«A las niñas prostituidas las mandan a la península para que no hablen»

Quiero volver, porfa / Estoy metida en un lío / Me han intentado prostituir / Te dejo, antes de que se enteren...». Así hasta 20 mensajes de socorro. La mañana de Navidad de 2019 saltaban todas las alarmas cuando una adolescente de 13 años tutelada por los servicios sociales pedía auxilio a su monitora por WhatsApp y denunciaba que había sido víctima de una violación grupal. No era un incidente aislado: el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) reconocía tener bajo su tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual, 15 niñas y un niño. Así estalla el mayor escándalo social de las islas, que destapa la pasmosa inacción y la indiferencia del Ejecutivo balear ante el goteo constante de denuncias de padres, niños y monitores que afirman que los menores estaban peor dentro de los centros que fuera en sus casas. Los monitores y la Policía llevaban años alertando de esta lacra social en informes internos sin que los responsables del IMAS, que tienen la tutela de estos niños, lograran atajarla. Los encuentros sexuales entre los niños y proxenetas se producían en bares y pisos de los barrios más pobres de la capital balear, como Son Gotleu o Corea. El barrio de Camp Redó en Palma, también llamado Corea - ALBERTO VERADecenas de niñas se fugaban y eran prostituidas en Palma a cambio de «una coca cola», dinero, ropa o regalos. «Era un secreto a voces pero nadie hacía nada. El sistema es una mafia y quien da la voz de alarma no vuelve a trabajar en esto en Mallorca», cuenta a ABC un monitor que denunció varias irregularidades en su centro. Poco después le despidieron y no le volvieron a llamar para ningún trabajo. «Cuando volvían al centro con unos zapatos nuevos o un móvil de última generación, sabíamos que se habían prostituido», señala.Largas fugas toleradas La falta de control en los pisos y centros tutelados propiciaba estas fugas. A veces podían pasar hasta seis meses sin denunciar la desaparición de chavales. Incluso había familias a las que no se les informaba de que sus hijos estaban desaparecidos. «Las empresas que gestionan estos centros seguían cobrando su dotación económica durante ese tiempo y, pasado medio año, llamaban a la Policía para recuperar su paga», alertan desde la asociación Infancias Robadas.Las denuncias de explotación o abusos sexuales de menores y las constantes fugas eran comunicadas por los trabajadores, pero «se minimizaban cuando llegaban arriba porque los responsables preferían mirar a otro lado», asegura el presidente de la asociación Consubal, Alfonso Rodríguez. Él opina que el problema es que el IMAS no posee estructura ni capacidad para atender a todos los niños –unos 300– que tiene bajo su custodia y concede la gestión a entidades externas mediante un concurso, sin controlar que se cumplan las condiciones. Javier de Juan, presidente del IMAS - ALBERTO VERALa asociación tiene constancia de que desde 2014 la Guardia Civil investigaba casos de prostitución de menores. «Lo sabía todo el mundo pero nadie quería hablar», advierte Rodríguez, que cree que lo más grave de este escándalo social «ha sido y es la pasividad de las administraciones». Una menor ingresada en el centro El Temple de Palma que quiere guardar el anonimato reconoce que existía una presunta red de chicos de centros que captaba a otros menores tutelados de entre 14 y 16 años. «Se los llevaban y les daban droga para que se olvidaran de dónde estaban o lo que habían hecho», confiesa. Ella asistió a dos fiestas donde entraban en contacto con proxenetas en Corea y Son Gotleu: «Te ofrecían drogas, joyas y decían que si te fugabas te podían dar libertad. Muchas compañeras veían algo normal acostarse con alguien para salir de su vida cotidiana y les daba igual el precio que tenían que pagar».La Fiscalía de Baleares ha descartado la existencia de una red de prostitución, aunque reconoce casos graves aislados. Francina Armengol, presidenta balear - EFE«Esto no es prostitución, es un 'modus vivendi'. Estas niñas son sacadas de sus casas y provienen de familias disfuncionales, generalmente monoparentales. No tienen autoestima, no