La Audiencia Nacional permite que se reanuden las exhumaciones en el Valle de los Caídos

El mismo juez levanta la medida cautelarísima y no ve necesario adoptar como medida cautelar, de momento, la paralización de los trabajos de Patrimonio Nacional que arrancaron el pasado julio para extraer los restos de víctimas de la Guerra Civil puesto que las exhumaciones se están realizando en un lugar diferente de aquél donde reposan los restos que se intentan proteger, «por lo que no existiría en principio una urgencia cautelar tan inmediata como parece manifestarse».

El juez adoptó la medida cautelarísima y dio tres días a la Abogacía del Estado, en representación de Patrimonio Nacional, para realizar sus alegaciones, que han sido atendidas.

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En un auto dictado este jueves, el juez señala que de dichas alegaciones se entiende que «la actuación material administrativa no afecta materialmente a los derechos que con este recurso pretenden defenderse respecto de los restos la abuela de la recurrente, ni tampoco está previsto que suceda en el futuro, en los términos indicados».

En segundo lugar, indica la resolución, se ha aportado información de que ya ha existido sobre el tema una interlocución escrita de la recurrente con Patrimonio Nacional, donde esta entidad ha respondido a su requerimiento de anulación de las exhumaciones con un escrito de la Gerente.

«El contenido del escrito pone de manifiesto que la actuación de exhumación no puede considerarse efectuada en vía de hecho, sino que existe un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas previos, que constituyen su soporte. En definitiva, si las actuaciones administrativas combatidas no afectan materialmente a los derechos invocados y además no se realizan en vía de hecho, debe levantarse la medida cautelar cuya base jurídica (artículo 136.1 LJCA) se fundaba exclusivamente en esta premisa que se ha revelado infundada», concluye el juez.

Abogados Cristianos, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión. La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, asegura que «Patrimonio Nacional y el abogado del Estado mienten porque existe un informe elaborado por el propio Ministerio de Justicia en 1990 en el que se admite que no se puede saber con certeza la localización de los restos de cada fallecido».

Castellanos señala que «esto es un ataque más del Gobierno contra la libertad religiosa y el Valle de los Caídos ya que el objetivo final es acabar con la cruz, que es la más grande de la cristiandad».