La Audiencia Nacional deja en libertad al general del caso Mediador

"Más allá de los hechos delictivos que se le imputan, en base a unos indicios muy sólidos", precisa el magistrado Calama en auto firmado este jueves, "es lo cierto que el señor Espinosa tiene un fuerte arraigo en España-personal y económico- y no hay ningún elemento o indicio que alerte sobre su posible fuga al extranjero". Añade que el propio fiscal que originariamente solicitó su prisión provisional ya dijo que “no es lo que más le preocupa”.

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Adriana Cabezas

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Sobre el posible riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba, el auto recuerda que Espinosa lleva en prisión desde el 16 de febrero de 2023. “Tiempo suficiente para que los investigadores hayan podido asegurar convenientemente esas aludidas fuentes de prueba”, señala.

No obstante, el magistrado Calama le impone comparecer cada quince días en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional. Y advierte: "El incumplimiento de estas medidas podría dar lugar a la agravación de las mismas".

El juez atiende así a la petición de libertad que solicitó la defensa del general Espinosa, a la que se había opuesto la Fiscalía Europea. Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, el Ministerio Público sí veía riesgo de fuga y peligro de destrucción de pruebas. Por un lado, por la gravedad de los hechos que se le imputan y las penas previstas; por otro, porque aún faltan diligencias importantes por practicar para esclarecer si en los presuntos amaños participaron más personas.

El general Espinosa fue enviado a prisión provisional el pasado 16 de febrero, dos días después de ser detenido bajo sospecha de delitos de cohecho, tráfico de influencias e incluso grupo criminal en una trama de mordidas dirigidas a cargos públicos a cambio de contratos, adjudicaciones o exención de sanciones, que funcionaba a través de una figura central, el mediador o conseguidor Antonio Navarro Tacoronte. Entre los investigados están el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -Tito Berni- y su sobrino y exdirector general de Ganadería en Canarias, Taishet Fuentes.

Durante las pesquisas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife afloró que uno de los empresarios investigado por pagar a la trama, José Suárez Esteve, había recibido cuatro adjudicaciones para suministro de drones y sistemas de detección en el proyecto que comandaba el general en el centro de África, GAR-SI Sahel, por importe de 263.000 euros, a lo largo de 2020 y 2021. Y ambos se conocían ya antes de aquellas fechas.

Ese proyecto, dedicado a dar formación a las policías de los países del Sahel a fin de mejorar su seguridad y la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración ilegal, está sufragado con fondos de la Comisión Europea que administra la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), una entidad estatal cuyo patronato preside en la actualidad la ministra Nadia Calviño.

La juez del caso decidió a resultas enviar esta parte de la investigación a la Fiscalía Europea, que tiene la competencia sobre los delitos que afecten al patrimonio comunitario. A mediados de abril asumió el caso, así como la responsabilidad sobre la situación de prisión provisional del general Espinosa, después de que la instructora le comunicase que ya habían aflorado los primeros indicios de amaños en al menos dos de esos cuatro contratos.

En concreto, en un oficio adelantado por ABC, la instructora explicaba a los fiscales que la Guardia Civil estaba cruzando los contratos con los correos, los audios y los mensajes intervenidos en la investigación y a falta de un informe definitivo que todavía está en elaboración, habían detectado ya evidencias de haber «sido elaborados ad hoc para ser adjudicados a medida al empresario Suárez Esteve».

«Se han recabado indicios sobrados de la relación directa con el general, tales como sus reuniones, correos y contactos, etc, para ser adjudicado el contrato, una vez que ha sido gestionado entre ellos y han delimitado su contenido con información preferente, definiendo el pliego de condiciones particulares para ser específicamente adjudicado a este empresario y no al resto», decía aquel oficio.

La Fiscalía Europea entendió que había indicios de que «irregularidades» que afectan a los «intereses financieros» de la Unión Europea y asumió la investigación tanto sobre los contratos en sí como sobre las comisiones que, según el decreto que envió a la Audiencia Nacional, presume que pudieron mediar en la adjudicación para la compra de los drones.

Para la defensa, en cualquier caso habían decaído las razones para mantener en la cárcel al mando de la Guardia Civil, pues además de estar retirado, se ha convertido en un «cadáver social» con una cuestionable capacidad de influencia dada la difusión que ha tenido el caso Mediador. Negaba igualmente que concurrieran riesgo de fuga y de reiteración delictiva, que tampoco apreció la instructora cuando le envió a preventiva.

En su última petición de libertad, instada ya en la Audiencia Nacional, recordaba que se le envió a prisión para salvaguardar una batería de diligencias que ya se han practicado y subrayaba que habida cuenta de los hechos objeto de la investigación, el horizonte penal que afrontaría de confirmarse los indicios tampoco justificaría una reclusión prolongada con carácter preventivo.