Los vericuetos del «Palma Arena»

En un primer momento se investigaban únicamente las causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, que fue inaugurado oficialmente en marzo de 2007, en el último tramo de la legislatura que en Baleares presidió el popular Jaume Matas. El presupuesto originario del velódromo era de 47,7 millones de euros, pero finalmente acabó costando unos 110 millones. La Fiscalía Anticorrupción sospechaba ya entonces que una parte del supuesto desvío de fondos que se estaba analizando podría haberse dedicado a financiar la campaña electoral del PP balear en 2007. Es una de las líneas de investigación que continúan abiertas.

Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma e instructor del caso, José Castro, decidió en septiembre de 2009 incorporar al sumario las diligencias informativas realizadas en el marco de otra investigación, que, en principio, no tenía nada que ver con ésta: la denominada «operación Buckingham». En esta segunda causa, la Fiscalía Anticorrupción intentaba averiguar si el incremento patrimonial de Matas entre 2003 y 2007 fue debido a alguna actuación de carácter irregular.

En este sentido, las investigaciones previas se habían centrado en la compra —por parte de Matas— de uno de los pisos de una antigua finca señorial de Palma, conocido coloquialmente como «el palacete», que fue adquirido en 2006 por unos 900.000 euros, cuando su valor real era, al parecer, de unos 2,5 millones.

El juez Castro imputó a Matas y a su esposa, Maite Areal, en el «caso Palma Arena» en octubre de 2009. En noviembre y en diciembre —el día de Nochebuena— de ese año hubo sendos registros judiciales en la casa del matrimonio. En esa época, varios contratistas testificaron haber hecho trabajos de reforma cobrados en efectivo y sin factura.

Matas y Areal prestaron declaración en marzo del pasado año, así como el cuñado de Matas, Fernando Areal. En su comparecencia, Matas negó todas las acusaciones, incluida la de haber recibido sobornos de José Luis Moreno para la adjudicación de contratos televisivos en el canal autonómico, IB3. Matas solo reconoció haber pagado la mayor parte de la reforma de su casa con fondos procedentes de ingresos económicos de un alquiler no declarados a Hacienda.

El magistrado impuso al ex presidente una fianza de tres millones de euros para eludir la cárcel, además de otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la presencia cada 15 días en los Juzgados.

Fue el pasado junio cuando el juez decidió dividir este caso en 25 piezas, una de ellas relativa a las supuestas irregularidades en la contratación de Santiago Calatrava para la realización del anteproyecto de un futuro palacio de la ópera en la capital balear. Otras piezas hacían referencia a la contratación de Maite Areal como relaciones públicas en un hotel, la campaña de publicidad del campeonato mundial de ciclismo en pista celebrado en 2007, el patrocinio de este evento por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) o el cobro de comisiones. Castro decidió hacer dicha división de unos hechos que consideraba «conexos entre sí» pero en «fases muy dispares de investigación».

Desde entonces, han sido imputados en el «caso Palma Arena», además, el ex consejero de Turismo, Joan Flaquer; los ya citados Moreno y Calatrava, o el propietario de la cadena hotelera Grupotel, Miquel Ramis, que en 2007 contrató a Maite Areal como relaciones públicas del Hotel Valparaíso de Palma, labor por la que Areal cobró unos 60.000 euros brutos en total. Areal trabajó sin contrato.