción de Le Senne de agarrar y romper, incluso de forma airada, la fotografía respondiera a una voluntad de lesionar su dignidad ni a una motivación discriminatoria.

En la misma línea de la defensa de Le Senne, el fiscal considera que el presidente del parlamento tuvo este «gesto excesivo, incontrolado y evitable» como consecuencia de que las diputadas socialistas no atendieran sus requerimientos tras llamarlas tres veces al orden, algo que «formaba parte de sus funciones de dirección y orden del debate».

El presidente del Parlamento balear, que declaró el pasado mes de septiembre ante un juez por estos hechos, sostiene que su actuación estaba enmarcada dentro de la intención de dirigir el debate y de mantener el orden y el decoro del parlamento, pero «no quería humillar o menospreciar a nadie».

Los hechos se remontan al tenso pleno del Parlamento balear en el que se tomaba en consideración la derogación de la Ley de Memoria el pasado mes de junio. Las diputadas socialistas Pilar Costa y Mercedes Garrido, ambas miembros de la Mesa del Parlamento, mostraron fotos de víctimas republicanas de la Guerra Civil.

Tras la protesta de Vox y PP, Le Senne les pidió que retirasen las imágenes y les llamó al orden tres veces. Las diputadas mantuvieron su actitud y al intentar retirar las fotografías, se rasgó la imagen de Aurora Picornell.

La Asociación Memoria de Mallorca y familiares de varias víctimas denunciaron seguidamente a Le Senne por un presunto delito de odio. Le Senne pidió perdón públicamente por este incidente y alegó que la imagen se rasgó accidentalmente y que no fue su intención romperla sino quitarla de la Mesa del Parlamento para mantener la neutralidad ideológica.

El juez cerró la instrucción contra el presidente del Parlamento balear el pasado mes de diciembre. El juzgado dio diez días a las partes para pronunciarse sobre la continuación del procedimiento. La abogada de Le Senne pidió el archivo de la causa aportando un informe encargado por Vox ante la inconcreción del reglamento del Parlamento balear, abierto a múltiples interpretaciones.