La Audiencia Nacional plantea juzgar a una presunta organización criminal por un fraude de 194 millones en IVA de hidrocarburos

Así lo indica en un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, que considera que existen indicios suficientes para juzgar a los investigados por presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El juez instructor apunta a los investigados Javier García, Israel Ocaña de Novoa y Javier González como los cabecillas de la organización y «verdaderos arquitectos del fraude fiscal».

Noticia Relacionada

El juez que investiga el presunto blanqueo de Ábalos y Koldo pide al PSOE que informe de todos los pagos en metálico

Carmen Lucas-Torres

Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, envía un requerimiento al partido a raíz de un informe del fiscal en el que se expone que no queda claro el sistema utilizado para pagar gastos adelantados

Respecto al resto de encausados, Calama indica que se dedicaron presuntamente a constituir sociedades y a la compraventa de participaciones entre ellas, «a la captación y coordinación de administradores insolventes, a la confección de facturas, a la creación de cuentas bancarias» o a actuar como testaferros.

El juez señala que «no se han ingresado en la Hacienda Pública las cuotas de IVA resultantes de las operaciones derivadas de las ventas de hidrocarburos correspondientes a los ejercicios 2021 a 2024, ambos inclusive, cuya cuantía asciende a 194.141.486,50 euros».

Con ello, continúa, los investigados habrían conseguido «un mayor beneficio en sus operaciones comerciales de venta, además de una cierta monopolización del mercado al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo, pues la mercancía se vendía por debajo del precio de coste».

Los miembros de la presunta trama criminal «crearon sociedades instrumentales de primer nivel», detalla Calama. Entre ellas, se encontrarían R5 Energía Power y Omega Fuels que, «actuando como suministradoras se encargan de adquirir los hidrocarburos dentro del depósito fiscal con impuestos especiales en régimen de suspensión y exención de IVA», apunta.

El juez explica que después extraían el dinero de ese depósito fiscal, pagando los impuestos especiales, pero defraudando el IVA «mediante la interposición de otras sociedades instrumentales de segundo nivel, que actúan de comercializadoras».

«La labor de estas últimas era trasladar el producto adquirido al cliente final, simulando compraventas reales con facturación falsa con objeto de disimular el fraude», apunta el magistrado.

Respecto al blanqueo de capitales, el instructor ha decidido abrir una pieza separada para el enjuiciamiento separado de este delito, dado que requiere una investigación más prolija, «apareciendo con carácter necesario la expedición de diversas comisiones rogatorias, que ineludiblemente dilatarán el curso de la investigación», apunta en el auto.

Asimismo, archiva la causa principal para dos imputados, si bien advierte de que ambos podrán ser investigados en la pieza de blanqueo de capitales.

El magistrado, que abrió esta causa en julio de 2024 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción, explica en su resolución que la operativa puesta en marcha por los investigados «tiene como objeto evitar intencionadamente el ingreso en la Hacienda Pública del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos».

Cabe recordar que la Audiencia Nacional investiga, además de este, varios casos de presuntos fraudes en el IVA de los hidrocarburos, como el que habría cometido la empresa Villafuel y por el que está imputado el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.