Baleares prohíbe nuevos alquileres turísticos en edificios plurifamiliares en todos los municipios

Son algunas de las principales novedades contempladas en el nuevo decreto ley para la contención turística -pactado entre PP y Vox- que este martes se ha validado en el Parlamento balear gracias al apoyo de Vox. El Gobierno de la popular Marga Prohens renuncia, de momento, a subir en verano el impuesto de turismo sostenible -la conocida ecotasa- por exigencia de su socio parlamentario, con quien sigue negociando un posible pacto presupuestario con las cuentas de 2024 prorrogadas.

A cambio, la líder regional del PP consigue sacar adelante uno de los decretos estrella de esta legislatura con el apoyo de Vox, tras suavizarse las relaciones entre ambos partidos después de la intervención de una emisaria del círculo de confianza de Santiago Abascal.

La desescalada de tensión entre PP y Vox se ha gestado en dos tiempos. El mes pasado con la aprobación del decreto de vivienda, otro de los grandes proyectos del ejecutivo regional. Y este martes, dando luz verde a la normativa turística. Un decreto que ha sufrido modificaciones para contentar a Vox, y que cuenta con la oposición en bloque del PSOE, los nacionalistas de Més y Podemos.

Uno de los puntos que más ha soliviantado a la izquierda es que el Gobierno balear mantenga las cerca de 90.000 plazas de alquiler vacacional, que fueron autorizadas en la anterior legislatura gobernada por la socialista Francina Armengol con sus socios nacionalistas y Podemos, y que ahora desde la oposición exigen su decrecimiento.

La normativa sí contenta a Vox, que se congratula de que el texto aprobado este martes no es el mismo que presentó el PP, tras haberse eliminado «medidas intervencionistas y restricciones encubiertas» que, a su juicio, perseguían «contentar a la izquierda y a los separatistas».

Hoy el turismo se defiende, se respeta y se impulsa», ha celebrado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, apuntándose el tanto de la supresión de la subida de la ecotasa anunciada por Prohens, que se quedó sola en esta medida. El PSOE, que no aumentó este impuesto cuando gobernaba, ahora le parecía que era una subida insuficiente.

El Gobierno balear constituyó el año pasado una mesa de diálogo político y social por la sostenibilidad a la que convocó a todos los sectores implicados para dialogar y consensuar el camino hacia un cambio de modelo turístico que la propia presidenta reconoce que ha llegado a su «límite». Prohens ha sido sensible a las manifestaciones que se han sucedido en el último año contra los efectos negativos del turismo, aunque matizando que la saturación es «puntual».

El PSOE abandonó este foro social de debate sobre el turismo, que calificó de «pantomima», argumentando que el Gobierno balear no estaba tomando medidas contra la saturación.

Casi un año después del análisis, el decreto se convalida en el Parlamento balear. El consejero de Turismo, Jaume Bauzà, ha defendido que el objetivo de esta norma es apostar por la calidad de la oferta turística en el archipiélago y poner «orden» dentro de un «marco claro de contención estricta», en contra de la oposición que reclama decrecer.

El decreto prohíbe nuevas plazas de alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares en el conjunto del archipiélago, no sólo en Palma y la isla de Ibiza donde ya estaban limitadas. Es una medida «clara y necesaria para garantizar la convivencia» en los edificios plurifamiliares, según ha defendido el responsable de Turismo.

La normativa reactiva también el intercambio de plazas entre particulares -pero sin permitir que haya un crecimiento de las actuales plazas-, y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda exclusivamente para uso residencial, mientras los Consells insulares fijan su techo de plazas y capacidad de carga para levantar la actual moratoria de plazas en vigor ejecutada por el anterior gobierno de la socialista Francina Armengol.

«El intercambio de plazas será una por una», pero «el balance final será 0 crecimiento», ha recalcado Bauzá negando que vayan a aumentar ante las críticas de la oposición.

Se creará una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja para garantizar la contención de plazas y evitar su decrecimiento. Pero será una bolsa de plazas «transitoria» que funcionará como un «instrumento de control» para gestionarlas mientras los Consells insulares de cada isla definan cuál es su techo de plazas. Con esta bolsa se evita así una «destrucción repentina», ha defendido Bauzá, reivindicando su apuesta por la contención pero no por el decrecimiento.

«No creemos en utopías de decrecimiento, alejadas del tejido productivo. Creemos en las empresas que hacen las cosas bien», ha dicho Bauzá, que defiende un turismo «más competitivo, limpio, digno y alineado con los valores que defendemos».

