Baleares quiere subir la ecotasa y poner un impuesto a los vehículos turísticos para luchar contra la masificación

El impuesto de turismo sostenible -llamado popularmente ecotasa- subirá hasta un máximo de seis euros en verano -ahora está en 4 euros el tramo más alto y 1,5 en el más bajo- y bajará en invierno. El precio oscilará en cuatro tramos -según la temporada- y en enero y febrero no se abonará.

A su vez, el Ejecutivo de las islas ha informado de que la tasa para los cruceristas se triplicará en los meses de verano (junio, julio y agosto), pasando de 2 a 6 euros, mientras que los residentes estarán exentos. Esta exención será posible gracias a la creación de una deducción autonómica de hasta 250 euros que permitirá devolver esta tasa a los residentes en su declaración de la renta.

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Como ya se ha avanzado, el gobierno autonómico del Partido Popular también tiene previsto crear un impuesto nuevo y pionero para los vehículos turísticos, lo que afectará principalmente a los 'rent a car' y a los turistas que viajen con su coche al archipiélago, para compensar el impacto de las emisiones y aliviar la congestión en las carreteras.

El impuesto se aplicará tanto a los vehículos particulares que circulen de forma temporal durante un tiempo inferior a seis meses como a los de alquiler sin conductor que no consten en los registros no turísticos. La tarifa, a su vez, variará en función de las emisiones y del tiempo de circulación entre los 30 y los 80 euros, y la recaudación iría exclusivamente destinada a inversiones en transporte público y movilidad sostenible. No obstante, el nuevo gravamen está pendiente de negociación con las navieras, los 'rent a car', las entidades económicas y los partidos políticos. Y, en todo caso, el nuevo impuesto debe aprobarse por ley, así que no podría entrar en vigor antes de 2026.

Por otro lado, el paquete de medidas antisaturación endurece la lucha contra la oferta de turismo ilegal. Se obligará a los portales comercializadores a exigir el número de registro del alojamiento a comercializar y se responsabilizará de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras. Las sanciones, a su vez, aumentan un 25%, con multas de hasta 500.000 euros.

El Gobierno balear, no obstante, rebajará la sanción hasta un 80% cuando estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social a precio limitado, en cuyo caso, el beneficiario de la renta será la administración. Por otro lado, se plantea la prohibición de nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares y elevar las exigencias de calidad para la renovación de las ya existentes.

Todas estas propuestas tendrán que ser aprobadas en el Parlamento balear, donde, hay que recordar, el PP gobierna en minoría con 25 diputados más el escaño de Formentera y necesita 30 para alcanzar la mayoría.

La propuesta surge después de cerrar la primera fase del pacto de sostenibilidad, que el Gobierno balear inició en mayo de 2024. Exactamente, el 22 de mayo se constituyó la mesa del pacto social y político para la sostenibilidad económica, social y ambiental de Baleares. A la primera reunión acudieron más de 140 entidades de diferentes ámbitos de la sociedad balear. Allí se abrió una fase de diagnóstico que incluyó una recogida de propuestas con un proceso popular y la creación de varios grupos de trabajo.

La semana pasada concluyó esa primera fase y ahora se inicia una ronda de propuestas en la que el gobierno planteará estas medidas, que tendrá que negociar en el Parlamento regional.

No será fácil para Prohens sacar adelante este paquete de medidas antisaturación por la particular ruptura con Vox, que no se muestra proclive a subir la ecotasa o a crear nuevos impuestos. Por su parte, la izquierda, que en ocho años apenas tomó ninguna medida contra la saturación turística ni tocó la ecotasa, ahora plantea subidas de incluso el doble de la tarifa actual.

Desde el inicio de legislatura, la presidenta regional Marga Prohens admite sin ambages que hay saturación en el archipiélago y es el momento de poner «límites», aunque matiza también que es un fenómeno que no es generalizado ni se produce todo el año, ni siquiera durante toda la temporada alta.

A pesar de que en su primer año de legislatura ha abanderado la bajada de impuestos y ha hecho una reforma fiscal profunda, Prohens propone ahora crear un nuevo impuesto y subir la ecotasa, un impuesto al cual el PP se oponía antes de su llegada.

La líder regional ha captado la incomodidad que genera el turismo entre los residentes y entiende que la sensación de masificación es un fenómeno muy transversal, que ya no queda limitado a sectores minoritarios o de la izquierda, como ocurría hasta hace unos años. En 2024 hubo dos manifestaciones multitudinarias contra los efectos negativos del turismo en Baleares que reivindicaba «Turismo sí pero no así».

Las reacciones no se han hecho esperar. La Federación Hotelera de Mallorca se opone al incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS) al considerar que tendrá un impacto directo en la capacidad de gasto de los turistas, especialmente en los comercios, la restauración y el ocio. Los hoteleros de Mallorca sí ven con buenos ojos, en cambio, las medidas contra la oferta ilegal y la prohibición de crear más plazas de alquiler vacacional en edificios plurifamiliares, si bien han lamentado «falta de valentía» en este último aspecto.

Desde la patronal de coches de alquiler Baleval califican el nuevo impuesto a vehículos turísticos de «discriminatorio y recaudatorio», y advierten de que no conseguirá descongestionar las carreteras de las islas. Según explican, los coches de alquiler «no son los causantes de los atascos», ya que representan un porcentaje bajo del total del parque circulante.

Por su parte, la secretaria general del PSOE balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien gobernó dos legislaturas consecutivas en Baleares y no subió la ecotasa, no desvela si apoyará las medidas de Prohens, a la que acusa de no saber «por dónde tirar» para hacer frente a la masificación turística. «Podré decir si votaremos que sí o que no cuando el PP las presente en el Parlamento balear, de momento no hay ninguna presentada y la responsabilidad es suya».