tienen referentes, no tienen límites y no les han enseñado a respetarse. Para ellas, su cuerpo es un objeto más», aclara Infancias Robadas, que alerta que la falta de recursos y la violencia institucional implantada en el actual sistema de tutela de menores son «aberrantes». En 2019 hubo nueve casos más y en 2020 se detectaron dos. Ese año, el IMAS puso en marcha una comisión insular y se creó un Comité de Expertos independiente. También creó el primer centro para víctimas de explotación sexual comercial infantil y adolescente (ESCI) y se ha formado al personal en el tratamiento de víctimas. Además, se creó el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Mallorca y la Comisión de Familias Adoptivas de Mallorca. «Lo único que han hecho es quitarse a las menores de en medio», asegura Infancias Robadas, que afirma tener constancia de que al menos siete de las 16 menores explotadas han sido trasladadas a la península «para que no hablen y quitarse el problema de encima». Los 16 casos de explotación sexual infantil son la punta del iceberg. La denuncia de un educador a finales de noviembre de 2020 alertando de abusos sexuales, felaciones, fugas, consumo de drogas y celdas de castigo ilegales en dos centros de menores en el norte de Mallorca destapó una dimensión más grave. El problema no estaba solo fuera, sino también dentro de esos muros. En su relato a la Policía, el educador explicó que el director de uno de los internados acompañaba a los menores en las visitas con el IMAS presuntamente con el objetivo de evitar que hablaran libremente y que el subdirector solía entrar a la habitación de una menor más de una hora diciendo que iba a limpiar. Según el parte de denuncia al que ha tenido acceso ABC, se hacían contenciones agresivas y el papel de control del IMAS era muy mejorable. Había pocas inspecciones y se sospechaba que no eran por sorpresa sino pactadas. Pese a la gravedad de las denuncias, no se conoce ninguna actuación al respecto por parte de la administración.El IMAS y su presidente, Javier de Juan, han declinado hacer declaraciones sobre este caso y se remiten al informe político con el que el Consell de Mallorca trata de zanjar la polémica afirmando que no hay responsables políticos y que la culpa es de la sociedad.Hace unas semanas, Consubal presentó una demanda en la Oficina Anticorrupción contra el presidente del IMAS, Javier de Juan; la directora de Menores y Familia del IMAS, María de los Ángeles Fernández; el vicepresidente de la institución, Jaume Tortella, y contra el hasta ahora Defensor del Menor y el Adolescente, Serafín Carballo (acaba de ser destituido por no ponerse la vacuna contra el Covid), por los supuestos abusos sexuales a una menor de 14 años con una discapacidad intelectual por parte de otro menor en el centro de menores El Temple de Palma. Según Consubal, el Consell de Mallorca tardó seis meses en presentar la denuncia ante la Policía Nacional y lo hizo después de que la asociación pidiese explicaciones al IMAS. La respuesta interna de la gerente de El Temple ha sido «desacreditarnos», lamenta Rodríguez. En el correo, al que ha tenido acceso ABC, la gerente informa a los trabajadores de que ha recibido el apoyo de IMAS y del Defensor del Menor, y que «por suerte, los medios no han contactado» con el centro pero, si lo hacen, ordena mantener el silencio. «Hay un correo de un trabajador del IMAS, de identidad desconocida porque firma con su número de trabajador, que califica la denuncia de asquerosa desde su correo corporativo».La tutela como 'negocio'Desde la asociación Ardip llevan tiempo advirtiendo de que menores tuteladas eran violadas y se prostituían, pero sus denuncias nunca prosperaron. Su presidente, Antonio Estela, se queja de que tanto el TSJB como la Fiscalía de Menores le respondieron que no tenían competencias. «Le pedimos que revisara los trabajadores, que no están formados ni están colegiados pero hicieron caso omiso, mientras los responsables del IMAS lo negaron todo», señala. Además, según Estela, el Consell de Mallorca ha convertido el área de Menores en un «negocio ilegal» que mueve miles de euros y del que se benefician tanto los propietarios de