Baleares se personará en el 'caso Koldo' como acusación y reclamará todo el dinero pagado por Armengol
El Gobierno de Marga Prohens ve «elementos suficientes» para actuar como parte afectada en el procedimiento judicial y denuncia que las mascarillas se dejaron caducar en un almacén
Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior, pero mantiene por el momento su acta como diputado
El Gobierno balear que preside la popular Marga Prohens se personará en el procedimiento penal abierto en el 'caso Mascarillas' que investiga el presunto pago de comisiones al asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma ... está preparando la documentación para que el Ejecutivo e persone como acusación y parte afectada, tras analizar toda la documentación y detectar que hay «elementos suficientes». Según ha anunciado este lunes la presidenta Prohens, reclamará no los 2,6 millones de euros de sobrecoste que constan en el expediente abierto sino el importe total del polémico contrato, que asciende 3,7 millones de euros.
«El Gobierno balear tiene la voluntad y la responsabilidad de analizarlo todo y colaborar con la justicia», ha declarado Prohens, quien quiere «llegar hasta el final y contestar a todas las preguntas que se plantean los ciudadanos y que merecen una respuesta». Paralelamente, el Servicio balear de Salud (IB-Salut) ha anunciado que hará una auditoría sobre la compra de estas mascarillas.
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En plena pandemia, en mayo de 2020, el Gobierno entonces liderado por Francina Armengol abonó 3,7 millones de dinero público por un lote de 1,4 millones de mascarillas en 2020. Lo hizo con un contrato a dedo a la empresa Soluciones y Gestión de Apoyo a Empresas, ahora investigada por la Guardia Civil. Las mascarillas proporcionadas en este pedido resultaron no cumplir con los estándares de calidad -eran quirúrgicas y no FPP2- y se guardaron en un almacén durante más de tres años sin hacer la pertinente reclamación.
No fue hasta pasadas las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 y tras perder el gobierno regional cuando el ejecutivo de Armengol inició una reclamación de 2,6 millones de euros por un sobrecoste en el precio de estas mascarillas. Lo hizo el 6 de julio de 2023 el mismo día que la popular Marga Prohens era investida presidenta de Baleares y cuando Armengol estaba de salida.
El actual director general del IB-Salud, Javier Ureña, ha insistido este lunes en la necesidad de saber por qué las mascarillas que se recibieron no se utilizaron y se permitió que caducaran.
El PSOE balear no aclara con quién del Ministerio cerró el trato, y defiende que su gestión fue impecable. Mientras tanto, la socialista, actual presidenta del Congreso de los Diputados, mantiene silencio desde que estalló el 'caso Koldo'. «Un silencio que dice más de lo que puede verbalizar», le recriminan desde el Partido Popular de Baleares, que acusan a Armengol de seguir la «técnica del avestruz» desde hace cinco días.
El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, reclama a Armengol que «dé la cara» y explique quién y cómo se puso en contacto la empresa vinculada a la trama investigada con su Gobierno, si medió directamente con Koldo García o con el exministro Ábalos, por qué tardó tres años en reclamar a la empresa, por qué tardó un año tras la caducidad de las mascarillas en efectuar la reclamación y por qué no formalizó la reclamación hasta el último día del anterior Gobierno«.
Tras una rueda de prensa de urgencia el pasado jueves donde no despejó las principales dudas de la trama que salpica a Baleares, el PSOE balear ha vuelto a insistir este lunes en que el anterior Ejecutivo autonómico, presidido por la socialista Francina Armengol, actuó desde la «máxima legalidad y transparencia» en la contratación de mascarillas.
El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien fuera portavoz del gobierno de Armengol, reconoce que el contrato con la empresa Soluciones de Gestión «partía de un pedido de mascarillas que realizó el Gobierno de España, que fue el que comparte con los gobiernos de Baleares y Canarias, que había un cupo para poner a disposición de estas comunidades«.
El socialista no aclara, sin embargo, por qué no se reclamaron las mascarillas defectuosas hasta tres años más tarde y se limita a defender que lo importante es que la reclamación se hizo independientemente de los plazos. «Esto parece que se ha convertido en una cuestión de plazos, en la que todo el mundo quiere saber por qué este procedimiento se inició en el mes de marzo de 2023 y no antes; cuando lo importante es que se hizo dentro de la legalidad«, zanjó.
También niega «contactos verbales» con la empresa de la trama y asegura que las primeras comunicaciones se hicieron «a través de correo electrónico el 25 de abril del año 2020. Descarta presiones a su gobierno para que éste no iniciara el procedimiento de reclamación a la empresa.
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