La Audiencia Nacional condena a 26 años a la etarra Laia por el asesinato del empresario José María Korta

La sentencia, notificada este miércoles, es fruto de un juicio en el que ella reconoció su participación en los hechos y la Fiscalía rebajó levemente su petición de 28 años de cárcel hasta una condena de 25 años por homicidio terrorista y 9 meses por falsedad documental, la de las placas del vehículo robado que cargaron de explosivos.

La Sala en cualquier cado da por probado que formaba parte del comando Buruntza cuando en agosto del año 2000, decidieron matar al que era presidente de la Asociación de empresarios de Guipúzcoa y dueño de la empresa Korta, sirviéndose de datos para localizarle que les había proporcionado la propia organización terrorista.

El 8 de agosto del año 2000 habían preparado un coche cargado de explosivos estacionado junto al vehículo del empresario, frente a la sede de su negocio. Lo hicieron explotar con un mando a distancia sobre mediodía, cuando él salía del trabajo. Ella reconoció todo esto ante el tribunal casi por asentimiento. «Bai», es lo único que dijo en el juicio.

Para los magistrados, la prueba practicada en la vista pone de manifiesto la participación de Ainhoa García Montero en el atentado terrorista, teniendo cuenta el informe policial de Inteligencia, «de todo punto minucioso y concienzudo en el examen de los elementos tenidos en cuenta, interrelacionándolos» y dada la admisión de la acusada de su implicación en los hechos.

Tal y como informó este diario, Laia tampoco tiene mucho que perder, porque las condenas que ya acumula por delitos como el libro-bomba que hirió de gravedad en 2001 al periodista Gorka Landaburu, o el coche bomba que aquel mismo año mató a dos trabajadores de la empresa Elektra, en San Sebastián, cuando el objetivo era el concejal del PSE-EE Iñaki Dubrueil, ya le garantizan que alcanza el máximo de cumplimiento de treinta años en prisión. Esta nueva condena no le supondría así más tiempo entre rejas, mientras el reconocimiento de los hechos le puede servir a futuro para solicitar beneficios penitenciarios.

Además, cumplió condena en Francia y podrá pedir que se le descuente lo penado allí ahora que, reforma legislativa mediante, no hay límite temporal para acogerse a esta convalidación.