La Audiencia Nacional evalúa si los hijos de las dos españolas repatriadas desde Siria están adoctrinados

Esta diligencia es un paso más en la investigación que se dirige contra ambas mujeres, en prisión provisional por un presunto delito de integración en organización terrorista. Llegaron a España el pasado mes de enero y junto a ellas viajaban 14 menores: los cuatro hijos de Yolanda y los diez a cargo de Luna, de los que no todos son suyos. Tenía un huérfano acogido.

De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, las exploraciones arrancaron el pasado lunes, cuando fueron tres de los más pequeños, todos menores de ocho años de edad. Acudieron acompañados del educador que vela por sus intereses en uno de los centros de menores de la Comunidad de Madrid a los que parte de estos niños fueron derivados. En el caso de Yolanda, los hijos están al cuidado de los abuelos maternos, que podían hacerse cargo de su situación. Fue uno de ellos quien acompañó al mayor, preadolescente, a su propia evaluación el pasado martes.

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La diligencia, que tiene fuerza de prueba pericial, fue instada por la Fiscalía y acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, al frente del caso. Tiene relevancia tanto para los investigadores como para las defensas de ambas mujeres. Para los primeros, porque permitiría apuntalar la imputación por integración en organización terrorista, que abarcaría el adoctrinamiento de los menores en el ideario radical.

Los informes policiales sobre los menores advertían desde el inicio de la potencial peligrosidad de niños que han sido educados bajo régimen del Estado Islámico en el yihadismo más atroz, aportando entre otros datos que no hablaban castellano y abundantes referencias sobre cómo se adoctrinan menores en la zona ocupada y se utilizan para acciones terroristas de las que presumen en sus canales de propaganda.

Sin embargo, los primeros cinco evaluados no han necesitado intérprete. Ha resultado que el castellano es su lengua porque ninguno llegó a ser escolarizado durante el tiempo que pasaron bajo control del Daesh (alguno nació ya después, en el campo de prisioneros). Ese es el idioma en el que hablaban con sus madres, con las que pasaban prácticamente todo el día y, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, ellas apenas se manejan en árabe. En familia, hablaban en español.

Este hecho, sumado a que ni los centros de menores ni los tutores que tienen bajo guarda a los niños no han notificado incidencia alguna con ellos, permitiría a las defensas insistir en que ninguna de las mujeres tiene el perfil de terrorista radical que se presume en la imputación por integración: ambas marcharon de España con sus maridos y teniendo ya hijos, no se fueron a Siria a contraer matrimonio con un muyahidín para honrar su guerra, como ha ocurrido con mujeres tanto españolas como de otros países de la Unión Europea.

Una de las dos, Yolanda, sostuvo además ante el juez que en su caso la expedición lo fue bajo engaño, de acuerdo a las fuentes conocedoras consultadas por este diario. Se suponía que estaba con su marido y su hijo de vacaciones en Turquía y él, con pretextos, la acabó conduciendo al otro lado de la frontera, un punto de no retorno con un niño pequeño a cargo.

Esta pericial es una de las pocas diligencias que restan para enfilar la instrucción judicial hacia el final, a falta de tomar una declaración que se está gestionando bajo secreto y algún informe policial ampliatorio aún por llegar. Las defensas de ambas mujeres han solicitado ya en más de una ocasión la puesta en libertad porque rechazan que concurra riesgo de fuga, habida cuenta de lo que lucharon para ser trasladadas a España, pero tanto el juzgado como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han rechazado sus pretensiones.

Contra las dos españolas pesaba una orden internacional desde septiembre de 2019 dictada por la Audiencia Nacional, pero ya entonces ellas estaban pidiendo ser repatriadas a España y se difundió un vídeo explicando su situación. Malvivían con los niños en los campos de Al Hol y Al Roj, al nordeste de Siria y bajo control de las milicias kurdas, desde que Estado Islámico perdió el control sobre la parte del territorio en la que habían estado residiendo.

Yolanda, que creció en un barrio rico de Madrid y es hija de católicos practicantes, se convirtió al Islam para contraer matrimonio con el que era su pareja, un albañil de origen marroquí. Tuvieron el primer hijo y se mudaron a Marruecos. Según contaría ella en ese vídeo de 2019, a Siria llegó sin saber, pero les dieron casa y a él, un trabajo como recadero en un tribunal. Para el juez, esa afirmación la delató: «Sólo a los miembros de la organización les cedía una casa y se les daba un trabajo en la administración que el pseudocalifato estaba desarrollando».

Los investigadores sostienen además que «el hecho de que haya permanecido en territorio controlado por Daesh hasta su último bastión en torno a la ciudad siria de Baguz muestra el compromiso inquebrantable de ella y su marido con la causa». Se le atribuye un papel relevante en la captación y radicalización de otras mujeres de combatientes de la brigada Al Andalus a partir de los indicios recogidos en el registro de la casa de uno de ellos, retornado y detenido.

En cuanto a Luna, los indicios se remontan más atrás: «Mientras vivió en España, jugó un rol clave dentro del grupo de las mujeres de los integrantes de la Brigada Al Andalus», donde «ejercía el liderazgo», dice uno de los autos del juez instructor del caso.