Aviso del Banco de España sobre el gasto en Defensa: mucho a personal y poco a investigación

El último en dar la voz de alarma ha sido el Banco de España en un análisis en el que constata que el gasto en defensa del país es de los más bajos de la Unión Europea, con menos de un 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), mucho gasto en personal y poco en actividades de investigación y desarrollo (I+D).

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Los últimos presupuestos aprobados fueron los del 2023 y entonces el montante destinado al Departamento dirigido por Margarita Robles registró un aumento exponencial, creciendo un 25,8% respecto al año anterior. De los 12.825 millones destinados a Defensa, el apartado que más creció fue el de los denominados programas especiales de modernización (antes programas de armamento), que aumentaron un 72 por ciento respecto a lo presupuestado en 2022.

Desde el Ministerio se argumentó que esta apuesta para materiales para las Fuerzas Armadas suponía «un estímulo» para la industria militar y la creación de empleo. Sin embargo, esto no evitó que el crédito del capítulo 1, el de gastos de personal, siga ocupando casi la mitad del rosco. En concreto, el importe dedicado al personal civil y militar del Ministerio de Defensa representa el 44 por ciento del total del presupuesto, mientras que las inversiones reales alcanzan el 48 por ciento y el gasto de bienes corrientes y servicios el ocho por ciento.

El Banco de España analiza de forma conjunta el gasto en seguridad -en el que engloba defensa, orden público y seguridad- y avisa de que los datos de la Unión Europea y de España son inferiores a los que registran otras potencias mundiales. Y pone el foco en su composición: «presenta una asignación de recursos mayor hacia el gasto en personal y menor hacia actividades de investigación y desarrollo». El organismo incide en que una reasignación del gasto en esa dirección podría generar ganancias «en términos de eficiencia económica». Eso coincide con el discurso del Gobierno de incidir en los beneficios económicos que genera la inversión militar, aumentando la actividad de la industria española y la creación de empleo.

Según el último informe de la asociación de empresas del sector (Tedae), la industria de defensa española facturó un total de 7.139 millones de euros en el año 2022, lo que tuvo un impacto (contribución directa e indirecta) equivalente al 0,7 por ciento del PIB. «Estos créditos (los destinados a programas de armamento) impulsan la mejora del tejido productivo, el talento, la innovación, el avance tecnológico y la competitividad de las empresas, favoreciendo su proyección internacional», reivindicó en el Congreso la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, cuando defendió el último proyecto de Presupuestos presentado por el Ejecutivo.

En cualquier caso, la distribución de estas partidas no está equilibrada, según el Banco de España, que incide en que la parte que se dedica a personal es muy elevada. La solución sin embargo no parece que pase por reducir los gastos del capítulo 1, sino por elevar el total del presupuesto de Defensa para que su porcentaje sobre el total sea menor. Este es el llamamiento que se hace tanto desde la cúpula militar, que reivindica la necesidad de aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas para hacer frente a las amenazas actuales, como desde las asociaciones profesionales, que denuncian los bajos salarios de los militares, sobre todo en comparación con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esto lleva a un escenario de difícil salida, ya que el propio Banco de España reconoce que «atender las demandas de un mayor gasto en seguridad supone una presión adicional sobre las finanzas públicas», en un contexto de elevados niveles de déficit y deudas públicos. El organismo incide en la «la magnitud» que supone el reto fiscal de reforzar los presupuestos de defensa y seguridad de los países de la Unión Europea, por lo que propone un debate exhaustivo, «desde un punto de vista estratégico y económico», para la provisión y financiación conjunta «de este bien público» a escala europea.

El propósito del Gobierno parece que es seguir incrementando el presupuesto militar hasta llegar al ansiado 2% del PIB en el año 2029, tal y como se comprometió Pedro Sánchez, pero esa cifra ha quedado ya vieja en el actual contexto geopolítico. Desde hace ya tiempo los miembros de la Alianza hablan de ese 2 por ciento como el mínimo a alcanzar y señalan objetivos más ambiciosos inimaginables en el presupuesto español. Esta realidad fue visible en la última Cumbre de la OTAN, a la que Sánchez, llegó con España a la cola del gasto en defensa. «Para defender la arquitectura de seguridad en peligro, la OTAN y la UE también deben revisar sus cargas y responsabilidades en ella», avisaba un informe del Real Instituto Elcano.