Sin agua potable en la comisaría de la Policía Nacional en Manacor: «Es impropio de un Estado moderno»

La denuncia de los representantes sindicales ante la Inspección de Trabajo —interpuesta inicialmente en junio— ha derivado en un informe contundente que da la razón a CSIF en todos los puntos señalados. Entre las irregularidades detectadas, figura no solo la falta de agua apta para el consumo, sino también la existencia de temperaturas inasumibles que se mantuvieron durante todo el verano, debido a una avería prolongada del sistema de aire acondicionado. Según el documento, los agentes tuvieron que desarrollar su labor con termómetros que superaban los 38 grados en el interior del edificio, una circunstancia que vulnera claramente la normativa de prevención de riesgos laborales.

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Tras la intervención de Inspección, el aire acondicionado fue finalmente reparado —estaba estropeado desde el año anterior—, pero el problema del agua sigue sin resolverse, a pesar del requerimiento oficial emitido por la autoridad laboral. A día de hoy, los policías deben comprar de su bolsillo botellas de agua, mientras que los detenidos sí reciben agua embotellada por parte de la Administración. «Es una situación tan absurda como indignante», afirma María Fernández Ramos, delegada sindical de CSIF en la Policía Nacional.

En declaraciones a ABC Baleares, Fernández Ramos insiste en que el problema no es nuevo ni desconocido para el Ministerio del Interior. «Nos dicen que todo depende de Madrid y que no hay dinero», lamenta. No es la primera ocasión en la que se denuncia el estado de la Comisaría de Manacor. Hace dos años, la Confederación Española de Policía ya alertó sobre las condiciones precarias de estas instalaciones, y tampoco entonces obtuvieron respuesta por parte del Ministerio dirigido por Grande Marlaska.

La situación resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta el tamaño y la actividad policial de Manacor, un municipio que supera los 40.000 habitantes y que cuenta con una elevada carga operativa y judicial. Entretanto, el propio Ayuntamiento certificó el 5 de agosto que el agua del edificio no era apta para el consumo humano, y que se trataba de una ausencia de condiciones mínimas para cualquier centro de trabajo, especialmente en el ámbito de la función pública.

Fernández Ramos considera que el episodio refleja un problema más amplio: el deterioro estructural de las infraestructuras policiales en Baleares. «Estamos en 2025 y seguimos viendo cómo a los policías se les niegan las condiciones básicas de higiene y salud. No hablamos de grandes inversiones, sino de servicios esenciales como tener acceso a agua potable. ¿Cómo puede entender el ciudadano que el Estado no sea capaz de garantizar algo tan elemental en una comisaría?».

El sindicato recuerda además que el Real Decreto 486/1997 sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo establece que todos los centros laborales deben disponer de agua apta para el consumo, especialmente en aquellos donde los trabajadores realizan esfuerzos físicos o están expuestos a altas temperaturas. «El incumplimiento no es solo una negligencia: es una vulneración de derechos laborales», subrayan desde CSIF.

La organización exige una solución urgente y advierte de que, si la situación persiste, se estudiarán nuevas medidas legales y movilizaciones. «No vamos a permitir que se normalice esta precariedad. Los agentes de Manacor —y los ciudadanos que acuden a la Comisaría— merecen dignidad, respeto y unos servicios públicos a la altura de un país europeo», afirma la delegada sindical.

Mientras tanto, la Comisaría continúa sin fuentes ni dispensadores de agua potable, seis meses después del aviso oficial, con agentes que deben llevar garrafas desde casa o pagar de su bolsillo las botellas del supermercado. En pleno siglo XXI, y bajo responsabilidad directa del Ministerio del Interior, los policías de Manacor siguen sin poder beber agua del grifo.