Baleares recurre al Constitucional el reparto de menores inmigrantes no acompañados de Sánchez

Tras el análisis del decreto, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma concluyen que esta normativa supone «un recorte a las competencias autonómicas y afecta a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos sin que el Estado asuma los gastos».

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Juan Casillas Bayo

La Abogacía del Gobierno balear alega que la normativa del Gobierno central contraviene los principios constitucionales de cooperación, coordinación y lealtad institucional, así como la realización efectiva del principio de solidaridad insertado en el artículo 138 de la Constitución, al «imponer un reparto unilateral de menores extranjeros no acompañados sin el previo consenso a la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia».

También cuestiona que este reparto de menores no acompañados se imponga sin que el Estado se haga cargo de los gastos correspondientes, puesto que la cobertura del Fondo al que se refiere la norma es «limitada».

Además, incide en que la compensación por los gastos está supeditada a la «sobreocupación» de los sistemas de protección autonómica, un criterio que la norma condiciona a que se acredite un número de plazas de acogida por encima de la media del total de las plazas existentes al conjunto del Estado por cada 100.000 habitantes «y mientras esta situación perdure, afectaría así al principio de suficiencia financiera autonómica».

Por otro lado, el Gobierno balear considera cuestionable la utilización de la figura del decreto ley, ya que el artículo 86.1 de la Constitución exige una extraordinaria y urgente necesidad para aprobar un decreto ley. Mientras que «la regulación del hecho migratorio no puede calificarse de extraordinario, en tanto en cuanto este fenómeno es una situación estructural y no coyuntural, conocida desde hace años, como lo reflejan los datos oficiales y la propia exposición de motivos del Real decreto ley», expone.

Según la primera estimación, el Ejecutivo central obligaría a Baleares a acoger 58 menores no acompañados procedentes de Canarias, a pesar de que el archipiélago balear se encuentra «desbordado» con los niños y adolescentes llegados en pateras desde la ruta ilegal argelina. En cambio, sólo prevé 27 para Cataluña.

El Ejecutivo de Prohens considera que el acuerdo del PSOE con Junts tiene «motivos políticos» y alerta de que al archipiélago continúan llegando pateras desde la ruta ilegal argelina que el ministro Fernando Grande-Marlaska niega que esté consolidada, mientras el archipiélago balear se ha quedado sin espacios ni profesionales para atender a más.

El Ejecutivo de la popular Marga Prohens lleva meses denunciando que los servicios de acogida de los Consells Insulars, responsables de la tutela de los menores, están saturados con los niños y adolescentes llegados a las islas en pateras desde la ruta ilegal argelina.

Según el porcentaje de plazas de los Consells insulares, Baleares debería ser una comunidad de reparto y no de acogida. La propia consejera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer ya advirtió que «el número es indiferente, hablamos de un problema de falta de capacidad», quien insistió en que «no cabe ni un menor más» ante la falta de espacios y de profesionales para atender a estos menores.