Otro de los ejes del nuevo decreto ley es la lucha contra la oferta ilegal, para quien habrá sanciones más duras de hasta medio millón de euros. Además, se obligará a los portales comercializadores a exigir el número de registro del alojamiento a comercializar, en el cual se responsabiliza de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras.

Las sanciones aumentarán un 25 % con multas de hasta 500.000 euros. Las muy graves pasan de la horquilla de 40.001–400.000 euros a la de 50.001-500.000 euros; las graves, de 4.001-40.000 euros a 5.001-50.000 euros, y las leves, de 0-4.000 euros a 0-5.000 euros.

No obstante, los propietarios sancionados podrán obtener una rebaja de hasta el 80% de la sanción si destinan su vivienda al alquiler social o al alquiler de precio limitado. En este caso, el beneficiado de las rentas del alquiler será la Comunidad Autónoma. Esta medida está enfocada a sacar vivienda al mercado ante la emergencia residencial actual.

La nueva normativa también recoge el establecimiento del marco de regulación de nuevas zonas saturadas y de reconversión, que podrán ser declaradas por los consejos insulares previa presentación de un plan estratégico de actuación, así como de un régimen extraordinario de modernización de establecimientos para fomentar la modernización de la oferta, que permitirá el aumento de la superficie de establecimientos turísticos hasta un 10 %, sin permitir ni el crecimiento en altura ni tampoco el aumento de nuevas plazas turísticas.

«La flexibilidad urbanística moderada no será barra libre sino que será estricta: Nunca será un aumento de plazas; modernizar sí pero crecer no», ha matizado el consejero de Turismo, que niega que vaya a dar «barra libre» como aseguran los partidos de izquierda, sino que se conseguirá «un turismo más competitivo, limpio, digno y alineado con los valores que defendemos».

Otra de las medidas del nuevo decreto es la posibilidad de intercambio de plazas turísticas vinculado al cambio de uso de alojamientos obsoletos, con lo que se intenta dar respuestas a la falta de vivienda.

Con este decreto se establece un procedimiento extraordinario para transformar establecimientos turísticos inviables o en desuso en viviendas de precio limitado. Además, esta vía podría ser empleada por empresas turísticas que quieran reconvertir edificios para habilitar residencias destinadas a sus trabajadores, respondiendo así a las necesidades de vivienda en zonas de gran presión turística.

El portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta de Baleares de mentir en todo lo que iba a hacer y de «entregarse» a Vox para sacar adelante este decreto. «Dijeron que llevarían el decreto turístico a la Mesa de Diálogo Social; que subirían el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante los meses de junio, julio y agosto; que habría una deducción fiscal del ITS para residentes; que levantarían la moratoria de plazas turísticas cuando los Consells insulares hicieran sus planes territoriales, y no antes; y dijo que habría que empezar a hablar de cómo limitar el alquiler vacacional en pisos turísticos, que ahora blinda«, ha criticado.

Prohens le ha respondido que si no ha podido subir el impuesto turístico es porque no tenía los votos suficientes en el parlamento balear. La presidenta ha arremetido contra el PSOE por «traicionar» con hechos cuando gobernaba en la legislatura pasada. «No diga mentiras y sea valiente. Las 90.000 plazas, suyas, que no suponen ni una plaza más, no hay ni una en plurifamiliares. Sea valiente y diga que lo que quería hacer era cargarse todas las viviendas vacacionales y todo el alquiler turístico de estas islas porque, como dijeron, los turistas solo pueden ir a los hoteles«, ha recriminado Prohens.

Los nacionalistas de Més han insistido en que «si hay exceso de oferta hay que decrecer y no contener, y mucho menos seguir creciendo». Més ha contabilizado que durante los cuatro días del puente del 1 de mayo llegaron 3.000 vuelos y 11 cruceros, mientras el pasado viernes en Mallorca hubo más cruceristas que habitantes tiene Sant Llorenç des Cardassar.

Unidas Podemos ha lamentado que se perderán «muchísimas plazasresidenciales« con las medidas relacionadas con el alquiler turístico.

El PP celebra que «por primera vez» se ponga límites a la oferta turística, al tiempo que recrimina a la oposición que «no adoptara medidas durante los ocho años que gobernaron» mientras ahora «exigen todo lo que no fueron capaces de hacer».