Un error de García-Castellón deja en el aire la imputación de Puigdemont por terrorismo

Los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio admitieron un recurso de apelación de la investigada Marta Molina Álvarez, secretaria de Movimientos Sociales de ERC, e invalidaron todas las diligencias de investigación acordadas por el Juzgado Central de Instrucción 6 posteriores al 29 de julio de 2021, fecha en la que acababa la prórroga de la investigación acordada en enero del mismo año.

La defensa de la política alegó vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías porque el juez acordó prorrogar otros seis meses la investigación un día más tarde de que cumpliera el plazo permitido en la ley, el 30 de julio de 2021 en lugar del 29 de julio.

Los magistrados, en el auto ponencia de Carlos Fraile de ayer, invalidaron todas las diligencias de investigación acordadas a partir del 29 de julio de 2021 para que García-Castellón dicte un auto de sobreseimiento de la causa o proceda contra los imputados si es que hay indicios suficientes recabados antes de esa fecha.

Se da la circunstancia de que la mayoría de las diligencias de la investigación del Juzgado Central 6 en la causa, que comenzó hace cuatro años, se practicaron en los tres últimos, fuera del período acotado por la Sala de lo Penal.

Y el informe de la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil, en el que se basó el magistrado para, por un lado, imputar a la dirigente de ERC Marta Rovira y otras nueve personas por terrorismo y, por otro, elevar exposición razonada al Supremo por el mismo delito contra Carles Puigdemont y el diputado de Esquerra, Rubén Wagensberg -ambos aforados-, fue entregado a la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre de 2023.

Entonces, García-Castellón expuso en su resolución que «las diligencias practicadas en las últimas semanas han permitido corroborar, desde la provisionalidad de este momento, algunos» de los indicios obtenidos en los cuatro años que duró la investigación. También fue el pasado mes de noviembre cuando entró en el Juzgado Central de Instrucción 6 el oficio de los Mossos d'Esquadra relativo a los disturbios que tuvieron lugar en el Aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 tras una convocatoria de Tsunami.

En dicho informe iban incorporados los atestados levantados por el Cuerpo autonómico que revelaron -según explicó Castellón en la razonada-, «el uso de artefactos, sustancias y armas en la acción de bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes»; «el empleo de piedras de gran tamaño provenientes de arrancar el mármol y el granito del suelo que presentaban aristas cortantes; hierros de dos metros de largo proveniente del vallado del edificio; vidrios provenientes del rompimiento de las estructuras del edificio; pirotecnia de gran potencia, extintores vacíos, carros portamaletas, maderas, cristales, vallas, palés, piezas metálicas». E incluso «de un proyectil con el que se lanzaron piezas metálicas», una especie de tirachinas con el que un agente habría resultado lesionado.

Dichos informes aportaron los principales indicios en los que el instructor se basó para ver terrorismo. «El análisis de estos informes permite inferir elementos relevantes en orden a la tipificación como delito de terrorismo», justificó, teniendo en cuenta que «se logró perturbar el servicio de la aviación civil internacional y los servicios del aeropuerto, poniendo en peligro la seguridad del aeropuerto y del tráfico aéreo», se impidió el acceso de los pasajeros a las aeronaves, y existió «un riesgo para la integridad física de las personas». Atribuyó además Tsunami la muerte de un hombre de nacionalidad francesa. Precisamente este último hecho y los disturbios en El Prat son los más graves vistos en la causa, según trasladan fuentes jurídicas conocedoras de la investigación.

Tras la decisión de la Sala de lo Penal de asumir la competencia de la investigación de Tsunami en lo que afecta a Puigdemont y Wagensberg, las consecuencias de la decisión que la Sala de lo Penal ha tomado -principalmente dejar la causa a un paso del archivo- pasan, como las piezas de un dominó, al Alto Tribunal, donde la imputación del expresidente catalán queda en el aire.

Si bien la Sala Segunda ya valoró que había indicios de delito suficiente contra él, fuentes del Tribunal Supremo consultadas por este diario explican que ahora hay que estudiar si las diligencias por las que se obtuvieron se practicaron dentro del plazo que ahora acota la Sala Penal de la Audiencia Nacional a antes del 29 de julio de 2021.

La magistrada Susana Polo es la encargada de la causa de Tsunami, quien el pasado viernes, 5 de julio, acordó preguntar a las partes si veían procedente elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ras la entrada en vigor de la ley de Amnistía. El movimiento llegaba a petición de que las acusaciones populares y a raíz de las dudas surgidas sobre la incompatibilidad de aplicar la norma en casos de terrorismo de acuerdo al derecho de la Unión Europea.

Puigdemont, que sigue fugado de la Justicia española, todavía no ha prestado declaración como investigado por estos hechos, aunque tampoco los imputados en la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación trasladan a ABC que existe jurisprudencia del Supremo tanto a favor como en contra de que se les pudiera tomar declaración en este punto de la investigación si el juez decidiera continuar el caso con indicios anteriores a 2021. Por su parte, fuentes de la defensa aseguran que «no hay base para mantener la causa contra Puigdemont con lo instruido hasta 2021 así como contra los investigados a los que el juez aún no ha citado a declarar.

García-Castellon, según fuentes jurídicas, se encuentra en este momento de vacaciones. Desde mañana, durante una semana, el juez José Luis Calama hará guardia de sustitución y la siguiente semana será Santiago Pedraz quien le sustituya en dicha guardia. El instructor, que tiene prevista su jubilación para los próximos meses, volverá previsiblemente a su puesto el día 22 de julio, antes de retirarse, por lo que las citadas fuentes esperan que sea él quien decida qué hacer después del auto de la Sala Penal.