los centros que gestionan de forma externa las adopciones temporales como las familias de acogida. Habla de «robo de menores arrebatados de sus padres sin justificación», de abuso de autoridad por parte de funcionarios y técnicos del Consell que hacen de la adopción temporal de niños un lucrativo negocio gracias a las ayudas económicas por niño, sostiene indignado. Su asociación ha pedido sin éxito que se revisen los expedientes, «uno por uno». El IMAS recibió el año pasado un presupuesto de 213 millones de euros, de ellos 39,2 para el área de menores. Solo a El Temple le dio 2,2 millones para acoger a 40 niños. «¿Qué te quiero decir con eso? Que es un negocio», apunta Consubal, que sospecha que El Temple no es el único centro que incumple las condiciones del contrato recortando en personal y contratando trabajadores sin formación específica. Lo mismo opina Infancias Robadas: «¡Es un negocio rotundo! La UE da entre 3.000 y 12.000 euros por niño al Estado y este, como no se puede hacer cargo, lo delega a empresas que no tienen personal cualificado. Son trabajadores con contratos de seis meses que van cambiando constantemente por las condiciones o porque no todos aguantan ocho horas con estos chicos. Así es como los menores no consiguen tener un referente. Salen del colegio y no vuelven al centro», apunta en la misma línea la portavoz de Infancias Robadas, que lamenta la falta de cariño hacia estos niños. «Si recibieran amor no se fugarían». Un año y medio después de que saltara el escándalo, el Gobierno balear de la socialista Francina Armengol y sus socios de Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca siguen negándose a hacer una investigación en profundidad. A cambio, se montó una comisión política que concluyó que no había responsables políticos y trasladaba la culpa a la sociedad. Nadie ha dejado el cargo. La frase de Javier de Juan negándose a marcharse ya es historia: «Dimitiría ahora mismo si de eso dependiera el fin de estos casos» pero «por desgracia de mi dimisión no depende el fin». Carpetazo parlamentario El escándalo desató la mayor crisis institucional del llamado Pacto de Progreso, que aún dura. La presidenta Armengol se fue a un viaje a India para evitar que la tormenta le salpicara y no compareció en el primer pleno en el Parlamento balear. Su discurso se ha limitado a hacer un llamamiento a la sociedad para acabar con esta práctica y pedir más recursos al Gobierno. Los socios nacionalistas de Armengol apoyaron una comisión de investigación en el Consell de Mallorca, secundando al PP, Ciudadanos y el PI, pero el PSOE y Podemos lograron que mutara en una comisión de expertos que no ha aclarado nada y que ha costado 30.278,73 euros. Las críticas por este fracaso obligaron a montar una Comisión Política, integrada por representantes de todos los partidos con excepción de PP y Vox, que se negaron a participar por considerarlo un paripé. La Comisión se cerró recientemente y dio carpetazo al asunto eximiendo de toda responsabilidad política a los cargos del Consell de Mallorca. La gravedad de los abusos sexuales a menores tutelados en Baleares también ha llegado al Parlamento Europeo. El pasado mes de febrero la Eurocámara pidió al entonces vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la consejera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, que dieran explicaciones. La respuesta fue que los casos de abusos que se conocen son remitidos a la Justicia. Los niños continúan recibiendo ofertas por sus cuerpos y siendo vulnerables. Hace solo unos días, una menor tutelada de 14 años que se fugó del piso tutelado denunció que un menor no acompañado argelino de 17 años le proporcionó cannabis y la llevó a un piso okupa del Polígono de Levante de Palma, donde supuestamente la violó. El escándalo no cesa.

«A las niñas prostituidas las mandan a la península para que no hablen»

Un insólito pacto político ha tapado el escándalo de los menores tutelados por el Gobierno balear. Tras destaparse la existencia de al menos 16 casos de prostitución en diciembre de 2019, un informe político concluyó que la culpa es de la sociedad

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